Dispone el artículo 43 de la Constitución Política de Chile que la Cámara de Diputados está integrada por 120 miembros elegidos por los distritos electorales que establezca la ley de elecciones respectiva y el artículo 45 deI mismo cuerpo legal que el Senado se Integrará con dos senadores elegidos por cada una de las 13 regiones del país y además por diversas personas que hayan desempeñado importantes funciones públicas, los ex Presidentes de la República que lo hayan sido en forma continua por más de seis años, por el solo hecho de haber desempeñado el cargo, tres senadores elegidos por la Corte Suprema, cuatro elegidos por el Consejo de Seguridad Nacional y dos designados por el Presidente de la República.
Ha sido el uso común hablar de «los senadores designados» con relación a todos los que no han obtenido su cargo en una elección popular y, en más de una ocasión, las referencias que se han hecho de ellos han sido francamente peyorativas, como si se tratara de senadores de segunda clase. No es esta la ocasión de recurrir a antecedentes históricos o a la comparación con otros textos constitucionales que consagraron o consagran senados integrados total o parcialmente por personas que desempeñaron elevadas funciones públicas, sino pensar estos cargos comparándolos con los de los parlamentarios elegidos, «con» el voto popular. El uso de la preposición «con», en este caso, es claramente intencionado ya qie pienso que los diputados y senadores elegidos en votación libres e informadas lo son «con» el voto de los ciudadanos siempre, pero, en pocos casos «por» el voto popular.
En efecto, un simple vistazo a hechos muy recientes, sin necesidad de recurrir a ejemplos históricos de larga data nos demuestra que en el actual Congreso muchos de sus miembros también fueron designados, no por la Corte Suprema ni por el Consejo Superior de Defensa Nacional, pero sí por las cúpulas santiaguinas del partido a que pertenecen y de acuerdo con las combinaciones políticas en que actualmente se agrupan los sectores de Gobierno y de Oposición y muchas veces sin consulta siquiera a los organismos regionales de los partidos. ¿Cuántas largas trasnochadas y confusas informaciones precedieron a la inscripción de las listas de candidatos designados por las directivas partidarias? Basta leer los periódicos de 1993, en los meses previos a las elecciones para darse cuenta que la verdadera lucha electoral se dio dentro de los partidos mucho más que en las mesas de votación y que los diversos grupos dentro de los partidos con apelativos relativos a sus cabelleras, a la amplitud de sus abdómenes o a la adhesión a caudillos determinados formaron las únicas fuerzas que designaron a muchísimos de los actuales parlamentarios, presentados a los ciudadanos únicamente para su ratificación.
Esta situación se dará siempre en las democracias representativas en que los partidos políticos son cauces de la opinión del electorado con doctrinas y programas a los que se adhiere Incorporándose como miembros suyos o formando parte de los simpatizantes que, en mucho mayor número forman una «clientela» en el sentido que tuviera el término en Roma Antigua, es decir como un grupo con intereses vinculados a los caudillos del partido aunque no formen parte de éste. Aún en mayor número son los independientes puros cuyos votos se distribuyen, ya sea, por conocimiento personal de los candidatos cuando éstos tienen calidad de «locales» y se han destacado dentro de la comunidad o siguiendo patrones de conducta que no han sido investigados científicamente, que a veces erráticamente los lleva a votar a candidatos de izquierda, de centro, o de derecha para decepción de los cientistas políticos. En otros términos, estos independientes tienen la opción de elegir, pero sólo, entre dos o tres candidatos designados por los partidos y darán su voto para’ no perderlo al que corresponda más cercanamente a sus ideas políticas. Son ellos, en último. término Ios que deciden una elección presidencial y algunas parlamentarias aunque los candidatos designados les sean indiferentes o poco carismáticos o desconocidos.
Es difícil predecir el comportamiento de ese ciudadano anónimo que compone el 90% del electorado que no tiene sino una escasa opción de elegir entre los candidatos designados para favorecer a uno con su voto, generalmente sin conocer su curriculum ni su estatura moral e intelectual. Obviamente se excluye en esta simplificación a ciertos prohombres que existen en cada partido, suficientemente conocidos, y con merecimientos sobrados para desempeñar cualquier cargo público.
