En estos días se habla mucho de corrupción y hay una comisión de prohombres dedicados a sugerir las medidas necesarias para prevenirla y combatirla, ya que seria necio sostener que en Chile, como en todo el mundo, ella no ha existido desde siempre aunque en los últimos tiempos deba pensarse, con fundamento, que empieza a turbar seriamente la convivencia nacional. Sin embargo, hay una corrupción de la que poco se habla y que, sin embargo, afecta también seriamente a la comunidad.

     Para mejor definirla recurro a esa inapreciable fuente del idioma que ayuda a aclarar conceptos: el diccionario de la Academia del que entresaco algunas acepciones del verbo corromper del que corrupción es su acción y efecto. Corromper. Sobornar o cohechar al juez o cualquier persona con dádivas o de otra manera, acepción tercera que parece ser la más conocida y usada en estos momentos. Pero, antes que ella hay otra acepción igualmente aplicable a la actividad pública. 2. «Corromper»: «echar a perder», «dañar», «podrir», menos conocida pero igualmente útil al caso.

     El común de las personas habla «del Gobierno» para referirse a éste en un sentido específico, pero también incluye en el término al Parlamento, la administración pública y las empresas del estado, porque, en la práctica, las medidas de todos estos órganos, diferentes en doctrina, son semejantes en cuanto al efecto que, como conjunto, producen, sobre la vida diaria de los chilenos.

     Cabe entonces preguntarse si no es también importante examinar si existe esa corrupción de «echar a perder» o, «dañar», en la actuación de tales entidades que, sin proponérselo pero debiendo saberlo, dañan injustificadamente la visión que se tiene del Gobierno como sinónimo de Ejecutivo.

     Nos parece importante referirnos a estas materias porque la opinión pública en general, desconocedora de las técnicas jurídicas pero dotada de la percepción de lo bueno y lo malo de un sistema político, busca la justicia dentro de dos canales bien diferentes: los tribunales para las cosas particulares y las resoluciones de los órganos del estado para los asuntos generales ya que se piensa, no sin fundamento, que a ellos corresponde la defensa del bien común como valor superior de la convivencia nacional. En esta ocasión, diversas informaciones acerca del régimen interno del Parlamento y de algunas entidades dependientes de la Corfo creo que afectarán muy negativamente la visión que de uno y otras tiene el común de los chilenos.

     En efecto, se «daña», se «echa a perder» o «se corrompe» una sociedad cuando los poderes públicos que se supone deben administrar con prudencia los fondos del estado que no son otra cosa que la suma de lo pagado por los contribuyentes (no consideremos este año la contribución de Codelco al presupuesto) los dilapidan en sueldos que no corresponden a la realidad nacional ni al mercado de trabajo.

     En el cuadro que sigue a continuacion, tomaao ae ¡a información dada a conocer por el Almirante (R) don Fernando Navajas, sin ser desmentida (Diario Financiero de 14.07.94) y de recientes informaciones de «El Mercurio», aparecen situaciones que realmente afectan la equidad y prudencia en el uso de los caudales políticos.

     Sueldos del Tesorero de la Cámara $2.434.744 líquidos, es decir más del doble que el Tesorero General de la República situado en el tope de la Escala Unica y con todas sus asignaciones, y también el doble o más del sueldo y asignaciones de un Ministro de la Corte Suprema.

     Jefe de Redacción y Sub-Jefe de Redacción con más de $ 2.000.000 líquidos al mes, Taquígrafo $ 1.316.192. ¿Cuántos funcionarios más? Suponemos que ese personal se dedica a la redacción de las actas de la Corporación con sueldos que doblan los de un abogado jefe de cualquier servicio público. ¿Taquígrafo? El menos avisado de los chilenos se pregunta si con todos los sistemas electrónicos de grabación de las Cámaras, se requerirán todavía taquígrafos junto con esas dos personas de la Redacción que cuestan a los contribuyentes $6.000.000 o más si se incluyen impuestos y cuotas previsionales.

     En «El Mercurio» de hoy (cuando escribo esta nota) aparecen avisos en que llama a concurso la Municipalidad de Valparaíso, para llenar diversas vacantes, con sueldos brutos que se indican: Ingeniero Civil, Arquitecto, Abogado, todos con $ 550.000 mensuales lo que les deja líquidos, menos de $ 550.000 que en el Congreso lo gana un auxiliar de comedores o una secretaria administrativa… ($ 559.613 y             $ 550.712 líquidos, respectivamente).

