Leyendo hace unos días el listado de las indemnizaciones pagadas a algunos altos funcionarios de empresas públicas de la región, al término voluntario o no de sus funciones me vinieron a la mente algunos ejemplos del pasado, talvez debido a mi afición por la historia. Así desfilaron: Portales, quien, desprovisto de fortuna y acosado por las deudas, usó su sueldo de Ministro para beneficiar a desvalidos, incluso a los afectados por su política autoritaria, a Manuel Montt y Anibal Pinto, que al expirar sus mandatos presidenciales debieron trabajar, a veces modestamente para subsistir.

Pero como también la historia enseña que los hechos hay que ubicarlos en su contexto, concluí que el sacrificio por la causa pública ya solo podría ser objeto de risa, si no de sarcasmo en el Chile del 2000.

Sin embargo, tomando pie en la teoría de la espiral histórica y de las vueltas de ésta, me alejé hasta los siglos XV y XVI, con la España de la Reconquista para encontrarme con Gonzalo Fernández de Córdova, más conocido como «el Gran Capitán» por sus famosas «cuentas» al termino de sus funciones en 1506 por decisión del rey Fernando. Las razones para la «renuncia no voluntaria» del Gran Capitán fue el abuso que hizo de sus funciones repartiendo ciudades y estados entre sus oficiales y beneficios eclesiásticos. El Gran Capitán para ajustar sus cuentas incluyó una glosa exorbitante por «picos, palas y azadones» con lo cual, en el papel por lo menos se avinieron con la aritmética.

Esa glosa me pareció semejante a los casos en comento en que se pago a uno de los altos funcionarios la suma de más de 68 millones de pesos por compensación de feriados», talvez, para ajustar las cuentas.

Se dice que las rentas e indemnizaciones en las empresas públicas corresponden a las del mercado; pero la verdad es que en las más grandes empresas privadas de Chile, a los ejecutivos de alto rango no se les pagan ni horas extraordinarias, ni se le compensa los feriados o vacaciones y más bien se mira con cierta desconfianza que no se haga uso en ocasión y forma oportuna de ellos.

Pero, al parecer, en algunas empresas públicas, los ejecutivos trabajaron todos los feriados, no tuvieron vacaciones ni descanso, ya que no de otro modo se explican 68 millones de pesos de «compensación» que es lo que un chileno modesto gana en toda una vida de trabajo y que habría bastado para construir unas 25 casas o departamentos al Serviu para dar techo a otras tantas familias.

Pero, como lo excepcional es trabajar los feriados creemos que el Directorio actual y los Gerentes de las empresas que pagaron esas «compensaciones» deberán investigar si corresponden a días efectivamente trabajados con el examen los documentos suscritos en esos días o con las actas de reuniones que se habrían celebrado en tales feriados.

Si efectivamente los feriados se trabajaron, los beneficiados con el pago podrán acreditarlo en forma legal, es decir como corresponde o habrá que concluir que existió lo que se denomina un «pago de lo no debido» y que la empresa pública pueden accionar para que se devuelvan encontrándose en plazo para hacerlo, ya que por las fechas de los finiquitos pagos las acciones no se encuentran prescritas. De esta manera, el Fisco recuperará sumas considerables de dinero para incrementar los ingresos «no tributarios» del presupuesto nacional.

Si ahora se han hecho públicos estos actos que desprestigian a algunos personajes de grande o mediana figuración política, parece la oportunidad para esclarecer absolutamente lo ocurrido aplicando los partidos las sanciones ejemplarizadoras que correspondan si se trata de militantes registrados. Además, aprovechando la actual iniciativa para legislar respecto del manejo de las empresas públicas, deberán prohibirse en forma expresa, ciertas formas de autocontratación que permitió a los propios gerentes subir sus sueldos y sobre todo, que los ejecutivos que, negocian los contratos colectivos puedan verse favorecidos con los mismos beneficios que se acuerden para el resto de los trabajadores, ya que es obvio que carecerán, como hasta ahora han carecido, de imparcialidad para negar peticiones que aunque excesivas podrían, en su momento, favorecerlos.

