Desde que se tiene noticia real o mítica del hombre sobre la tierra, se atribuyó a éste un sentido moral elemental para discernir el bien y el mal.

Ser hombre y no bestia, fue hasta ahora consecuencia de la inteligencia humana no solamente para servirse de las herramientas para mejorar su condición de vida, porque esa capacidad, en forma elemental la tienen también los orangutanes, sino para conocer lo bueno y lo malo, para tener conciencia moral. Lo contrario, la locura moral si bien afecta a la raza humana convierte a quien la padece, en un sujeto peligroso que la sociedad debe poner tras las rejas de una prisión o de un hospital para evitar que cause daños irreparables a sus congéneres. Es el caso más triste de la especie humana porque siendo inteligente, carece en absoluto de sentido ético y para él no hay diferencia entre el bien y el mal, no existe el arrepentimiento ni la contrición.

El progreso técnico, todos sabemos que no ha ido aparejado de la elevación moral ni de los pueblos ni de los individuos. Aquéllos hacen la guerra y justifican el genocidio con la búsqueda de la pureza étnica o religiosa y éstos hieren, roban y violan a veces solamente por extraviado placer.

Pero en este mundo en que campea la violencia y la corrupción, hasta hace pocos años, los gobernantes conservaron, al menos las apariencias de las buenas costumbres y con el nacimiento del constitucionalismo, debieron también someterse, no siempre con agrado, al marco jurídico, a lo que, en conjunto, ha dado en llamarse el estado de derecho.

Esta fue la única defensa del individuo y de la colectividad frente a los desbordes del poder, del rey primero y de las autoridades, ya fueran éstas elegidas democráticamente o impuestas por un golpe de estado. Desde San Isidoro de Sevilla, la noción del bien común que se maneja a veces con tanto desenfado aparece como la salvaguarda del pueblo sin privilegios.

En nuestro país, incluso en los períodos de gobiernos de facto se ha procurado respetar la ley, o al menos no denostarla públicamente, y nadie se había sentido, hasta ahora, en situación de hacer mofa de ella. Por el contrario, nuestros grandes políticos del pasado como lo fueron el Presidente Montt y el Ministro Portales, se sintieron sometidos a ella más que ninguno, por la obligación de ser como los grandes atenienses, los primeros entre todos los ciudadanos. Es el caso recordar aquí el episodio en que Portales es requerido para indultar al capitán Cradock de nacionalidad británica que había dado muerte a un modesto obrero chileno. No solamente Portales representa al gestor de entonces que tantos empeños se ponían por ser el delincuente no un pobre «roto» sino persona de cierta alcurnia y ciudadano de la nación más poderosa del mundo de entonces, sino que agrega que, sí su padre hubiera sido el autor del homicidio, él ya estaría llorando sobre su tumba.

Pero, los tiempos cambian y no para bien, porque hace apenas unos días que asistimos al penoso espectáculo de parlamentarios que en forma pública reconocieron, sin demostrar arrepentimiento, que violaban regularmente las leyes y reglamentos del tránsito que ellos mismos establecieron como legisladores. Y hubo alguno, incluso que se jactó, en un gesto de dudoso humor, de tener permiso para correr lo que requirieran las circunstancias. En otros términos, y conociendo los efectos del choque de un automóvil lanzado a 150 Km por hora, equivale a decir, que se tiene permiso para matar.

La democracia griega tuvo la suerte de elegir a los mejores para que los gobernaran, con contadas excepciones, tal vez por el hecho que en el Estado ciudad heleno, casi todos los ciudadanos es decir los hombres libres que podían elegir y ser elegidos, se conocían casi como vecinos.

