En la edición del Diario «El Mercurio» de 9 de noviembre se publica un interesante artículo acerca de la calidad total en que su autor don Carlos Neely analiza algunos de los factores que en el Japón permitieron que se aplicara con éxito este sistema básicamente por el norteamericano William Demming.

El espíritu de superación y el patriotismo japonés, habrían sido los factores principales de este exitoso estilo de producción de bienes y servicios que llevó al Japón a la situación de gran potencia económica actual.

En este último tiempo, varias voces, especialmente entre los empresarios, se han alzado para invitar a nuestros connacionales a repetir la experiencia japonesa para salir del subdesarrollo, ya que para agregar valor a nuestras exportaciones y hacerlas competitivas en mercados exigentes, es indispensable alcanzar niveles de excelencia que satisfagan a los consumidores de los países desarrollados.

Creemos que la invitación a imitar a los países triunfadores es plausible, pero también nos parece propio dejar en claro características de la sociedad nipona que contribuyeron al éxito del sistema y que en Chile estamos muy lejos de poseer.

En materia educacional por ejemplo, todos los niños japoneses tienen una densidad horaria en las escuelas públicas equivalentes a 1.6 veces las horas de clase semanal que se imparten en las escuelas públicas o municipalizadas en Chile y, lo que es aún más importante, en esas escuelas se cuenta con las comodidades y equipos necesarios para impartir la enseñanza en un excelente nivel, por profesores motivados y con sueldos que les permiten vivir con las comodidades propias de un país desarrollado y totalmente insertos en la sociedad nipona.

A esas escuelas van tanto los hijos de los ejecutivos de las empresas como los de los empleados más modestos ya que a la educación privada sólo pueden acceder los hijos de la más escogida élite económica en razón de su costo elevadísimo.

Por otra parte, altos ejecutivos y empleados, es decir todo el personal de la empresa, llega al lugar de trabajo, no en lujosos automóviles sino después de un largo viaje en tren o en metro, generalmente de pie y bastante comprimidos por los demás pasajeros, es decir, con un sacrificio que se acepta como natural porque se comparte de capitán a paje.

En este punto pareciera innecesario resaltar las diferencias en Chile entre el jefe que viaja en automóvil y el empleado que lo hace en la locomoción pública con riesgos y demoras muy distintos, y entre la educación que se imparte a los hijos de unos y otros en los colegios particulares más prestigiados y en las escuelas municipales más modestas, debido, sobre todo, al diferente equipamiento y a la cantidad de horas de clase y/o actividades extraprogramáticas que benefician a los estudiantes de los colegios con más recursos.

Todas esas circunstancias, en conjunto, y la tradición, que ahora se va abandonando, de asegurar las empresas japonesas el empleo permanente a su personal hasta su jubilación, aun a costa de grandes sacrificios económicos, creó dentro de estas corporaciones un sentimiento de gran solidaridad.

Difícilmente podría dame en Chile esta comunidad de intereses sino en contadas empresas, ya que en la mayoría, los sueldos en los niveles ejecutivos son entre 30 y 50 veces superiores al salario del empleado más modesto, mientras que en Japón tal diferencia es a lo más de 1 a 8.

Además, los ejecutivos nacionales, al no existir en el marco cultural nacional el concepto de «empleo para toda la vida» no trepidan en hacer economías mediante reducciones de personal, si ello les permite exhibir una baja de costos frente al directorio de la empresa, poniendo en práctica los principios de la economía de mercado, sin ninguna consideración de orden social.

Respecto de la auténtica democratización que posibilita la oportunidad para todos de acceder a una enseñanza de alta calidad, que a su vez permite una parecida igualdad de oportunidades en la inserción en la actividad laboral, produce también una sociedad solidaria, muy lejos de la actual condición de nuestro país dividido profundamente, no por motivos ideológicos como alguna vez lo estuviera, sino por causa de una distribución del ingreso y de las oportunidades que ha producido una sociedad con profundas desigualdades que no hacen sino aumentar en el tiempo.

Cabe aquí hacer algunas consideraciones breves acerca de la solidaridad que es un término que se usa con excesiva frecuencia y, que para muchas personas se traduce en erogaciones a corporaciones de béneficiencia o proyectos de ayuda social, todo lo cual evidentemente resulta loable en un país en el que un porcentaje muy alto de su población requiere ayuda urgente para sobrevivir.

Pero, solidaridad es mucho más que eso, es sentirse al lado de los que lo necesitan y actuar, en consecuencia, con una debida comprensión de los problemas que afligen a las personas con quienes se pretende ser solidario. No es el vistazo al vuelo de un campamento de los que rodean a las mayores ciudades dé Chile, ni tampoco una invitación a compartir as privaciones sino el conocimiento integral de las carencias de estos sectores de la población nacional. Es estar a su lado para desde allí proyectar la ayuda integral que se requiere para salas diferencias extremas entre Chile con buenos indicadores macro económicos y el otro Chile que, afectado por los desequilibrios en la distribución, nunca entenderá porqué si en 1995, como país, tenemos una renta per cápita de US$5.000, a él le llega tan poco.