     Prosigamos, y, resumiendo para no cansar al lector. En el mismo concurso de la Municipalidad: un Ingeniero Comercial grado 10: $241.335 brutos; un Constructor Civil, $ 241.335, ambos profesionales universitarios con cinco años de estudios curriculares fuera de memoria y examen de grado. ¿Quien gana eso en el Congreso Nadie… (ni un copero, $ 329.371 líquidos ni una camarera, con $ 244.3.60 líquidos).

     Suponemos que los señores parlamentarios desean ver siempre rostros alegres a su alrededor y que las familias de las personas a su servicio tengan lo necesario y en algunos casos… lo superfluo, pero al asignar estos sueldos, olvidan al Chile real, al jubilado con $40.000 o $50.000 mensuales que consume todo su ingreso en comer y en medicinas y paga sobre todos esos productos el IVA de un 18%. ¿Cuántos jubilados pagan impuestos para completar el sueldo de una secretaria administraiva?. ¿60, 70? y ¿qué pensará un profesor de enseñanza pública cuando observa que todos los sueldos de su escuela se pagarían de sobra con uno de los sueldos asignados a un «Oficial Mayor de Secretaría»?.

     Parecidas reflexiones nos llevan también a recordar las muchas veces que la televisión nos muestra las sesiones de la Cámara de los Comunes de Gran Bretaña, en donde los parlamentarios se ubican en un espacio reducido que en Chile habrían considerado insuficiente los diputados de uno solo de los partidos importantes y que los hemiciclos recién inaugurados fueron modificados con reparaciones, que costaron decenas de millones de pesos para que los parlamentarios nacionales estuvieran más cómodos.

     ¿Cómo se explica este derroche a un país en que aún hay más de un millón de indigentes?

     ¿Cómo explica el señor parlamentario que reconoció en forma pública que corría en su auto a velocidades que excedían todas las autorizadas, que por lo mismo que él hace por gusto o pereza, al chofer que se gana la vida en la carretera se le aplica una suspensión de 30 días en su permiso de conducir privándosele de los recursos para alimentar a su familia? ¿Cómo explican el resto de los parlamentarios cuyas patentes tienen anotadas Carabineros para ahorrarse el bochorno de detener a un representante del pueblo con fuero por manejar su auto a velocidades prohibidas arriesgando la vida de sus semejantes? Pero, para muestra no basta un botón. En estos mismos días se anuncia en la prensa que Esval V Región se prepara para llenar dos cargos funcionarios con sueldos de $ 2.000.000 al mes, simplemente porque están en el escalafón. Y si así fuera, ¿qué justifica que Esval, una empresa que empieza a entregar funciones propias a particulares, mantenga una planta funcionaria ya hipertrofiada y que no hace sino crecer?

     Dos cargos, para control legal y administrativo cuyos sueldos alcanzarían para pagar a cuatro funcionarios de la Contraloría General de la República de parecido rango y cuyas funciones creemos que son muchísimo más importantes que las de una «Empresa» que quiere conservarse sólo como una superestructura pagada por los usuarios del servicio que tenemos que consumir el agua más cara de Chile, para permitir que los políticos la asignen como «parcela» exclusiva o repartida.

     No quiero continuar con un largo listado de hechos conocidos públicamente que son causa de desprestigio de los políticos y que, desafortunadamente los jóvenes extrapolan a la política, ese «arte de gobernar» que exige: inteligencia, probidad, sensibilidad, honestidad y tantas cosas que parecen perdidas en el pasado histórico de Chile, cuando la mayoría de los políticos no se sentía por encima de la ley, sino que la acataba y no administraban los fondos fiscales como propios, sino con la diligencia del «buen padre de familia» exigida por el Código Civil a los mandatarios privados y, con mayor motivo, a quienes detentan un mandato de elección popular.

     Es lástima que la gente común confunda gobierno. con administración y legislación, y que, por eso mismo, se sienta desorientada con las comisiones investigadoras y las funciones fiscalizadoras de la Cámara de Diputados, a través de las cuales se pretende ejercer funciones que les entrega la Constitución, y porque cuando se sabe de esas actividades el común de los chilenos se pregunta: ¿quién controla al Parlamento? Y sus gastos tanto o más discrecionales que los gastos reservados del Ejecutivo? Y ¿quién pone término al derroche en las empresas del Estado, patrimonio de todos los chilenos?

     Casi sin querer, vuelvo al Diccionario de la Lengua: «corromper», acepción 2: «echar a perder», «dañar».