Para que la clase política se reconcilie con el Chile real, con el que trabaja y se esfuerza, sin granjerías injustas se pide al Gobierno y a las empresas públicas que retribuyan a sus funcionarios con equidad, incluso con cierta generosidad, pero sin abusos, ya que, es definitiva esos pagos fueron recursos que se sustrajeron al erario público, es decir, a todos los chilenos. En efecto, no pueden excusarse quienes autorizaron los pagos con que no se afectó el patrimonio fiscal con estas indemnizaciones, sino que, la pérdida la hicieron empresas fiscales monopólicas, porque lo cierto es que las utilidades, si las hubiere, conforman parte de los ingresos «no tributarios» del presupuesto fiscal.

Es la gran oportunidad para que los políticos se reivindiquen, expulsando del partido a los que aprovecharon en su beneficio el patrimonio de las empresas públicas y, llevándolos, en su caso, ante los tribunales si existió pago de lo no debido en sus indemnizaciones. De esta manera, talvez los jóvenes empezarán a reconciliarse con una clase política, que no solamente les mezquina la participación sino que en estos últimos años ha permitido que se debilite la honestidad que fue su principal sustento.

Mario Alegría Alegría.

Publicado el 23 de Noviembre de 2000

En un mundo gobernado por los economistas y por el poder económico que ha desplazado al poder politico, creo que es bueno que el común de la gente que no ostenta siquiera un pregrado en administración o economía, trate de explicarse el endiosamiento del mercado como asignador de recursos y su responsabilidad en las crisis del mundo actual.

En efecto, ahora que todo el espectro político en nuestro país, con excepción de la izquierda comunista, rinde pleitesía al mercado con mayor o menor entusiasmo, vale la pena reflexionar si éste asignador de recursos ha funcionado en beneficio de las personas. Cierto es que, para la teoría económica existe un valor económico absolutamente independiente de los valores morales, pero parece propio que la reflexión del común de las personas incorpore estos últimos para evaluar el sustento social de aquélla.

Tomamos para nuestro análisis profano algo que a nuestro país toca muy de cerca, la minería del cobre. En los últimos quince años se han invertido ingentes capitales especialmente venidos del extranjero para explotar minerales de baja ley que, gracias a las actuales técnicas, producirían cobre a costos, en algunos casos apenas superiores a 40 centavos de dólar la libra, cuando CODELCO, con dificultades logra en promedio hacerlo a unos 60 centavos, después de muchos esfuerzos de racionalización y cuando la pequeña minería, tiene un costo de equilibrio de aproximadamente 95 centavos por libra de cobre fino.

Según los defensores del sistema económico en boga, el mercado asigna los recursos en la mejor forma posible, utilizando, obviamente la información existente sobre el consumo actual y considerando las expectativas del consumo futuro en base a múltiples variables. Como los grandes proyectos se desarrollan a lo largo de varios años, fue posible determinar cuál sería la producción de cobre y su probable consumo a medida que los grandes yacimientos entraran en producción.

De esta forma, se supo perfectamente en los círculos financieros que desde 1998 existiría una sobreproducción la que, debido a las propias leyes del mercado, bajaría los precios y que este mismo mercado seguiría sobre abastecido hasta más allá del año 2.010, aún cuando la economía mundial siguiera creciendo al ritmo del año 1997. Es decir, el mercado, no sólo se anticipó a la demanda sino que voluntariamente sobrepasó el abastecimiento a sabiendas que bajarían los precios y que solamente subsistirían los productores «eficientes» que produjeran con costos muy bajos, porque todos los «productores marginales» tendrían que cerrar sus minas.

La crisis asiática no ha hecho más que adelantar los plazos y agravar la situación para esos «productores marginales» entre los que se cuenta la pequeña y a poco más, la mediana minería chilena. Si el resultado que algunos produzcan barato son miles de cesantes no es un problema que preocupe al mercado y si la crisis se agrava y obliga a cerrar las minas «caras» de CODELCO, aumentando la cesantía y disminuyendo aún más los recursos fiscales, tampoco estos problemas quitan el sueño a quienes manejan el mercado.

