Leyendo hace unos días el listado de las indemnizaciones pagadas a algunos altos funcionarios de empresas públicas de la región, al término voluntario o no de sus funciones me vinieron a la mente algunos ejemplos del pasado, talvez debido a mi afición por la historia. Así desfilaron: Portales, quien, desprovisto de fortuna y acosado por las deudas, usó su sueldo de Ministro para beneficiar a desvalidos, incluso a los afectados por su política autoritaria, a Manuel Montt y Anibal Pinto, que al expirar sus mandatos presidenciales debieron trabajar, a veces modestamente para subsistir.
Pero como también la historia enseña que los hechos hay que ubicarlos en su contexto, concluí que el sacrificio por la causa pública ya solo podría ser objeto de risa, si no de sarcasmo en el Chile del 2000.
Sin embargo, tomando pie en la teoría de la espiral histórica y de las vueltas de ésta, me alejé hasta los siglos XV y XVI, con la España de la Reconquista para encontrarme con Gonzalo Fernández de Córdova, más conocido como «el Gran Capitán» por sus famosas «cuentas» al termino de sus funciones en 1506 por decisión del rey Fernando. Las razones para la «renuncia no voluntaria» del Gran Capitán fue el abuso que hizo de sus funciones repartiendo ciudades y estados entre sus oficiales y beneficios eclesiásticos. El Gran Capitán para ajustar sus cuentas incluyó una glosa exorbitante por «picos, palas y azadones» con lo cual, en el papel por lo menos se avinieron con la aritmética.
Esa glosa me pareció semejante a los casos en comento en que se pago a uno de los altos funcionarios la suma de más de 68 millones de pesos por compensación de feriados», talvez, para ajustar las cuentas.
Se dice que las rentas e indemnizaciones en las empresas públicas corresponden a las del mercado; pero la verdad es que en las más grandes empresas privadas de Chile, a los ejecutivos de alto rango no se les pagan ni horas extraordinarias, ni se le compensa los feriados o vacaciones y más bien se mira con cierta desconfianza que no se haga uso en ocasión y forma oportuna de ellos.
Pero, al parecer, en algunas empresas públicas, los ejecutivos trabajaron todos los feriados, no tuvieron vacaciones ni descanso, ya que no de otro modo se explican 68 millones de pesos de «compensación» que es lo que un chileno modesto gana en toda una vida de trabajo y que habría bastado para construir unas 25 casas o departamentos al Serviu para dar techo a otras tantas familias.
Pero, como lo excepcional es trabajar los feriados creemos que el Directorio actual y los Gerentes de las empresas que pagaron esas «compensaciones» deberán investigar si corresponden a días efectivamente trabajados con el examen los documentos suscritos en esos días o con las actas de reuniones que se habrían celebrado en tales feriados.
Si efectivamente los feriados se trabajaron, los beneficiados con el pago podrán acreditarlo en forma legal, es decir como corresponde o habrá que concluir que existió lo que se denomina un «pago de lo no debido» y que la empresa pública pueden accionar para que se devuelvan encontrándose en plazo para hacerlo, ya que por las fechas de los finiquitos pagos las acciones no se encuentran prescritas. De esta manera, el Fisco recuperará sumas considerables de dinero para incrementar los ingresos «no tributarios» del presupuesto nacional.
Si ahora se han hecho públicos estos actos que desprestigian a algunos personajes de grande o mediana figuración política, parece la oportunidad para esclarecer absolutamente lo ocurrido aplicando los partidos las sanciones ejemplarizadoras que correspondan si se trata de militantes registrados. Además, aprovechando la actual iniciativa para legislar respecto del manejo de las empresas públicas, deberán prohibirse en forma expresa, ciertas formas de autocontratación que permitió a los propios gerentes subir sus sueldos y sobre todo, que los ejecutivos que, negocian los contratos colectivos puedan verse favorecidos con los mismos beneficios que se acuerden para el resto de los trabajadores, ya que es obvio que carecerán, como hasta ahora han carecido, de imparcialidad para negar peticiones que aunque excesivas podrían, en su momento, favorecerlos.
Para que la clase política se reconcilie con el Chile real, con el que trabaja y se esfuerza, sin granjerías injustas se pide al Gobierno y a las empresas públicas que retribuyan a sus funcionarios con equidad, incluso con cierta generosidad, pero sin abusos, ya que, es definitiva esos pagos fueron recursos que se sustrajeron al erario público, es decir, a todos los chilenos. En efecto, no pueden excusarse quienes autorizaron los pagos con que no se afectó el patrimonio fiscal con estas indemnizaciones, sino que, la pérdida la hicieron empresas fiscales monopólicas, porque lo cierto es que las utilidades, si las hubiere, conforman parte de los ingresos «no tributarios» del presupuesto fiscal.
Es la gran oportunidad para que los políticos se reivindiquen, expulsando del partido a los que aprovecharon en su beneficio el patrimonio de las empresas públicas y, llevándolos, en su caso, ante los tribunales si existió pago de lo no debido en sus indemnizaciones. De esta manera, talvez los jóvenes empezarán a reconciliarse con una clase política, que no solamente les mezquina la participación sino que en estos últimos años ha permitido que se debilite la honestidad que fue su principal sustento.
Mario Alegría Alegría.
Publicado el 23 de Noviembre de 2000