En un reportaje periodístico, aparece un completo panorama de la movilización colectiva en la Capital, incluyendo lo que ganan, en promedio, los 15.000 choferes de buses que conducen los 10.000 vehículos que saturan las calles de la ciudad.
De acuerdo con la información allí contenida, en promedio, un chofer gana entre 250 y 300 mil pesos mensuales que corresponden al valor de un 15% de los boletos que corta y, a ese monto se agregan entre 10 y 20 mil pesos achicando los boletos que emite, para sacar 3 de 2 o menos si la ocasión lo permite, usando boletos usados o de un rollo comprado en forma irregular o, simplemente, no dando el boleto. El sistema resulta conocido para los usuarios que no acostumbramos reclamar de estas trampas que toda la comunidad acepta calladamente.
Fuera de estas irregularidades, los choferes no aceptan que se le hagan imposiciones por más de 100 mil pesos al mes, a fin de obtener un saldo liquido mayor.
Los empresarios reconocen que todos estos hechos ocurren pero que no tendrían cómo evitarlos.
Por nuestra parte, el análisis que hacemos es bastante diverso, creernos que los empresarios, por ejemplo, podrían poner término al corte de boletos «pequeños» aun antes de tener sistemas de cobro automático que lo impida, si en vez de usar rollos de papel impresos como boletos, usaran boletos de cartulina con un expedidor simple que los inutilizara visiblemente al extraerlos. El mayor costo por los 500 boletos que un chofer «corta» al día no sería significativo y pondría las cosas en su lugar, pero lo cierto es que los empresarios no se atreven a afrontar al gremio, como tampoco las autoridades, a pesar de conocer los perniciosos efectos de esta «máquina», así montada.
Examinemos los hechos y calculemos la incidencia de cifras pequeñas cuando se multiplican por 15.000. Si las declaraciones de los involucrados son correctas y no hubo nadie que las desmintiera, tenemos que en la capital, un chofer de la movilización colectiva gana en promedio, entre 450 y 500 mil pesos, y hace imposiciones para jubilación y salud por no más de 100 mil, al mes.
De esto resulta que de sus cotizaciones para el sistema de pensiones y de salud escamotean, en el primer caso, 34 mil pesos al mes como mínimo y para las prestaciones de salud, $ 24.500. Como el número de choferes alcanza a 15.000 anualmente, el sistema de AFP, deja de percibir, 6.300 millones de pesos y el sistema de Salud, 4.410 millones. Como un resultado fácilmente previsible, hay que concluir que las pensiones de jubilación de los choferes serán tan malas que el Estado, en algún momento tendría que suplirlas con servicios gratuitos costeados por toda la población. Por otra parte, demás está decir que si al presupuesto de salud de la Región Metropolitana se agregarán más de diez millones de dólares al año, la calidad del servicio mejoraría en forma significativa sobre todo si esta cantidad se dedicara a la compra de insumos para los hospitales. Como si fuera poco, y entretanto, los choferes y sus familias reciben del sistema de salud las mismas prestaciones que los que cotizan honestamente el 7% de sus salarios reales.
Pero las cosas no llegan solamente hasta allí, porque también hay una defraudación al Fisco aunque de menor envergadura En efecto un sueldo imponible de 100 mil pesos no esta afecto a impuesto único de segunda categoría pero sí el de 500 mil pesos al mes que pagaría unos $ 132.000 al año. De este modo, el total de los choferes dejan de pagar al Fisco unos mil novecientos millones al año, si las cosas ocurren como se han relatado, ya que no puede haber errores numéricos en cálculos tan simples.
Ahora, y siguiendo con el análisis de la «diabladura» de quedarse con dinero de los empresarios es éste un delito severamente penado por la leyy que los tribunales pueden perseguir de oficio, es decir, sin denuncia, si los hechos son públicos, notorios y conocidos, como en este caso. La única ligera dificultad, sería determinar si son sancionados como estaf del art. 470 de Código Penal o como falsificación de instrumento privado con perjuicio de tercero, ya que entendemos que las planillas con los boletos vendidos las prepara el propio chofer, con los datos adulterados en la forma que se ha dicho.
La pregunta del resto de la comunidad que observa silenciosa esta organización que sustrae tan importantes recursos al sistema de pensiones, a la salud y al Fisco y que delinque día a día en la total impunidad, es ¿quién le pone el cascabel al gato?
¿ El Gobierno, vale decir el Ministerio de Transportes, reglamentando la emisión de boletos y el del Trabajo enviando permanentemente inspectores que sorprendan y denuncien estas irregularidades? ¿ Los Tribunales de Justicia que debieran proceder de oficio investigando estos miles de delitos reiterados cometidos a diario en sus jurisdicciones? ¿ Las Municipalidades querellándose en resguardo de los intereses de la comunidad?
Mario Alegría Alegría.
Publicado en El Mercurio de Valparaíso el 10 de Febrero de 1997