Mario Alegría Alegría

Abogado.

En el teatro griego de la época clásica los actores usaban máscaras, las que se avenían con las características principales del personaje que representaban y, a veces, según fuera el momento de la representación el mismo actor cambiaba varias veces de máscara. Es decir, el público, a través de las máscaras podía conocer, desde luego, y apenas aparecería en escena, el carácter o función que correspondía al actor en las tragedias o en las comedias de la época.

Casi todos los seres humanos no escapamos a la debilidad de representar, aunque sea en pocas ocasiones, un papel que no corresponde a nuestra íntima forma de ser, y en esos casos engañamos al interlocutor incauto que no se percata que actuamos un papel que no es el habitual en nosotros.

     Parece un contrasentido, pero lo cierto es que lo honesto sería ponernos siempre la máscara que corresponde al rol o papel que desempeñamos en ese momento. De ese modo no engañaríamos al espectador poco avisado, sobre todo, cuando nuestro lenguaje no sigue el libreto que corresponde al personaje.

     Esto es particularmente importante cuando de hombres públicos se trata y cuando éstos, de hecho, desempeñan muchos roles en la escena, sin las máscaras que, en vez de ocultar su identidad, nos permitirían conocer el papel que desempeñan de inmediato.

     En el Chile de hoy los hombres públicos son a veces y, simultáneamente, hombres de negocios, políticos, dirigentes gremiales y sindicales, gestores, profesionales de éxito, actores y mucho más. El país simple de antaño se ha sofisticado y universalizado ahora que las empresas chilenas no invierten en Chile sino que, para obtener mejores beneficios, trasladan sus capitales para incrementar el producto y los empleos en tierras extranjeras y cuando las técnicas del «marketing» invaden no solamente el mercado para inducir al consumismo, sino que se usan, sin mayor recato, en las campañas políticas para mejorar la imagen de los candidatos.

     La televisión invade nuestros hogares con nuestra autorización y el beneplácito de toda la familia inhibiendo la comunicación intrafamiliar y entregándonos mensajes destinados a hacernos creer que, usando un perfume o bebiendo de una botella desechable, podremos ser jóvenes y atractivos.

     Todo tiende a confundir nuestro buen juicio y a hacernos partícipes de un juego cada vez más complicado en que nos cuesta distinguir, el oro de ley del oropel, y, lo cierto de lo dudoso.

     En un entorno así, lo justo sería que los principales actores, es decir, los conductores de la opinión pública, los políticos, los grandes empresarios, los líderes sindicales o gremiales manejados por el partido, los gestores administrativos, los organizadores de negocios para su exclusivo beneficio, los vendedores de panaceas, es decir, los hombres de ahora, usaran como los actores del teatro griego, la mascara que corresponde al rol que juegan.

     En efecto, hay en la sociedad actual tantos personajes con distintos oficios, pretendiendo, al mismo tiempo, ser un solo personaje, austero, sobrio, inteligente y siempre honesto, que la opinión pública se confunde y desorienta.

     Esas personas que, en las conferencias de prensa y en las entrevistas de televisión engolan la voz y parecen desempeñar un rol único, debieran, en beneficio de la cosa pública, de esa «res pública» que manejan a su antojo, usar las mascaras que corresponden para que todos supieran el verdadero papel que juegan en ese momento en la escena pero dejando también sobre la mesa las otras máscaras para tenerlas siempre a la vista del público.

     De este modo, la ciudadanía podría juzgarlos acertadamente sabiendo que sirven muchos intereses que necesariamente influyen en sus decisiones y que cuando emiten su mensaje las otras máscaras están soplándoles al oído que no se olviden de ellas.

     Al contrario de lo que pueda pensarse, y por lo dicho, no es bueno un país sin máscaras cuando los hombres públicos juegan tantos roles y defienden tantos intereses que permanecen ocultos. Volvamos al teatro griego y que aquellos que controlan la política, las grandes finanzas e incluso la corrupción, no sean desenmascarados como a veces se pide por los que sufren sus excesos, sino ¡que se pongan la máscara del verdadero rol que están desempeñando!

                                                                       Mario Alegría A.

Publicado en El Mercurio de Valparaíso, el 18 de Julio de 1996

Hace unos días un ex Presidente de la República, pretendiendo justificar reiteradas infracciones legales de un organismo del Estado, cuyos efectos aún no han sido bien conocidos, expresó que tales conductas tenían una justificación moral conocida, que llamó «el mal menor».

