Dispone la ley sobre sociedades anónimas que lo que las caracteriza es un fondo común suministrado por accionistas «sólo responsables de sus respectivos aportes y administradas por un directorio integrado por miembros esencialmente revocables».

En las juntas de accionistas se elige o revoca el mandato a los directores por los accionistas con derecho a voto, quienes pueden participar aunque tengan un pequeño número de acciones.

Estas sociedades, que proliferaron en la década de los treinta, a veces con el propósito de emprender negocios de dudoso resultado, como fueron las destinadas a la explotación del petróleo, antes de la reserva que hiciera el Estado de esos yacimientos, dieron auge a las bolsas de valores e iniciaron un tímido capitalismo popular. En efecto, comerciantes, profesionales y pequeños industriales con capacidad de ahorro adquirieron acciones de estas sociedades en cuyas asambleas generales lograban elegir dos o tres directores que los representaban efectivamente. Para comprobar este aserto bastaría revisar las pequeñas y medianas transacciones en las bolsas de Valparaíso y de Santiago, y los inventarios de las posesiones efectivas otorgadas hasta los años setenta en Chile.

Sin embargo, las crisis del mercado en los años setenta que significaron la ruina de pequeños rentistas que no pudieron resistirlas sin liquidar bienes y la privatización de empresas del Estado, a pesar del «capitalismo popular» oficialmente promocionado en la década de los 80, dieron como resultado que el capital de muchas sociedades anónimas quedara en pocas manos y que los pequeños accionistas no se interesaran siquiera por elegir directores que los representaran.

La última fase se ha dado en los últimos años, en que grupos económicos con gran poder no se interesaron en tener 20 directores divididos en seis u ocho sociedades sino que buscaron controlar dos o tres empresas grandes mediante las llamadas ofertas preferentes de suscripción de acciones o «adquisición hostil» como se las denomina en otras latitudes.

De este modo, un empresario o grupo logra el control de la sociedad en la cual los pequeños accionistas no tienen ninguna representación que les impida oponerse al desarrollo de negocios vinculados y de beneficio del «holding» en que se integra la sociedad de la que poseen pocos ciento o miles de acciones.

Lo hemos visto en la crisis argentina, en cuya economía las grandes empresas chilenas tienen comprometidos capitales que superan los diez mil millones de dólares con exposición a un riesgo que no quiere reconocerse ni presentarse en los balances en que se considerara la relación peso argentinodólar 1:1,70 en vez de 1:3 como sería más apropiado.

No solamente se compromete la suerte de los pequeños accionistas sino de los inversionistas «corporativos», como las AFP, cuyas pérdidas afectarán también las pensiones de jubilación de miles de chilenos.

En otros términos, hoy día el jefe de un grupo económico o de un «clan familiar», de esos que figuran entre los magnates del listado de Forbes, es más dueño y señor de una sociedad anónima que lo que pueda ser el socio principal de una sociedad colectiva.

En efecto el dueño del grupo que controla la empresa, con el asentimiento de un directorio cuyos mandatos puede revocar en una asamblea de socios y, por último con la oposición de los directores de las AFP, ordena invertir cientos de millones de dólares en el exterior, vender otras empresas o comprarlas para beneficiarse con las economías de escala, dejando sin empleo a miles de personas o, como ha ocurrido en meses pasados, ordena una «reingeniería» de una gran empresa chilena con la cesantía obligada de más de sesenta ejecutivos de alto y mediano rango y de mediana edad o mayores, cuyos expectativas de trabajo próximo serán tanto o más escasas que las de los empleados menos calificados.

No se trata, como es obvio, de resistirse a lo inevitable, producto en buena medida del becerro de oro de la globalización y de las economías de escala de los administradores que han reducido el género humano a cifras que se manejan en una carpeta electrónica, pero creemos que debería abandonarse el eufemismo en el nombre de la mayoría de las sociedades anónimas, a pesar del valor de «marketing’ de los nombres y marcas, y en vez de designárselas, como es usual, por su objeto, llamarles derechamente con el nombre del socio que las controla, que tiene dentro de ella más poder que el Presidente de la República en nuestra nación, el que no puede invadir las atribuciones de otros poderes y debe sujetar sus actos a un organismo contralor.

Mario Alegría Alegría

Publicado en El Mercurio de Valparaíso el 18 de abril de 2002.