En esas condiciones nuestro país no puede aspirar al desarrollo que sustentan otras economías, porque falta la equidad y la solidaridad, que se logran no solamente con medidas de los gobiernos con leyes, sino una toma de conciencia de todos chilenos en el sentido de que este efuerzo por la justicia social no es un problema que deba ser resuelto por consideraciones de simple altruísmo, sino una inversión de alta rentabilidad para evitar las tensiones y el recrudecimiento del extremismo y la violencia que ya se están formando en los problemas más serios de nuestra convivencia como demuestran sin excepciones, todas las encuestas de opinión.

En tiempos ya idos pero no tan lejanos, en las familias de clase media chilena, era costumbre guardar con celo algún pendiente de brillantes de una abuela para que lo recibiera como regalo la cónyuge del hijo mayor y que éste se esmerara, durante las largas vidas en común de entonces, por sumar otras joyas compradas con su esfuerzo. Es así como se agregaba anillos, pulseras, «placas de brillantes» que fueron la moda de los años cuarenta, collares y prendedores, todas ellas de valor intrínseco y sentimental.

En tiempos en que no existían fondos mutuos, en que los depósitos en dólares estaban prohibidos y que las otras operaciones bancarias parecían privilegio de las grandes fortunas, solamente quedaban para los estratos C2 hacia abajo: la «libreta de la Caja de Ahorros», para juntar dinero para la educación de los hijos que casi siempre venían en números superiores a cuatro; o la inversión en esos objetos de claro valor intrínseco.

Las joyas de familia eran adorno para la dueña de casa y también refugio para recurrir cuando necesidades premiosas lo ameritaban, caso en que se reducían a dinero que servía para pagar los gastos de una larga enfermedad o los estudios universitarios de un hijo. Se la estimaba también por eso, una inversión que nunca se habría liquidado sin un motivo serio y apremiante; jamás habría servido para pagar una gran fiesta, ni siquiera unas justificadas vacaciones.

En los países en desarrollo en nuestra américa morena, según fuera el signo político de los gobernantes, se invirtieron durante el siglo pasado y desde antes parte mayor o menor del ingreso tributario y a veces de los empréstitos fiscales en construcción de obras públicas, plantas industriales o extractivas de materias primas o en creación de empresas de servicios públicos. En nuestro país, aún antes de que se iniciara el fructífero esfuerzo de la Corfo, existían servicios públicos del Estado, algunos tan importantes como los ferrocarriles, orgullo nacional en sus tiempos.

En mayor o en menor, medida también en México con el PR!, en Brasil desde Getulio Vargas, en Argentina desde el Gobierno de Perón, en Perú desde el tiempo de Leguía y más tarde de Velasco Alvarado, ya fuere en un impulso nacionalista, o socializante, el Estado tuvo a su cargo y financió no solamente obras públicas, sino la expropiación de industrias privadas de todo tipo y creó empresas del Estado para atender servicios públicos indispensables.

Estas fueron a nuestro entender las «joyas de familia» de nuestros países, adquiridas con el esfuerzo de todos, puestas después al servicio de todos, pero, especialmente, de una enorme burocracia que sirvió para pagar favores políticos y, en más de una ocasión, para favorecer una desenfrenada corrupción al amparo de las enormes sumas de dinero que ingresaban a estos monopolios estatales cuyas tarifas fijaba el Estado.

Cuando esto ocurrió y, sobre todo cuando los Gobiernos Latinoamericanos, desde la década de los ochenta, adhirieron en mayor o menor medida a la economía de mercado, los gobiernos vieron en la venta de estas empresas, algunas de las cuales habían pasado a ser deficitarias por el peso de su burocracia o por fallas de gestión, una fuente de enormes ingresos si se las licitaba internacionalmente, para que organizaciones privadas, que sí sabían administrar y tenían dinero para capitalizarlas, pagaran por ellas cientos o miles de millones de dólares; y así lo hicieron, Chile, Argentina, Brasil, México y ahora Perú, por citar en relativo orden cronológico estas ventas. El proceso fue un éxito y se allegaron el patrimonio de los estados muchos miles de millones de dólares, pero, al revés de las joyas de familia que se vendían con un fin específico y de verdadero provecho, el precio que se obtuvo en el caso de los Estados, fue a los fondos generales de las naciones, generando falsos superávit u ocultando déficits, para que los analistas financieros justificaran nuevos préstamos de organismos internacionales y de la banca privada que crearon la falsa prosperidad de los años 90.

De los penosos resultados de estas políticas hasta ahora sólo se salva nuestro país, no sabemos hasta cuándo, pero ahora a la lista de Argentina, Uruguay y Brasil se suma México, que según sus propios analistas lleva el camino de Argentina, con pasivos externos que ya a fines del 2000 excedían los 360.000 millones de dólares. Y a México, como a los otros países latinoamericanos, ya no le quedan «Joyas de familia», que lo ayuden en esta coyuntura.

