En estas últimas semanas, tan pródigas en acontecimiento, en nuestro país y en el mundo entero se han hecho espacio las noticias acerca de la serie de violaciones y homicidios de menores ocurrida en Alto Hospicio.

Lo rabia, la desesperación y el rencor de los familiares de las víctimas y habitantes de ese sector de Iquique se han manifestado en declaraciones y actitudes de inusitada violencia, explicables por la tremenda carga emocional que soportan.

Las autoridades políticas y de la policía han expresado su pesar cuando no su contrición, a veces en forma dramática, pero tal vez el principal involucrado, el Poder Judicial, ha señalado por boca del presidente de la Corte Suprema una opinión que ni los ahogados ni la opinion publica podrían aceptar sin graves reservas. En efecto, ha declarado que «a los jueces no les corresponde investigar, porque esa es labor de la policia».

No es lo que se esperaba de la mayor autoridad judicial, ni esa opinión se aviene con el derecho vigente en materia procesal penal en la Primera Región. En efecto, la nueva reforma procesal, en las regiones que se aplica, entrega la investigación de los delitos a los fiscales y el juzgarniento de los delincuentes a los jueces, dicho esto en forma muy elemental, pero en Iquique aún rige el antiguo Código de Procedimiento Penal que obliga a los jueces a investigar los delitos que se cometen en su jurisdicción.

Tal obligación se desprende de los artículos 81 y 91 del Código de Procedimiento Penal y. sobre todo, del 105. que dispone: «Sin esperar denuncia ni querella deberá el juez competente instruir sumario de oficio siempre que, por conocimiento personal, por avisos confidenciales, por notoriedad o por cualquier otro medio llegue a su noticia la perpetración de un crimen o simple delito de los que producen acción pública». No es necesario explicar que estos delitos fueron de pública notoriedad y que el juez del crimen de turno debió instruir sumario aun sin la denuncia de los parientes de las jóvenes víctimas.

Continua, ahora, el artículo 106 expresando que. en la resolución con que se inicia el proceso, el juez debe insertar «todas las circunstancias que puedan influir en su calificación (del delito) o suministrar datos para descubrir a los delincuentes…» es decir, con esta resolución el Juez inicia su investigación para la cual cuenta con el apoyo de la policía y «mandará practicar las primeras diligencias para la comprobación del delito». Es obvio que tales diligencias debe señalarlas el propio juez, sin perjuicio de realizar otras por sí mismo, como es la inspección personal de las casas donde moraban las niñas. en donde habría podido advertir tempranamente que ninguna había llevado, en el presunto abandono de hogar. ni un solo objeto de su pertenencia que no correspondiera a los necesarios para concurrir al colegio.

En artículos publicados en este mismo Diario. hernis hecho el elogio de algunos jueces que conocimos a lo largo de nuestros 30 años de servicios judiciales y que se atrevieron a investigar donde la policía había fracasado, y a veces con notable éxito. a pesar del recargo de trabajo que ya existía en los tribunales, pero que supieron discernir entre lo grave y urgente y lo que podía esperar.

Esos jueces cumplieron cabalmente con sus obligaciones sin recibir elogios de sus superiores ni de la opinión pública y ni siquiera calificaciones sobresalientes, por la ineficacia de la costumbre vigente en la época que se limitaba a informar respecto de los buenos y de los excelentes magistrados, solamente que su conducta y labor «no merecía observaciones».

Creemos que el ministro en visita designado no se limitará a instruir los procesos acumulados correspondientes a los diferentes delitos, sino que examinará los sumarios para apreciar e informar acerca de la diligencia de los tres o cuatro jueces que intervinieron en estos casos para tener presente su informe en las calificaciones correspondientes al personal judicial el próximo año.

En estos momentos difíciles en lo económico y en lo social, es un imperativo que todos los poderes públicos demuestren a la ciudadanía que se están desempeñando con absoluta transparencia, con gran dedicación y, ademas, con eficacia. Esto vale para el Ejecutivo, que a pesar de las encuestas favorables recibe ataques por diversas fallas o errores, el menor de los cuales no es Alto Hospicio, y por el exceso de «gastos reservados» de los que no se rinde cuenta: para el Legislativo, el mas afectado por los vaivenes políticos, porque muchas veces, en obsequio de intereses de partido. posterga proyectos de interés nacional, y para el Poder judicial. del que se reconoce su honestidad y probidad, pero al que se critica la lentitud de los juicios por causas a veces ajenas a las leyes. atribuibles a decretos dilatorios o medidas innecesarias que postergan las decisiones. Ojalá que lo ocurrido en Alto Hoapicio sea ocasión propicia para que este poder del Estado asuma sus funciones a cabalidad y tenga presente que peor que el decir actual que la justicia tarda pero llega. sería pensar que la justicia. voluntariamente, renuncia al ejercicio de funciones que le son propias.