En nuestra actual democracia en que los candidatos al Congreso son en ocasiones casi perfectos extraños, designados por las cúpulas partidistas y en que los más conocidos para el grueso de la población lo son por las periódicas declaraciones a los medios de difusión que les sirven para hacer noticia, en busca de la reelección en que cuidan sus expresiones con vista a la próxima encuesta. Pero ahora hemos tenido ocasión de verlos en su real condición humana y tal visión nos ha dolido como ciudadanos y más que eso, como chilenos que no hubiéramos querido exponer al mundo la vergüenza que provoca la inconsciencia de algunas declaraciones, el desafío que se contiene en otras y, en todas, la intención se seguir pisoteando el orden jurídico y arriesgando la vida de los que circulan por las carreteras como simples ciudadanos que hasta ayer creímos en la igualdad ante la ley.

¿Cuál de los infractores podrá ahora reclamar desde su tribuna parlamentaria que todos deben cumplir la ley y proclamar que todos somos iguales ante la ley y que en Chile no hay personas ni grupos privilegiados?

La vida pública exige sacrificio y los políticos regularmente nos recuerdan su devoción y permanente dedicación a sus importantes labores y hasta ahora, no habíamos oído que necesitaran ser advertidos para levantarse más temprano y llegar a tiempo a las sesiones del Congreso, porque si ese hubiera sido el contenido del discurso electoral del parlamentario que así lo reconoció, obviamente no habría sido electo.

Cierto es que la muestra que presentó la televisión puede no ser representativa de todo nuestro Parlamento y así lo quisiéramos muy de verdad, pero esta encuesta, apresurada y todo, revela a la opinión pública lo que hay detrás de la fachada de algunos políticos que aprueban las leyes para que las respeten los demás.

En estos momentos hay la convicción en la opinión pública que la juventud ha perdido el interés que durante varias décadas la llevó a participar activamente en política, preocupada como es lógico de participar en la creación del mundo en que le tocaría vivir al llegar a la edad adulta.

Pero ahora ni siquiera en las Universidades que fueron otros centros de actividad y, por qué no decirlo, de activismo político, la situación es diferente.

En parte importante ello se explica por el efecto pendular: de la universidad militante, a la universidad profesionalizante. Por otro lado, la crisis de las ideologías obviamente arrebató pretextos y banderas a la juventud que desde Nanterre pedía lo imposible a una estructura dominada por el poder económico y político de la gente madura.

No son los días que corren propicios para las gestas heroicas, y en este terreno las figuras incluso de los políticos tienden a opacarse; pero aun así los jóvenes quieren que los hombres políticos sean paradigmas de consecuencia entre lo que dicen y lo que hacen.

De nuevo recurro a Portales, el viejo maestro de la política chilena; «Que el gobierno sea respetable para ser respetado». No pedía heroísmo sino dignidad y respeto a la ley.

Frente a los hechos glosados, pienso que la gran mayoría de los chilenos repudiará a quienes en un gesto de insoportable soberbia han pretendido estar más allá del bien y del mal.

Mario Alegría Alegría

Publicado en El Mercurio de Valparaíso  el 20 de Abril de 1995

Dispone la ley sobre sociedades anónimas que lo que las caracteriza es un fondo común suministrado por accionistas «sólo responsables de sus respectivos aportes y administradas por un directorio integrado por miembros esencialmente revocables».

En las juntas de accionistas se elige o revoca el mandato a los directores por los accionistas con derecho a voto, quienes pueden participar aunque tengan un pequeño número de acciones.

Estas sociedades, que proliferaron en la década de los treinta, a veces con el propósito de emprender negocios de dudoso resultado, como fueron las destinadas a la explotación del petróleo, antes de la reserva que hiciera el Estado de esos yacimientos, dieron auge a las bolsas de valores e iniciaron un tímido capitalismo popular. En efecto, comerciantes, profesionales y pequeños industriales con capacidad de ahorro adquirieron acciones de estas sociedades en cuyas asambleas generales lograban elegir dos o tres directores que los representaban efectivamente. Para comprobar este aserto bastaría revisar las pequeñas y medianas transacciones en las bolsas de Valparaíso y de Santiago, y los inventarios de las posesiones efectivas otorgadas hasta los años setenta en Chile.

