En los últimos días, las entrevistas de periódicos y televisivas a políticos que son, asimismo, economistas de nota y a algunos directivos de la Asociación de Bancos, entre los que destacamos al senador Jaime Foxley y al presidente de la entidad gremial de los bancos, Hernán Somerville, hart permitido, por un lado, aclarar la variedad de intereses que pagan las personas naturales o jurídicas que acceden al crédito en Chile y asimismo darse cuenta, al chileno común, que el sistema es injusto y predatorio para la gran mayoría de los deudores.

En efecto, la banca capta el dinero de los particulares y les paga, en promedio, al año un 6% nominal o un 3% sobre UF que debería resultar en un guarismo parecido. La Banca tiene también la alternativa de la tasa de instancia para financiar sus colocaciones, que es un 3,5% sobre UF y que debería alcanzar al 6.5 a 7% de interés nominal total.

Con ese dinero «barato» que obtienen los bancos ¿que hacen? Según el senador Foxley lo prestan a las empresas más grandes y solventes al 12%, mientras que a los pymes, por el mayor riesgo involucrado, les cobran 32% (interés que hasta el año pasado era el 30%). Es decir el eventual riesgo significa pagar, a las empresas que generan más empleos en Chile, casi tres veces, lo que pagan los grandes grupos económicos.

Pero las sorpresas aún continúan, el crédito que se otorga a través de las tarjetas que administra una sola empresa es del 3,4% mensual, o sea más de cuarenta por ciento al año. En otros términos, los chilenos más endeudados están pagando intereses que impedirán cualquier desarrollo normal a las empresas, porque ninguna actividad económica honesta en Chile produce utilidades para pagar este tipo de intereses.

Según el senador Foxley, los sobregiros pagan un 20% de interés anual y se ha echado a andar una iniciativa, ya publicitada por el Banco del Estado, para cobrar solamente un 1.9% mensual de intereses por las tarjetas de crédito que emite. Es decir, es un indicio tímido por conmover el sistema monopólico de la administración de tarjetas de crédito al que la autoridad no ha querido investigar como tal monopolio.

El senador Foxley señaló que se estaba conversando con la banca para traspasar las rebajas de tasas a los créditos, pero estas conversaciones, al parecer tuvieron poco éxito, porque al día siguiente el señor Somerville replicó que los bancos estaban haciendo lo suyo ajustándose a la ley y pagando sus impuestos y que mejor harían las autoridades en fijarse en los intereses por las ventas a plazo de las grandes tiendas (los que, en efecto, en algunos casos, exceden el 50% anual).

El argumento, fue pobre porque no justificó el monto de interés que estrangula a las Pymes y al pequeño deudor sino se limitó a decir que actuaban conforme a la ley y que otras entidades cobraban más caro.

Los que recordamos la crisis del sistema financiero que costó al país, es decir a todos y a cada uno de los chilenos en la década de los 80, entre 7 mii y 8 mil millones de dólares para salvar a los bancos colapsados por su propia audacia y avidez de lucro, pensamos en lo frágil de la memoria y en la falta de consecuencia del trato actual de los bancos para sus clientes en relación con las facilidades que ellos obtuvieron para sobrevivir.

Las medidas propuestas, algunas de las cuales se encuentran en trámite legislativo serían:

1) Liberación del impuesto al mutuo del 1,2%, que grava este tipo de operaciones, y de todos los impuestos que afecten los actos jurídicos necesarios para repactar las dudas de Pymes y particulares que tengan un endeudamiento moderado, a quienes se retirarían y prohibiría el uso de tarjetas de crédito hasta el pago de sus deudas.

2) Traspaso de fondos del Banco Central al Banco del Estado para que con criterios de menor severidad acojan estas reprogramaciones, si es necesario con un año de gracia y cuatro de plazo, todo ello con el interés nominal del 15% anual.

3) Obviamente, habría un fuerte lobby de la banca privada que hablaría de competencia desleal del Estado, pero sería el momento de aplicar criterios sociales al mercado para normalizar una situación de absurda injusticia de la ley que ha estado favoreciendo prácticas que cualquier persona con mediano criterio calificaría de usura.

4) La propia ley podría señalar que, en ningún caso el interés anual que se pague por los deudores sea mayor a un 12% sobre el IPC anual y que a las ventas de las grandes tiendas se apliquen iguales límites, sancionando como delitos de usura la infracción de estas reglas.

No pensamos que estas medidas el Gobierno las desconozca, y tampoco que ellas serían neutras, ya que cualquier intervención oficial en el mercado tiende a inquietar a los inversionistas extranjeros y obviamente a irritar a los afectados; pero postergar las necesarias correcciones a este sector de la economía podría resultar muchísimo más grave si lo que se quiere es aumentar el empleo e incentivar el gasto.

Mario Alegría Alegría.

Publicado en El Mercurio de Valparaíso el 13 de Julio de 2001