Es claro que otra forma de elección que no sea con previa designación de los partidos, resulta imposible de implementar en los estados modernos por el número enorme de personas con derecho a voto, pero es obvio también que algunas modificacionesdel sistema electora! que obligara a los partidos a presentar un número mayor de candidatos en cada circunscripción y facilitara la presentación de independientes, aumentaría las posibilidades de «elegir’ realmente a las personas que parezcan más apropiadas para el desempeño de los cargos parlamentarios en vez de someterse el ciudadano tan absolutamente a las decisiones de los partidos que, a su vez responden a las presiones de los parlamentarios en ejercicio para asegurarse su reelección cualquiera que haya sido su contribución real al bien público.
En efecto, el sistema favorece la reelección de los actuales parlamentarios a veces independientemente de sus méritos, porque dentro del partido se forman grupos de poder que imponen su designación sin dejar espacio a militantes, más meritorios pero con menos poder de manipulación que el detentado por los legisladores en ejercicio a cuyo alrededor se reúnen en forma espontánea o por intereses personales, los militantes del partido. Es raro, pero a veces ocurre también, que el partido, con claro olvido de los méritos de uno de sus parlamentarios brillante, con extenso curriculum, di, plomático, legislativo y académico, le niega un lugar en la lista partidaria para hacer espacio al amigo, o lo que es más grave al pariente del político más influyente del momento, como ocurrió en las últimas elecciones.
El sistema de sufragio proporcional modificado que se propone aunque sus detalles no se conozcan no tendría ningún efecto para corregir el fenómeno de la designación de los candidatos por una minoría dentro de los partidos en conciliábulos santiaguinos cuyos resultados deben acatar las bases del partido en las distintas regiones.
Es decir, se vuelven a arreglar los políticos y a asegurar los escaños parlamentarios para su grupo más intimo o familiar, y todo ello sin intervención de la ciudadanía que los elige, ni siquiera de muchos de los militantes.
Decíamos más arriba que de la descripción general de las designaciones cupulares se salvaban algunos políticos de gran preparación, o conocidos por su labor social o de defensa de los derechos humanos en su momento, los que tuvieron y seguirán teniendo votaciones personales considerables y que apenas requieren el apoyo de la infraestructura del partido para ser electos.
Ellos son como los candidatos del viejo sistema electoral belga de cifra repartidora vigente en el Chile de los 50 en que algunos candidatos conocidos y realmente populares se ubicaban en lugares muy abajo en la lista para que «ayudaran» a la elección de los señores del partido que no tenían los votos necesarios para ser elegidos; pero sí el control cupular.
Es decir, esta situación no es de ahora; pero creo que el segmento político partidista que no alcanza al 10% del universo electoral le debe no sólo una explicación sino una solución al 90 por ciento de los ciudadanos antes de imponer sus «candidatos designados».
Que no piensen que escapa a la mayoría silenciosa, el juego oscuro de las combinaciones de las cúpulas políticas que reparten a su gusto los sillones parlamentarios porque tanto gobierno y oposición saben, casi con precisión, matemática quiénes ganarán y quiénes habrán de perder en la próxima elección.
Que tampoco escapa a ella la forma en que se tuerce el sentido de la ley para establecer residencias de dos años inexistentes para favorecer a candidatos que conocieron «su región» durante la campaña electoral.
Estos años de transición o de «post transición» a la democracia exigen corregir algunas verdades a medias y no valerse de consignas para descalificar a los parlamentarios institucionales, cuando quien impugna su existencia sabe que no lo eligió el pueblo sino que fue igualmente «designado» por un grupo de presión dentro de su partido.
Esperamos una solución de estos políticos actuales con tanta facilidad a la mano para acceder a las bibliotecas y centros de información más importantes del mundo con equipos, programas y servicios pagados por todos los chilenos.
Mario Alegría Aegría.
Publicado en El Mercurio de Valparaíso el 10 de Agosto de 1994