Sin embargo, las crisis del mercado en los años setenta que significaron la ruina de pequeños rentistas que no pudieron resistirlas sin liquidar bienes y la privatización de empresas del Estado, a pesar del «capitalismo popular» oficialmente promocionado en la década de los 80, dieron como resultado que el capital de muchas sociedades anónimas quedara en pocas manos y que los pequeños accionistas no se interesaran siquiera por elegir directores que los representaran.

La última fase se ha dado en los últimos años, en que grupos económicos con gran poder no se interesaron en tener 20 directores divididos en seis u ocho sociedades sino que buscaron controlar dos o tres empresas grandes mediante las llamadas ofertas preferentes de suscripción de acciones o «adquisición hostil» como se las denomina en otras latitudes.

De este modo, un empresario o grupo logra el control de la sociedad en la cual los pequeños accionistas no tienen ninguna representación que les impida oponerse al desarrollo de negocios vinculados y de beneficio del «holding» en que se integra la sociedad de la que poseen pocos ciento o miles de acciones.

Lo hemos visto en la crisis argentina, en cuya economía las grandes empresas chilenas tienen comprometidos capitales que superan los diez mil millones de dólares con exposición a un riesgo que no quiere reconocerse ni presentarse en los balances en que se considerara la relación peso argentinodólar 1:1,70 en vez de 1:3 como sería más apropiado.

No solamente se compromete la suerte de los pequeños accionistas sino de los inversionistas «corporativos», como las AFP, cuyas pérdidas afectarán también las pensiones de jubilación de miles de chilenos.

En otros términos, hoy día el jefe de un grupo económico o de un «clan familiar», de esos que figuran entre los magnates del listado de Forbes, es más dueño y señor de una sociedad anónima que lo que pueda ser el socio principal de una sociedad colectiva.

En efecto el dueño del grupo que controla la empresa, con el asentimiento de un directorio cuyos mandatos puede revocar en una asamblea de socios y, por último con la oposición de los directores de las AFP, ordena invertir cientos de millones de dólares en el exterior, vender otras empresas o comprarlas para beneficiarse con las economías de escala, dejando sin empleo a miles de personas o, como ha ocurrido en meses pasados, ordena una «reingeniería» de una gran empresa chilena con la cesantía obligada de más de sesenta ejecutivos de alto y mediano rango y de mediana edad o mayores, cuyos expectativas de trabajo próximo serán tanto o más escasas que las de los empleados menos calificados.

No se trata, como es obvio, de resistirse a lo inevitable, producto en buena medida del becerro de oro de la globalización y de las economías de escala de los administradores que han reducido el género humano a cifras que se manejan en una carpeta electrónica, pero creemos que debería abandonarse el eufemismo en el nombre de la mayoría de las sociedades anónimas, a pesar del valor de «marketing’ de los nombres y marcas, y en vez de designárselas, como es usual, por su objeto, llamarles derechamente con el nombre del socio que las controla, que tiene dentro de ella más poder que el Presidente de la República en nuestra nación, el que no puede invadir las atribuciones de otros poderes y debe sujetar sus actos a un organismo contralor.

Mario Alegría Alegría

Publicado en El Mercurio de Valparaíso el 18 de abril de 2002.

En los últimos días, las entrevistas de periódicos y televisivas a políticos que son, asimismo, economistas de nota y a algunos directivos de la Asociación de Bancos, entre los que destacamos al senador Jaime Foxley y al presidente de la entidad gremial de los bancos, Hernán Somerville, hart permitido, por un lado, aclarar la variedad de intereses que pagan las personas naturales o jurídicas que acceden al crédito en Chile y asimismo darse cuenta, al chileno común, que el sistema es injusto y predatorio para la gran mayoría de los deudores.

En efecto, la banca capta el dinero de los particulares y les paga, en promedio, al año un 6% nominal o un 3% sobre UF que debería resultar en un guarismo parecido. La Banca tiene también la alternativa de la tasa de instancia para financiar sus colocaciones, que es un 3,5% sobre UF y que debería alcanzar al 6.5 a 7% de interés nominal total.

