Hace unos días, el profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso y ex-rector, Agustín Squella, se dirigió a los alumnos de la Escuela de Arquitectura de la misma universidad, postulando el derecho a la vivienda como uno de los que debieran consagrarse como uno de los derechos humanos, según las nuevas orientaciones de la disciplina.

Esta noticia me trajo a la memoria a antigua frase publicitaria que se usó en la campaña presidencial de don Pedro Aguirre Cerda en 1938: «Pan, techo y abrigo», aún antes que existiera la Organización de las Naciones Unidas y las Convenciones Internacionales sobre los Derechos Humanos, y las declaraciones al respecto, cuyos orígenes se encuentran hace más de dos siglos, en la Revolución Francesa.

No es posible concebir hoy un sistema político, en un país democrático en que su Constitución no garantice los derechos humanos básicos, que permita a sus ciudadanos resguardar su dignidad. Pero, a la libertad postulada inicialmente como fundamento básico del sistema constitucional, así como la igualdad ante la ley, modernamente se ha sumado un derecho si no a la igualdad, por lo menos a la solidaridad económica que permita al ciudadano y a su familia tener asegurados, la vivienda, la educación, la salud y el trabajo.

Don Pedro Aguirre Cerda desde el Gobierno procuró, en la medida que los recursos fiscales se lo permitieron, hacer efectivo su slogan: Pan, techo y abrigo. En efecto, la Caja de la Habitación Popular construyó una serie de poblaciones y edificios, algunos de los cuales aún se conservan demostrando su solidez como el que se ubica en la avenida España en nuestra ciudad, iniciando un plan de viviendas sociales que hasta ahora se continúa en el Serviu.

En salud publica se modificó la Ley de Seguro Obrero Obligatorio para aumentar la cobertura de salud de los trabajadores a toda su familia y, poco después, se acogió la iniciativa del Dr. Eduardo Cruz Coke que se transformó en la Ley de Medicina Preventiva. Los remedios producidos especialmente por el Laboratorio Chile, se entregaban gratuitamente a los asegurados en hospitales y consultorios.

Respecto de la Educación, si bien ella no alcanzó la total cobertura deseable, fue de calidad excelente en las escuelas y colegios gratuitos del Estado, en donde se daba desayuno a los alumnos de menores recursos. Las universidades, seguirían siendo casi gratuitas y atendían las necesidades de una población de poco más de 5 millones es decir, un tercio de la actual, con una matrícula de un 10 al 12 por ciento de la actual, que correspondía al desarrollo económico social de la época.

En las escuelas en que estudiaban menores de escasos recursos se repartieron, en 1941, cerca de 80 mil pares de zapatos para los niños que aún concurrían descalzos a clases y la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales levantó escuelas y liceos donde hacían más falta.

En estos momentos en que a nivel mundial se reconocen y resguardan los derechos de los individuos frente al estado y a sistemas económicos que no siempre aseguran una equitativa distribución de la riqueza nacional, parece justo recordar a los gobiernos de un partido político que, a pesar de sus errores en el manejo económico del pals, se anticipó, en forma práctica, a proteger a los más desposeídos.

                                                                       Mario Alegría Alegría

Publicado en El Mercurio de Valparaíso el 20 de Julio de 1999

Dispone el artículo 43 de la Constitución Política de Chile que la Cámara de Diputados está integrada por 120 miembros elegidos por los distritos electorales que establezca la ley de elecciones respectiva y el artículo 45 deI mismo cuerpo legal que el Senado se Integrará con dos senadores elegidos por cada una de las 13 regiones del país y además por diversas personas que hayan desempeñado importantes funciones públicas, los ex Presidentes de la República que lo hayan sido en forma continua por más de seis años, por el solo hecho de haber desempeñado el cargo, tres senadores elegidos por la Corte Suprema, cuatro elegidos por el Consejo de Seguridad Nacional y dos designados por el Presidente de la República.