Mario Alegría A.

Publicado en El Mercurio de Valparaíso el 4 de Julio de 2002

En un reportaje periodístico, aparece un completo panorama de la movilización colectiva en la Capital, incluyendo lo que ganan, en promedio, los 15.000 choferes de buses que conducen los 10.000 vehículos que saturan las calles de la ciudad.

De acuerdo con la información allí contenida, en promedio, un chofer gana entre 250 y 300 mil pesos mensuales que corresponden al valor de un 15% de los boletos que corta y, a ese monto se agregan entre 10 y 20 mil pesos achicando los boletos que emite, para sacar 3 de 2 o menos si la ocasión lo permite, usando boletos usados o de un rollo comprado en forma irregular o, simplemente, no dando el boleto. El sistema resulta conocido para los usuarios que no acostumbramos reclamar de estas trampas que toda la comunidad acepta calladamente.

Fuera de estas irregularidades, los choferes no aceptan que se le hagan imposiciones por más de 100 mil pesos al mes, a fin de obtener un saldo liquido mayor.

Los empresarios reconocen que todos estos hechos ocurren pero que no tendrían cómo evitarlos.

Por nuestra parte, el análisis que hacemos es bastante diverso, creernos que los empresarios, por ejemplo, podrían poner término al corte de boletos «pequeños» aun antes de tener sistemas de cobro automático que lo impida, si en vez de usar rollos de papel impresos como boletos, usaran boletos de cartulina con un expedidor simple que los inutilizara visiblemente al extraerlos. El mayor costo por los 500 boletos que un chofer «corta» al día no sería significativo y pondría las cosas en su lugar, pero lo cierto es que los empresarios no se atreven a afrontar al gremio, como tampoco las autoridades, a pesar de conocer los perniciosos efectos de esta «máquina», así montada.

Examinemos los hechos y calculemos la incidencia de cifras pequeñas cuando se multiplican por 15.000. Si las declaraciones de los involucrados son correctas y no hubo nadie que las desmintiera, tenemos que en la capital, un chofer de la movilización colectiva gana en promedio, entre 450 y 500 mil pesos, y hace imposiciones para jubilación y salud por no más de 100 mil, al mes.

De esto resulta que de sus cotizaciones para el sistema de pensiones y de salud escamotean, en el primer caso, 34 mil pesos al mes como mínimo y para las prestaciones de salud, $ 24.500. Como el número de choferes alcanza a 15.000 anualmente, el sistema de AFP, deja de percibir, 6.300 millones de pesos y el sistema de Salud, 4.410 millones. Como un resultado fácilmente previsible, hay que concluir que las pensiones de jubilación de los choferes serán tan malas que el Estado, en algún momento tendría que suplirlas con servicios gratuitos costeados por toda la población. Por otra parte, demás está decir que si al presupuesto de salud de la Región Metropolitana se agregarán más de diez millones de dólares al año, la calidad del servicio mejoraría en forma significativa sobre todo si esta cantidad se dedicara a la compra de insumos para los hospitales. Como si fuera poco, y entretanto, los choferes y sus familias reciben del sistema de salud las mismas prestaciones que los que cotizan honestamente el 7% de sus salarios reales.

Pero las cosas no llegan solamente hasta allí, porque también hay una defraudación al Fisco aunque de menor envergadura En efecto un sueldo imponible de 100 mil pesos no esta afecto a impuesto único de segunda categoría pero sí el de 500 mil pesos al mes que pagaría unos $ 132.000 al año. De este modo, el total de los choferes dejan de pagar al Fisco unos mil novecientos millones al año, si las cosas ocurren como se han relatado, ya que no puede haber errores numéricos en cálculos tan simples.

Ahora, y siguiendo con el análisis de la «diabladura» de quedarse con dinero de los empresarios es éste un delito severamente penado por la leyy que los tribunales pueden perseguir de oficio, es decir, sin denuncia, si los hechos son públicos, notorios y conocidos, como en este caso. La única ligera dificultad, sería determinar si son sancionados como estaf del art. 470 de Código Penal o como falsificación de instrumento privado con perjuicio de tercero, ya que entendemos que las planillas con los boletos vendidos las prepara el propio chofer, con los datos adulterados en la forma que se ha dicho.

La pregunta del resto de la comunidad que observa silenciosa esta organización que sustrae tan importantes recursos al sistema de pensiones, a la salud y al Fisco y que delinque día a día en la total impunidad, es ¿quién le pone el cascabel al gato?

¿ El Gobierno, vale decir el Ministerio de Transportes, reglamentando la emisión de boletos y el del Trabajo enviando permanentemente inspectores que sorprendan y denuncien  estas irregularidades? ¿ Los Tribunales de Justicia que debieran proceder de oficio investigando estos miles de delitos reiterados cometidos a diario en sus jurisdicciones? ¿ Las Municipalidades querellándose en resguardo de los intereses de la comunidad?

Mario Alegría Alegría.

Publicado en El Mercurio de Valparaíso el 10 de Febrero de 1997