Cierto es que nuestro país, con su débil economía, no estaba en situación de negarse a recibir la inversión en la minería del cobre, pero tiempo es que, los que pensamos que las personas son más importantes que las cosas, por lo menos, nos atrevamos a calificar de pernicioso un sistema económico que no asuma el destino del hombre como primera prioridad.

Esta posición será tanto más necesaria cuando muchos economistas advierten sobre una agudización de la crisis, como consecuencia de una eventual recesión en Estados Unidos y de una segura recesión en Gran Bretaña.

En efecto, hace algunos días «The Economist» analiza tres factores que siempre han estado presentes en las crisis económicas de este siglo y de las cuales, al menos dos se advierten en la economía de los países señalados. No nos referiremos sino a uno de ellos que nos parece el más relevante y que se observa en la economía de ambos países. El mercado» se entusiasmó» hace seis o siete años con el aumento de las ventas de las grandes corporaciones y éstas hicieron enormes inversiones para bajar sus costos y aumentar su productividad, conducta que se ha transformado en verdadero paradigma no solamente en esos países sino en economías pequeñas como la de nuestro país. Invertir para producir más y a menor costo, ya que el consumo seguirá creciendo.

El resultado ya ha comenzado a observarse en ambos países, los stocks sin vender se han acumulado y en el último trimestre del año pasado y en el primer trimestre de este año, las utilidades de las grandes empresas han bajado significativamente. Hasta cuándo podrán acumular existencias?. Bajarán su producción y despedirán empleados?. Si eso ocurre en Estados Unidos y Gran Bretaña, que hasta ahora sirven de soporte al consumo de las materias primas junto con la Comunidad Europea ¿que efectos tendría en el intercambio mundial?.

Si así sucediere, el pronóstico no podría ser más sombrío, pero si de esta crisis resultara un acuerdo mundial para un mundo efectivamente solidario en que el mercado no sea un Dios, sino solamente uno de los muchos factores de la economía, quizás valdría la pena que los malos presagios se cumplieran.

Así tal vez se morigere el «capitalismo salvaje» denunciado por la Iglesia Católica tanto como por el humanismo laico, para dar lugar a un sistema económico que privilegie la calidad de vida de la humanidad, antes que el crecimiento descontrolado de la productividad destinada a aumentar las utilidades de pocos antes que el bienestar de la mayoría.

MARIO ALEGRIA ALEGRIA

El 26 de Julio del año pasado, Carabineros cursó un parte a un chofer que conducía un taxi con licencia clase B, porque, de haberse encontrado en servicio como vehículo de locomoción colectiva, el conductor debía estar en posesión de una licencia clase A.

De nada sirvió que el conductor argumentara que el vehículo era de su padre quien se lo había prestado para llevarlo de paseo a el mismo y a su novia y que estaba fuera de recorrido, y se denunció el hecho al Juzgado del Crimen correspondiente, porque dicha infracción dejó de ser una falta para transformarse en delito con la nueva ley de tránsito.

Este cambió legislativo ya resulta de por sí discutible: ¿Era necesario agregar al recargo de trabajo de los Juzgados del Crimen el conocimiento de un asunto que no parece ser más grave que el exceso de velocidad o pasar con luz roja en un cruce? Lo cierto es que, en éste como en otros casos, el legislador se preocupó solamente de la defensa del bien jurídico protegido, es decir la integridad fisica de los pasajeros de la movilización colectiva y, en absoluto, de sus resultados procesales y prácticos.

Veamos cuales fueron estos. El denunciado debió concurrir a un Juzgado del Crimen a 40 kilómetros de su domicilio y obtener un permiso provisorio para conducir mensual, bimensual o trimestral según fuere la voluntad del actuario a cargo del proceso. Hasta ahora son cinco permisos que lo han obligado a perder otros tantos días de trabajo.