Ha sido el uso común hablar de «los senadores designados» con relación a todos los que no han obtenido su cargo en una elección popular y, en más de una ocasión, las referencias que se han hecho de ellos han sido francamente peyorativas, como si se tratara de senadores de segunda clase. No es esta la ocasión de recurrir a antecedentes históricos o a la comparación con otros textos constitucionales que consagraron o consagran senados integrados total o parcialmente por personas que desempeñaron elevadas funciones públicas, sino pensar estos cargos comparándolos con los de los parlamentarios elegidos, «con» el voto popular. El uso de la preposición «con», en este caso, es claramente intencionado ya qie pienso que los diputados y senadores elegidos en votación libres e informadas lo son «con» el voto de los ciudadanos siempre, pero, en pocos casos «por» el voto popular.

En efecto, un simple vistazo a hechos muy recientes, sin necesidad de recurrir a ejemplos históricos de larga data nos demuestra que en el actual Congreso muchos de sus miembros también fueron designados, no por la Corte Suprema ni por el Consejo Superior de Defensa Nacional, pero sí por las cúpulas santiaguinas del partido a que pertenecen y de acuerdo con las combinaciones políticas en que actualmente se agrupan los sectores de Gobierno y de Oposición y muchas veces sin consulta siquiera a los organismos regionales de los partidos. ¿Cuántas largas trasnochadas y confusas informaciones precedieron a la inscripción de las listas de candidatos designados por las directivas partidarias? Basta leer los periódicos de 1993, en los meses previos a las elecciones para darse cuenta que la verdadera lucha electoral se dio dentro de los partidos mucho más que en las mesas de votación y que los diversos grupos dentro de los partidos con apelativos relativos a sus cabelleras, a la amplitud de sus abdómenes o a la adhesión a caudillos determinados formaron las únicas fuerzas que designaron a muchísimos de los actuales parlamentarios, presentados a los ciudadanos únicamente para su ratificación.

Esta situación se dará siempre en las democracias representativas en que los partidos políticos son cauces de la opinión del electorado con doctrinas y programas a los que se adhiere Incorporándose como miembros suyos o formando parte de los simpatizantes que, en mucho mayor número forman una «clientela» en el sentido que tuviera el término en Roma Antigua, es decir como un grupo con intereses vinculados a los caudillos del partido aunque no formen parte de éste. Aún en mayor número son los independientes puros cuyos votos se distribuyen, ya sea, por conocimiento personal de los candidatos cuando éstos tienen calidad de «locales» y se han destacado dentro de la comunidad o siguiendo patrones de conducta que no han sido investigados científicamente, que a veces erráticamente los lleva a votar a candidatos de izquierda, de centro, o de derecha para decepción de los cientistas políticos. En otros términos, estos independientes tienen la opción de elegir, pero sólo, entre dos o tres candidatos designados por los partidos y darán su voto para’ no perderlo al que corresponda más cercanamente a sus ideas políticas. Son ellos, en último. término Ios que deciden una elección presidencial y algunas parlamentarias aunque los candidatos designados les sean indiferentes o poco carismáticos o desconocidos.

Es difícil predecir el comportamiento de ese ciudadano anónimo que compone el 90% del electorado que no tiene sino una escasa opción de elegir entre los candidatos designados para favorecer a uno con su voto, generalmente sin conocer su curriculum ni su estatura moral e intelectual. Obviamente se excluye en esta simplificación a ciertos prohombres que existen en cada partido, suficientemente conocidos, y con merecimientos sobrados para desempeñar cualquier cargo público.

Es claro que otra forma de elección que no sea con previa designación de los partidos, resulta imposible de implementar en los estados modernos por el número enorme de personas con derecho a voto, pero es obvio también que algunas modificacionesdel sistema electora! que obligara a los partidos a presentar un número mayor de candidatos en cada circunscripción y facilitara la presentación de independientes, aumentaría las posibilidades de «elegir’ realmente a las personas que parezcan más apropiadas para el desempeño de los cargos parlamentarios en vez de someterse el ciudadano tan absolutamente a las decisiones de los partidos que, a su vez responden a las presiones de los parlamentarios en ejercicio para asegurarse su reelección cualquiera que haya sido su contribución real al bien público.