     Sin saber aún con precisión cuáles fueron los actos constitutivo del mal y hasta que punto ellos contribuyeron a provocar, el homicidio de un «informante», a entrabar la acción de la justicia y a confundirla y a favorecer la impunidad de varios o muchos culpables, nos asaltó una duda que pronto se transformó en convicción: o el señor ex Presidente se confundió pretendiendo justificar de cualquier modo la actuación de sus subalternos de entonces o tiene un equivocado concepto de las normas morales, por mucho que el relativismo actual pretenda restarles el carácter intangible de antaño.

     El concepto del mal menor, supone que hay un mal mayor que intrínsecamente es, igualmente inmoral que el de menor cuantía que se supone idóneo para evitarlo. En otros términos, el mal cualquiera que sea su cantidad o tamaño, nunca se transforma en bien aunque sea la herramienta para impedir uno mayor. Matar a una persona es intrínsecamente tan perverso como matar a cien y pensarlo de otro modo es justificar muchas acciones del pasado que obviamente, nuestro ex presidente no querría hacer.

     Cuando se pretende erigir en norma moral «el mal menor», nos exponemos, además a varios riegos adicionales: en una época como la actual en que es corriente usar medidas distintas para juzgar a los correligionarios o simpatizantes y al opositor, la calificación de las acciones propias o de las ajenas ya es un proceso conturbado por los intereses y las pasiones políticas; ¿qué hechos son buenos y cuáles malos? ¿No hemos visto aplicar estándares diversos tan a menudo, por la clase política en Chile?

     Si en esta época parece tan difícil definir y conocer el bien y el mal, así en abstracto ¿ quién no esté por encima del hombre sujeto a su cambiante circunstancia podría juzgar el bien y el mal?

     A esto se agrega un problema adicional: ¿cómo distinguir el mal del mal y evaluarlo para decir que uno es mayor (no mas malo) que el otro? Pareciera que esto es también labor  de sabio muy sabio o de quienes estén tentados de asumir el papel de Dios.

     Son demasiadas preguntas para que podamos contestarlas las personas comunes y corrientes que constituimos la inmensa mayoría del pueblo chileno y que interpretarnos los hechos de manera más     simple: el mal no es equivalente al bien y siempre será malo lo que repugne a conciencia moral y el concepto de mal mayor o mal menor nunca lo entenderemos como regla de moral. Lo veremos como lo que es: una manera pragmática de afrontar los dilemas políticos, o una forma práctica para que el Estado, usando sus recursos, sin sujeción a la ley, cumpla sus funciones básicas de mantener el orden público interno y la integridad territorial. En este sentido, puede ser preferible iniciar un conflicto internacional de alcance limitado para impedir una guerra total o liberar a diez terroristas para capturar a cien. Es el criterio aritmético aplicado a los hechos sociales considerando a éstos como peras o manzanas que se pueden contar o separar, simplificando al absurdo los efectos ulteriores del ¨mal menor¨.Aquellos efectos pueden imaginarse, pero nunca podrán medirse para conocer previamente cuál será el resultado del mal por pequeño que parezca inicialmente, porque las variables del comportamiento del hombre y de los grupos sociales, hasta ahora no se encuentran en un programa computacional.

     Creo que todos entendemos el dilema político y las dudas de los gobernantes cuando deben asumir posiciones que repugnan a la conciencia moral en razón de lo que podría considerarse el interés superior de la sociedad.

     Pero, estas soluciones que obviamente entrañan un conflicto ético para el que debe resolver, no se pueden amparar en una inexistente regla moral, «del mal menor» cuando la decisión, de algún modo, significa provocar un daño premeditadamente, por pequeño que parezca al autor del mismo.

     La explicación, ya que no la justificación para estas acciones del político preferimos llamarla «razón de estado» forma eufemística de designar los actos fundamentalmente inmorales del estado, que son ejecutados en su propia defensa.

     La razón de estado no es necesariamente moral ni inmoral, es más bien amoral porque se invoca en los casos en que el gobernante, por propia decisión y asumiendo su responsabilidad ante la historia se pone por encima del bien y del mal.

     Esto fue lo que ocurrió, pero no creemos que deba recurrirse una vez más a la moral, tan traída y llevada para pretender blanquear el pasado y la conciencia.

                                                                                      Mario Alegría Alegría

Publicado en El Mercurio de Valparaíso, el 26 de Diciembre de 1996