Como el proceso se dilatara tanto, se trató el problema en una audiencia con el juez, hace más de un mes, quien expresó que era necesario hacer concurrir al tribunal a las personas que iban en el automóvil para que declararan acerca de la veracidad de lo expuesto por el inculpado. Esta exigencia resultaba del todo lógica y, a los pocos días el denunciado se presentó al tribunal con un escrito y sus dos testigos pidiendo que fueran interrogados. Hay que hacer presente que se cuidó especialmente que el Juzgado no estuviera de turno para llevarlos a declarar evitando hacerlos concurrir cuando existiera exceso de trabajo. Se trataba que el actuario usara media hora de su tiempo para tomar un par de cortas declaraciones. Sin embargo, no se acogió la petición y se dijo al interesado «que se citaría a sus testigos más adelante», lo que hasta ahora no ocurre.

A los pocos días, se dejó en casa del inculpado una citación para concurrir al cuartel de Investigaciones de la ciudad donde se sustancia el juicio. Nuevamente mi consejo fue que ahorrara su tiempo y el de sus testigos y que los llevara con él cuando fuere a Investigaciones. El día que concurrió, citado a los 10:00 hrs. de la mañana se le atendió recién a las 12:30 horas y, el detective encargado se negó a tomar declaraciones a los testigos de inmediato, diciéndoles que deberían esperar a que se les citase.

Hasta este momento el denunciado y sus testigos han recorrido cientos de kilómetros y perdido muchos días de trabajo, sin que hasta ahora sepan cuando terminará un procedimiento que, en el Juzgado de Policía Local, se habría demorado un mes, incluyendo la prueba testimonial del inculpado y del carabinero que cursó el parte.

Explicación para lo ocurrido: ninguna fácil, como no sea el peso de una larguisima rutina en la tramitación de los procesos y, esta afirmación, se apoya en la experiencia de 30 años de servicios judiciales de quien escribe esta nota, de los cuales más de quince los cumplió en cargos subalternos y del escalafón primario en la justicia del crimen. En efecto, tal experiencia le indica que al actuario y al detective de marras le habrían bastado 30 minutos para recibir las declaraciones de los dos testigos sin hacerlos perder otro día de trabajo y recorrer, cada vez, ochenta kilómetros. Además fácil es observar, incluso para quien no tenga ninguna experiencia judicial, que un «delito» de esta naturaleza no requiere una orden especial para que el servicio de Investigaciones ubique al hechor o las pruebas. ya que uno está individualizado y los testigos al alcance de la mano…

¿Qué opinión de la justicia tendrán ahora las personas involucradas?

Esta introducción un poco larga conduce al meollo de la cuestión: ¿Cómo será la justicia criminal cuando se haya incorporado a ella la institución de los Fiscales?

Ninguna duda me cabe respecto de la necesidad de pone término a la dualidad actual del juez instructor y sentenciador y del estudio acucioso que se ha hecho del actual proyecto de reforma del Código de Procedimiento Penal que se debate en el Congreso, avalado por la extraordinaria calificación profesional y académica de quienes lo redactaron pero, sí que la tengo de su aplicación práctica.

En efecto, ella supone, a mi juicio, dos requisitos esenciales, sin los cuales estará necesariamente destinada a ser otra onerosa demostración de buena voluntad del legislador como tantos proyectos frustrados en la práctica.

Se necesita que los fiscales estén convencidos que el trabajó de tales no será posible hacerlo desde el escritorio, sino investigando directamente los hechos con imaginación y perseverancia a partir del momento que se pongan en su conocimiento. No más ordenes telefónicas de «levantar el cadáver», ni más allanamientos sin su presencia y nunca más interrogatorios a cargo de empleados subalternos. Además se requiere de una policía judicial sujeta solamente a las ordenes de la Fiscalía Nacional, calificada por ésta y contratada de acuerdo con los parámetros que la nueva institución establezca.

Si estos requisitos no se cumplen, lo más probable será que, a poco andar, la opinión pública se pregunte: ¿Más de lo mismo?.

MARIO ALEGRIA ALEGRIA

Publicado en El Mercurio de Valparaíso el 5 de Junio de 1998