Mario Alegría Alegría Abogado

Publicado en El Mercurio de Valparaíso el 29 de Octubre de 2001

El mes de junio nos ha dejado el sabor de los viejos inviernos en que parecían abatirse todos los males sobre Valparaíso: los temporales que arrojaban los veleros a las rocas, cuando no existía el molo de abrigo y, que, años más tarde eran aun capaces de volcar el dique con un barco dentro, y nos dejaban ver al acorazado «Latorre» con sus treinta y dos mil toneladas de desplazamiento amarrado al sitio tres del puerto, donde teóricamente nunca habría podido fondear por su calado.

Las calles del plan se llenaban con la tierra y basura de las quebradas y de los cauces, impotentes para conducir las lluvias torrenciales que acompañaban al temporal y su despeje tornaba días con los escasos recursos técnicos de la época.

Naves menores hundidas y barcos mayores «capeando el temporal», era el espectáculo del puerto, en esos días invernales, para los que teníamos la suerte de vivir en alguno de los cerros porteños, verdaderos balcones de Valparaíso.

Esto es lo cómico que alcanzábamos a ver hace medio siglo, quienes vivíamos en Valparaíso ya que de lo que pasaba en esos momentos en el resto del país, nos llegaban tardías y escasas noticias que traía el teléfono o el telégrafo cuando se restablecían las comunicaciones, varios días después del temporal.

Hoy, en cambio, la televisión ha traído al interior de nuestras casas, el espectáculo de la tragedia de los chilenos, generalmente de los más modestos que sufren, con sus familias, el azote inclemente de la naturaleza en estos casos.

Se nos conduce al interior de las casas inundadas, a los albergues, donde alcanzamos a divisar la preparación de la comida indispensable para sobrevivir, también un gran hacinamiento e incomodidad, pero asimismo el ánimo solidario tan propio de nuestra población.

Vemos las nuevas construcciones de viviendas sociales inundadas por el agua, que penetra por los aleros mal calculados y por los muros sin impermeabilizar y dentro (le ellas a niños y adultos enfermos. Y lo que se ve en la ciudad se extiende con mayor crudeza, por la interrupción (le los caminos y por las inundaciones, al campo casi a lo largo de todo el territorio.

En muchos lugares hemos observado inundaciones a través de la televisión, pero las escenas en nuestro país se asemejan a las de la India, de Pakistán, quizás de Haití o de los países más pobres del Africa, es decir a aquéllos con ingresos per cápita inferiores a US$ 1.000, pero no parecen corresponder al país que orgullosamente exhibió el año pasado el logro estadístico de más de US$ 5.100 por habitante.

Hemos visto la miseria del decil de menores ingresos de Chile, el triste interior de sus refugios de madera y cartón con cubierta de cualquier cosa, especialmente de las populares «fonolitas» que no resisten la tentación de viajar con el temporal.

Y hemos visto también a mapuches y pehuenches en los cerros nevados del sur, aislados y buscando su sustento en sus alimentos tradicionales que les proporciona el bosque especialmente.

Es el Chile que no conocen los turistas pero que tampoco reconocen muchos chilenos que no quieren aceptar que somos un país de abismantes diferencias, desunido racialmente, porque aimaras, mapuches, pehuenches y polinésicos, sin contar con las mezclas extracontinentales, nos constituyen en un país multirracial dividido también por diferencias culturales, sociales, religiosas y económicas tan evidentes como se nos muestra a cada rato.

La diversidad puede ser un estímulo para sobresalir y la pobreza, en ciertos estratos sociales, puede constituir el impulso para trabajar esforzadamente por superarla.

Pero las diferencias que ahora observamos y que dividen a Chile, indican que las cifras macroeconómicas no son expresión del bienestar nacional sino de un estrato social capaz de consumir como las clases más adineradas de los países desarrollados, pero que no representan a esas minorías ocultas que nos mostró la televisión durante varios días.

Al observar las condiciones de vida de esos chilenos, parece claro que el remedio para ellos no se encuentra en un nuevo departamento del Serviú esta vez, debidamente  impermeabilizado y con buen techo. Lo que vimos nos lleva a concluir que la ayuda debe ir mucho más allá: mejores ingresos, más salud y, sobre todo, más educación y capacitación para aumentar su productividad en términos compatibles con las exigencias del desarrollo económicos, para que no continúen en su actual condición de marginalidad.

En estos días ha quedado en evidencia que la verdadera unidad nacional solamente se logrará cuando, asumiendo la verdad, emprendamos como principal tarea política y social, una equitativa distribución de los frutos del progreso que impida que en el futuro, los temporales nos vuelvan a exponer al mundo… tal como somos… el día de hoy.

