Fue ampliamente publicitada la agresión a una profesora de un liceo de Puente Alto, atacada por sus alumnos, amarrada, vejada y amenazada con un arma cortante, la que solamente ha merecido opiniones casi exculpatorias de la ministra de Educación. Vimos y oímos por la televisión a una quinceañera que con una expresión burlona explica que no había amenazado directamente con su cuchillo a la profesora, porque lo esgrimía a cierta distancia; nos pareció que a su grave falta se agregaba un cinismo impropio en una adolescente.
Fácil resulta justificar estos actos en la violencia intrafamiliar o en la que se difunde por los medios que eligen la truculencia para aumentar su audiencia; pero. de esta manera, no se afrontan las verdaderas causas de estos hechos que se repiten con frecuencia en los establecimientos educacionales. Las autoridades no desean adoptar medidas. ni expresar opiniones que puedan provocar escozor a los grupos defensores de los derechos de las minorias, porque les restaría votos y probablemente se les colgaría el sambenito de reaccionarios.
Aterra a las autoridades acostumbradas a los eufemismos hablar de escuelas correccionales para enviar a los estudiantes que maltratan a sus compañeros o a sus maestros, porque temen que se los acuse de discriminación cuando no de violación de la Constitución, que garantiza el derecho a la educación a todos los chilenos.
No creo que la enumeración de los que anoto a continuación sea ni exhaustiva, ni indesmentibie, pero vale la pena hacer un intento de establecer las causas del desorden, de la violencia y de la falta de resultados de la educación básica y media, antes que dar vuelta la espalda a la realidad.
El maltrato al profesor por parte del Estado se inicia con el cierre de las escuelas normales y de los institutos pedagógicos que formaron los excelentes maestros que ejercían en Chile. Se les privó de sus institutos profesionales y se les mezquinó el sueldo, transformándolos en uno de los grupos marginales de la Administración del Estado. A ello se sumó una iniciativa de las autoridades en la década de los sesenta para crear, incluso en los colegios particulares, los centros de padres y apoderados.
La verdad es que así como antes el alumno miraba con respeto si profesor, sus padres lo consideraban casi con temor reverencial por la entrega que le había hecho de la educación y muchas veces del destino futuro de sus hijos, ahora, en cambio, en algunos centros de padres, éstos no solamente han perdido toda consideración por los maestros sino, al igual que sus hijos, los hacen objeto de violencia.
Me ha tocado conocer el caso reciente de una escuela en esta región en que una apoderada. matrona de hechura respetable y mal talante, tendió bajo su escritorio, de una bofetada, al director que la había citado para pedirle que controlara la violencia de su hijo.
El ofendido profesor, en este caso de la vida real y actual, se dirigió a sus superiores administrativos, pidiendo apoyo para expulsar o pedir el traslado del alumno a otro establecimiento y sacar de su vista a la agresora, pero se le aconsejó que no hiciera nada porque seria su palabra contra la de ella…
En una escuela técnica un alumno fue agredido y herido de gravedad con un cortaplumas por uno de sus compañeros. La petición del director: no denunciar el hecho para evitar el descrédito del colegio. En una escuela básica uno de los niños más pequeños fue agredido con intenciones de tipo sexual por un muchacho mayor.
La violencia intrafamiliar, que sirve de justificación oficial para las conductas de niños y adolescentes, ha sido un problema histórico en Chile y ha permeado todas las capas sociales, y lo que se ha hecho en los últimos años ha sido sólo ponerla al descubierto y arbitrar algunos remedios legales.
Me referí a las escuelas correccionales, usando el término no como establecimiento penitenciario, sino como aquellos que «se aplican a corregir los defectos los vicios de las personas», y aún a riesgo de que se descalifique la idea por reaccionaria, creo que la solución temporal al problema podría ser crear este tipo de escuelas especiales dirigidas a corregir tanto a los estudiantes como a sus apoderados.
Tales establecimientos necesitarían profesores preparados especialmente y remunerados en forma adicional por el riesgo de tratar con educandos «difíciles», con apoyo de sicoterapeutas, con actividades extra programáticas variadas y almuerzos para todos los que lo requieren y con exigencias para sus apoderados de someterse a terapia sicológica y reeducación para la pacífica convivencia.
Se requiere para lo anterior una legislación especial, y sería una solución de elevado costo pero permitiría evitar el efecto de la «manzana podrida» que molesta a las autoridades, olvidando que al revés de las manzanas podridas que son irrecuperables. loa niños y adolescentes pueden rehabilitarse con medios adecuados.
Se trataria, en suma, de una discriminación positiva en cuanto se daría a estos niños y a sus padres y apoderados, una oportunidad para reintegrarse normalmente a la sociedad al tiempo de completar su educación y que permitiría rescatar un propósito que parecen haber olvidado las autoridades: permitir a la gran mayoría de los niños y a sus profesores a convivir en paz.
Mario Alegría Alegría
Publicado en El Mercurio de Valparaíso el 17 de Septiembre de 2001