En efecto, el sistema favorece la reelección de los actuales parlamentarios a veces independientemente de sus méritos, porque dentro del partido se forman grupos de poder que imponen su designación sin dejar espacio a militantes, más meritorios pero con menos poder de manipulación que el detentado por los legisladores en ejercicio a cuyo alrededor se reúnen en forma espontánea o por intereses personales, los militantes del partido. Es raro, pero a veces ocurre también, que el partido, con claro olvido de los méritos de uno de sus parlamentarios brillante, con extenso curriculum, di, plomático, legislativo y académico, le niega un lugar en la lista partidaria para hacer espacio al amigo, o lo que es más grave al pariente del político más influyente del momento, como ocurrió en las últimas elecciones.

El sistema de sufragio proporcional modificado que se propone aunque sus detalles no se conozcan no tendría ningún efecto para corregir el fenómeno de la designación de los candidatos por una minoría dentro de los partidos en conciliábulos santiaguinos cuyos resultados deben acatar las bases del partido en las distintas regiones.

Es decir, se vuelven a arreglar los políticos y a asegurar los escaños parlamentarios para su grupo más intimo o familiar, y todo ello sin intervención de la ciudadanía que los elige, ni siquiera de muchos de los militantes.

Decíamos más arriba que de la descripción general de las designaciones cupulares se salvaban algunos políticos de gran preparación, o conocidos por su labor social o de defensa de los derechos humanos en su momento, los que tuvieron y seguirán teniendo votaciones personales considerables y que apenas requieren el apoyo de la infraestructura del partido para ser electos.

Ellos son como los candidatos del viejo sistema electoral belga de cifra repartidora vigente en el Chile de los 50 en que algunos candidatos conocidos y realmente populares se ubicaban en lugares muy abajo en la lista para que «ayudaran» a la elección de los señores del partido que no tenían los votos necesarios para ser elegidos; pero sí el control cupular.

Es decir, esta situación no es de ahora; pero creo que el segmento político partidista que no alcanza al 10% del universo electoral le debe no sólo una explicación sino una solución al 90 por ciento de los ciudadanos antes de imponer sus «candidatos designados».

Que no piensen que escapa a la mayoría silenciosa, el juego oscuro de las combinaciones de las cúpulas políticas que reparten a su gusto los sillones parlamentarios porque tanto gobierno y oposición saben, casi con precisión, matemática quiénes ganarán y quiénes habrán de perder en la próxima elección.

Que tampoco escapa a ella la forma en que se tuerce el sentido de la ley para establecer residencias de dos años inexistentes para favorecer a candidatos que conocieron «su región» durante la campaña electoral.

Estos años de transición o de «post transición» a la democracia exigen corregir algunas verdades a medias y no valerse de consignas para descalificar a los parlamentarios institucionales, cuando quien impugna su existencia sabe que no lo eligió el pueblo sino que fue igualmente «designado» por un grupo de presión dentro de su partido.

Esperamos una solución de estos políticos actuales con tanta facilidad a la mano para acceder a las bibliotecas y centros de información más importantes del mundo con equipos, programas y servicios pagados por todos los chilenos.

                                                                           Mario Alegría Aegría.

Publicado en El Mercurio de Valparaíso el 10 de Agosto de 1994

Fue ampliamente publicitada la agresión a una profesora de un liceo de Puente Alto, atacada por sus alumnos, amarrada, vejada y amenazada con un arma cortante, la que solamente ha merecido opiniones casi exculpatorias de la ministra de Educación. Vimos y oímos por la televisión a una quinceañera que con una expresión burlona explica que no había amenazado directamente con su cuchillo a la profesora, porque lo esgrimía a cierta distancia; nos pareció que a su grave falta se agregaba un cinismo impropio en una adolescente.

Fácil resulta justificar estos actos en la violencia intrafamiliar o en la que se difunde por los medios que eligen la truculencia para aumentar su audiencia; pero. de esta manera, no se afrontan las verdaderas causas de estos hechos que se repiten con frecuencia en los establecimientos educacionales. Las autoridades no desean adoptar medidas. ni expresar opiniones que puedan provocar escozor a los grupos defensores de los derechos de las minorias, porque les restaría votos y probablemente se les colgaría el sambenito de reaccionarios.