Con ese dinero «barato» que obtienen los bancos ¿que hacen? Según el senador Foxley lo prestan a las empresas más grandes y solventes al 12%, mientras que a los pymes, por el mayor riesgo involucrado, les cobran 32% (interés que hasta el año pasado era el 30%). Es decir el eventual riesgo significa pagar, a las empresas que generan más empleos en Chile, casi tres veces, lo que pagan los grandes grupos económicos.

Pero las sorpresas aún continúan, el crédito que se otorga a través de las tarjetas que administra una sola empresa es del 3,4% mensual, o sea más de cuarenta por ciento al año. En otros términos, los chilenos más endeudados están pagando intereses que impedirán cualquier desarrollo normal a las empresas, porque ninguna actividad económica honesta en Chile produce utilidades para pagar este tipo de intereses.

Según el senador Foxley, los sobregiros pagan un 20% de interés anual y se ha echado a andar una iniciativa, ya publicitada por el Banco del Estado, para cobrar solamente un 1.9% mensual de intereses por las tarjetas de crédito que emite. Es decir, es un indicio tímido por conmover el sistema monopólico de la administración de tarjetas de crédito al que la autoridad no ha querido investigar como tal monopolio.

El senador Foxley señaló que se estaba conversando con la banca para traspasar las rebajas de tasas a los créditos, pero estas conversaciones, al parecer tuvieron poco éxito, porque al día siguiente el señor Somerville replicó que los bancos estaban haciendo lo suyo ajustándose a la ley y pagando sus impuestos y que mejor harían las autoridades en fijarse en los intereses por las ventas a plazo de las grandes tiendas (los que, en efecto, en algunos casos, exceden el 50% anual).

El argumento, fue pobre porque no justificó el monto de interés que estrangula a las Pymes y al pequeño deudor sino se limitó a decir que actuaban conforme a la ley y que otras entidades cobraban más caro.

Los que recordamos la crisis del sistema financiero que costó al país, es decir a todos y a cada uno de los chilenos en la década de los 80, entre 7 mii y 8 mil millones de dólares para salvar a los bancos colapsados por su propia audacia y avidez de lucro, pensamos en lo frágil de la memoria y en la falta de consecuencia del trato actual de los bancos para sus clientes en relación con las facilidades que ellos obtuvieron para sobrevivir.

Las medidas propuestas, algunas de las cuales se encuentran en trámite legislativo serían:

1) Liberación del impuesto al mutuo del 1,2%, que grava este tipo de operaciones, y de todos los impuestos que afecten los actos jurídicos necesarios para repactar las dudas de Pymes y particulares que tengan un endeudamiento moderado, a quienes se retirarían y prohibiría el uso de tarjetas de crédito hasta el pago de sus deudas.

2) Traspaso de fondos del Banco Central al Banco del Estado para que con criterios de menor severidad acojan estas reprogramaciones, si es necesario con un año de gracia y cuatro de plazo, todo ello con el interés nominal del 15% anual.

3) Obviamente, habría un fuerte lobby de la banca privada que hablaría de competencia desleal del Estado, pero sería el momento de aplicar criterios sociales al mercado para normalizar una situación de absurda injusticia de la ley que ha estado favoreciendo prácticas que cualquier persona con mediano criterio calificaría de usura.

4) La propia ley podría señalar que, en ningún caso el interés anual que se pague por los deudores sea mayor a un 12% sobre el IPC anual y que a las ventas de las grandes tiendas se apliquen iguales límites, sancionando como delitos de usura la infracción de estas reglas.

No pensamos que estas medidas el Gobierno las desconozca, y tampoco que ellas serían neutras, ya que cualquier intervención oficial en el mercado tiende a inquietar a los inversionistas extranjeros y obviamente a irritar a los afectados; pero postergar las necesarias correcciones a este sector de la economía podría resultar muchísimo más grave si lo que se quiere es aumentar el empleo e incentivar el gasto.

Mario Alegría Alegría.

Publicado en El Mercurio de Valparaíso el 13 de Julio de 2001