                                                            Mario Alegría Alegría

Publicado en El Mercurio de Valparaíso el 3 de Julio de 1997

En nota publicada por «El Mercurio» hace algún tiempo me referí a los contribuyentes chilenos, a aquéllos que a veces resienten sus pagos al Fisco temiendo la mala inversión que éste hace generalmente de los caudales públicos y que, por el contrario, dan con mucha generosidad cuando se trata de contribuir al desarrollo de tares solidarias cuyos logros están a la vista.

Ahora quisiera referirme a una categoría de contribuyentes que nunca, con seguridad pagaron impuestos, pero que con su obra ayudaron en forma silenciosa y abnegada a crear el Chile actual, cuyas cifras macroeconómicas enorgullecen a economistas y administradores del gobierno.

En esa nota me referí también a servicios que el Estado no puede preterir, a riesgo de desnaturalizar su función básica de proveer al bien común.

La educación, función cuya importancia se advierte desde los primeros años de nuestra independencia y salud, que por mucho tipo se entregó a la beneficencia privada y despues a la beneficencia pública, para traspasarse a contar de las leyes 4054 y 4055 a la Caja de Seguro Obrero Obligatorio y a la Caja de Accidentes del Trabajo.

En el cumplimiento de esas funciones irrenunciables del Estado, muchos chilenos y extranjeros contribuyeron, con su sacrificio, con su ejemplo de entrega y honestidad, a consolidar nuestro país tal como ahora lo conocemos.

Chile tuvo una larga tradición de servicio público desde el tiempo de Portales, en que se ordenó la administración no sobre bases teóricas sino fundadas en el buen criterio y en el sometimiento a la ley.

Cierto es también que esa administración correspondió a gobiernos que se forjaron en la tradición portaliana: ¡respetados, porque fueron respetables…!

Cuando se tiene la edad del cronista, y se ha vivido bajo gobiernos social demócratas, socialistas, autoritarios y en democracias formales en lo político y libremercadista en lo económico, es posible tener una visión del país real, ese que escapa al estudio de las encuestas y de las estadísticas.

En el Chile de los año 30 y 40, la educación primaria (de seis años), la secundaria (seis años) y la Universitaria eran absolutamente gratuitas y los profesores formados en las Escuelas Normales y en el Instituto Pedagógico, habían consolidado la enseñanza pública en una condición privilegiada en América Latina

Esos profesores tenían sueldos modestos aunnque suficientes para vivir con razonable dignidad y creemos que los que conocimos en las escuelas públicas y en el Liceo Fiscal al que asistimos, asumieron su tarea con seriedad, con mucho orgullo y sintiendo que contribuían a formar un país mejor y que cumplieron sus tareas con admirable profesionalismo y dedicación, como verdaderos contribuyentes al bienestar nacional, aunque por sus menguadas rentas pagaran muy poco en impuestos.

Son muchos los nombres que debieran figurar en esta nota, pero la lista agobiaría al lector, que si tiene más de 50 años, tendrá ya la suya confeccionada.

Lo mismo podría decirse de los médicos de los servicios públicos gratuitos de esos años, modestamente pagados, sin bonos de ISAPRES, y a los más de SERMENA que también contribuyeron a hacer posible el país en que hoy vivimos. Mi lista también sería muy larga y en obsequio al espacio y a la modestia de los que debería nombrar y que aún viven, solamente recordaré al doctor Oscar Navarrete Sem, único médico general en el Puerto de Corral, en los años 40, que servía a toda la población sin preguntar si podían pagar sus servicios y que, ya jubilado, y a los 80 años de edad aún seguía atendiendo en los consultorios periféricos de Viña del Mar. El pediatra de mis hijos y el médico de familia que nos atiende por años y de los que me enorgullezco que me consideren como amigo, son aún testigos lúcidos y válidos de lo que hace en esencia al «buen contribuyente».

No quiero referirme a los héroes de nuestras gloriosas gestas militares porque ellos ya gozan del reconocimiento público, sino a muchos abnegados funcionarios del Estado que como los mejores contribuyentes que Chile ha tenido, sirvieron a nuestro país con una mística y entrega que hoy a veces se echa de menos en las administraciones recientes.

Fuera de la función pública, existieron también millones de chilenos que hicieron patria poblando las tierras inhóspitas del desierto de Atacama en el Norte y de la Patagonia en el Sur, que sin apoyo del Estado, regaron con su sudor y, a veces con su sangre, la misma tierra que un politico contemporáneo no trepidó en exponer en un arbitraje mal preparado por tratarse de «pedacitos insignificantes» del patrimonio nacional.

Seguramente todos estos compatriotas nunca figuraron en las listas de «mayores contribuyentes» que manejaron las elecciones durante la vigencia de la Constitución de 1833, pero, sin duda fueron y serán: los mejores contribuyentes que pudo tener nuestro país.

                                                                               Mario Alegría Alegría

Publicado en El Mercurio de Valparaíso el 5 de Enero de 1996