Aterra a las autoridades acostumbradas a los eufemismos hablar de escuelas correccionales para enviar a los estudiantes que maltratan a sus compañeros o a sus maestros, porque temen que se los acuse de discriminación cuando no de violación de la Constitución, que garantiza el derecho a la educación a todos los chilenos.

No creo que la enumeración de los que anoto a continuación sea ni exhaustiva, ni indesmentibie, pero vale la pena hacer un intento de establecer las causas del desorden, de la violencia y de la falta de resultados de la educación básica y media, antes que dar vuelta la espalda a la realidad.

El maltrato al profesor por parte del Estado se inicia con el cierre de las escuelas normales y de los institutos pedagógicos que formaron los excelentes maestros que ejercían en Chile. Se les privó de sus institutos profesionales y se les mezquinó el sueldo, transformándolos en uno de los grupos marginales de la Administración del Estado. A ello se sumó una iniciativa de las autoridades en la década de los sesenta para crear, incluso en los colegios particulares, los centros de padres y apoderados.

La verdad es que así como antes el alumno miraba con respeto si profesor, sus padres lo consideraban casi con temor reverencial por la entrega que le había hecho de la educación y muchas veces del destino futuro de sus hijos, ahora, en cambio, en algunos centros de padres, éstos no solamente han perdido toda consideración por los maestros sino, al igual que sus hijos, los hacen objeto de violencia.

Me ha tocado conocer el caso reciente de una escuela en esta región en que una apoderada. matrona de hechura respetable y mal talante, tendió bajo su escritorio, de una bofetada, al director que la había citado para pedirle que controlara la violencia de su hijo.

El ofendido profesor, en este caso de la vida real y actual, se dirigió a sus superiores administrativos, pidiendo apoyo para expulsar o pedir el traslado del alumno a otro establecimiento y sacar de su vista a la agresora, pero se le aconsejó que no hiciera nada porque seria su palabra contra la de ella…

En una escuela técnica un alumno fue agredido y herido de gravedad con un cortaplumas por uno de sus compañeros. La petición del director: no denunciar el hecho para evitar el descrédito del colegio. En una escuela básica uno de los niños más pequeños fue agredido con intenciones de tipo sexual por un muchacho mayor.

La violencia intrafamiliar, que sirve de justificación oficial para las conductas de niños y adolescentes, ha sido un problema histórico en Chile y ha permeado todas las capas sociales, y lo que se ha hecho en los últimos años ha sido sólo ponerla al descubierto y arbitrar algunos remedios legales.

Me referí a las escuelas correccionales, usando el término no como establecimiento penitenciario, sino como aquellos que «se aplican a corregir los defectos  los vicios de las personas», y aún a riesgo de que se descalifique la idea por reaccionaria, creo que la solución temporal al problema podría ser crear este tipo de escuelas especiales dirigidas a corregir tanto a los estudiantes como a sus apoderados.

Tales establecimientos necesitarían profesores preparados especialmente y remunerados en forma adicional por el riesgo de tratar con educandos «difíciles», con apoyo de sicoterapeutas, con actividades extra programáticas variadas y almuerzos para todos los que lo requieren y con exigencias para sus apoderados de someterse a terapia sicológica y reeducación para la pacífica convivencia.

Se requiere para lo anterior una legislación especial, y sería una solución de elevado costo pero permitiría evitar el efecto de la «manzana podrida» que molesta a las autoridades, olvidando que al revés de las manzanas podridas que son irrecuperables. loa niños y adolescentes pueden rehabilitarse con medios adecuados.

Se trataria, en suma, de una discriminación positiva en cuanto se daría a estos niños y a sus padres y apoderados, una oportunidad para reintegrarse normalmente a la sociedad al tiempo de completar su educación y que permitiría rescatar un propósito que parecen haber olvidado las autoridades: permitir a la gran mayoría de los niños y a sus profesores a convivir en paz.

                                                                             Mario Alegría Alegría

Publicado en El Mercurio de Valparaíso el 17 de Septiembre de 2001