En estos días se habla mucho de corrupción y hay una comisión de prohombres dedicados a sugerir las medidas necesarias para prevenirla y combatirla, ya que seria necio sostener que en Chile, como en todo el mundo, ella no ha existido desde siempre aunque en los últimos tiempos deba pensarse, con fundamento, que empieza a turbar seriamente la convivencia nacional. Sin embargo, hay una corrupción de la que poco se habla y que, sin embargo, afecta también seriamente a la comunidad.
Para mejor definirla recurro a esa inapreciable fuente del idioma que ayuda a aclarar conceptos: el diccionario de la Academia del que entresaco algunas acepciones del verbo corromper del que corrupción es su acción y efecto. Corromper. Sobornar o cohechar al juez o cualquier persona con dádivas o de otra manera, acepción tercera que parece ser la más conocida y usada en estos momentos. Pero, antes que ella hay otra acepción igualmente aplicable a la actividad pública. 2. «Corromper»: «echar a perder», «dañar», «podrir», menos conocida pero igualmente útil al caso.
El común de las personas habla «del Gobierno» para referirse a éste en un sentido específico, pero también incluye en el término al Parlamento, la administración pública y las empresas del estado, porque, en la práctica, las medidas de todos estos órganos, diferentes en doctrina, son semejantes en cuanto al efecto que, como conjunto, producen, sobre la vida diaria de los chilenos.
Cabe entonces preguntarse si no es también importante examinar si existe esa corrupción de «echar a perder» o, «dañar», en la actuación de tales entidades que, sin proponérselo pero debiendo saberlo, dañan injustificadamente la visión que se tiene del Gobierno como sinónimo de Ejecutivo.
Nos parece importante referirnos a estas materias porque la opinión pública en general, desconocedora de las técnicas jurídicas pero dotada de la percepción de lo bueno y lo malo de un sistema político, busca la justicia dentro de dos canales bien diferentes: los tribunales para las cosas particulares y las resoluciones de los órganos del estado para los asuntos generales ya que se piensa, no sin fundamento, que a ellos corresponde la defensa del bien común como valor superior de la convivencia nacional. En esta ocasión, diversas informaciones acerca del régimen interno del Parlamento y de algunas entidades dependientes de la Corfo creo que afectarán muy negativamente la visión que de uno y otras tiene el común de los chilenos.
En efecto, se «daña», se «echa a perder» o «se corrompe» una sociedad cuando los poderes públicos que se supone deben administrar con prudencia los fondos del estado que no son otra cosa que la suma de lo pagado por los contribuyentes (no consideremos este año la contribución de Codelco al presupuesto) los dilapidan en sueldos que no corresponden a la realidad nacional ni al mercado de trabajo.
En el cuadro que sigue a continuacion, tomaao ae ¡a información dada a conocer por el Almirante (R) don Fernando Navajas, sin ser desmentida (Diario Financiero de 14.07.94) y de recientes informaciones de «El Mercurio», aparecen situaciones que realmente afectan la equidad y prudencia en el uso de los caudales políticos.
Sueldos del Tesorero de la Cámara $2.434.744 líquidos, es decir más del doble que el Tesorero General de la República situado en el tope de la Escala Unica y con todas sus asignaciones, y también el doble o más del sueldo y asignaciones de un Ministro de la Corte Suprema.
Jefe de Redacción y Sub-Jefe de Redacción con más de $ 2.000.000 líquidos al mes, Taquígrafo $ 1.316.192. ¿Cuántos funcionarios más? Suponemos que ese personal se dedica a la redacción de las actas de la Corporación con sueldos que doblan los de un abogado jefe de cualquier servicio público. ¿Taquígrafo? El menos avisado de los chilenos se pregunta si con todos los sistemas electrónicos de grabación de las Cámaras, se requerirán todavía taquígrafos junto con esas dos personas de la Redacción que cuestan a los contribuyentes $6.000.000 o más si se incluyen impuestos y cuotas previsionales.
En «El Mercurio» de hoy (cuando escribo esta nota) aparecen avisos en que llama a concurso la Municipalidad de Valparaíso, para llenar diversas vacantes, con sueldos brutos que se indican: Ingeniero Civil, Arquitecto, Abogado, todos con $ 550.000 mensuales lo que les deja líquidos, menos de $ 550.000 que en el Congreso lo gana un auxiliar de comedores o una secretaria administrativa… ($ 559.613 y $ 550.712 líquidos, respectivamente).
Prosigamos, y, resumiendo para no cansar al lector. En el mismo concurso de la Municipalidad: un Ingeniero Comercial grado 10: $241.335 brutos; un Constructor Civil, $ 241.335, ambos profesionales universitarios con cinco años de estudios curriculares fuera de memoria y examen de grado. ¿Quien gana eso en el Congreso Nadie… (ni un copero, $ 329.371 líquidos ni una camarera, con $ 244.3.60 líquidos).
Suponemos que los señores parlamentarios desean ver siempre rostros alegres a su alrededor y que las familias de las personas a su servicio tengan lo necesario y en algunos casos… lo superfluo, pero al asignar estos sueldos, olvidan al Chile real, al jubilado con $40.000 o $50.000 mensuales que consume todo su ingreso en comer y en medicinas y paga sobre todos esos productos el IVA de un 18%. ¿Cuántos jubilados pagan impuestos para completar el sueldo de una secretaria administraiva?. ¿60, 70? y ¿qué pensará un profesor de enseñanza pública cuando observa que todos los sueldos de su escuela se pagarían de sobra con uno de los sueldos asignados a un «Oficial Mayor de Secretaría»?.
Parecidas reflexiones nos llevan también a recordar las muchas veces que la televisión nos muestra las sesiones de la Cámara de los Comunes de Gran Bretaña, en donde los parlamentarios se ubican en un espacio reducido que en Chile habrían considerado insuficiente los diputados de uno solo de los partidos importantes y que los hemiciclos recién inaugurados fueron modificados con reparaciones, que costaron decenas de millones de pesos para que los parlamentarios nacionales estuvieran más cómodos.
¿Cómo se explica este derroche a un país en que aún hay más de un millón de indigentes?
¿Cómo explica el señor parlamentario que reconoció en forma pública que corría en su auto a velocidades que excedían todas las autorizadas, que por lo mismo que él hace por gusto o pereza, al chofer que se gana la vida en la carretera se le aplica una suspensión de 30 días en su permiso de conducir privándosele de los recursos para alimentar a su familia? ¿Cómo explican el resto de los parlamentarios cuyas patentes tienen anotadas Carabineros para ahorrarse el bochorno de detener a un representante del pueblo con fuero por manejar su auto a velocidades prohibidas arriesgando la vida de sus semejantes? Pero, para muestra no basta un botón. En estos mismos días se anuncia en la prensa que Esval V Región se prepara para llenar dos cargos funcionarios con sueldos de $ 2.000.000 al mes, simplemente porque están en el escalafón. Y si así fuera, ¿qué justifica que Esval, una empresa que empieza a entregar funciones propias a particulares, mantenga una planta funcionaria ya hipertrofiada y que no hace sino crecer?
Dos cargos, para control legal y administrativo cuyos sueldos alcanzarían para pagar a cuatro funcionarios de la Contraloría General de la República de parecido rango y cuyas funciones creemos que son muchísimo más importantes que las de una «Empresa» que quiere conservarse sólo como una superestructura pagada por los usuarios del servicio que tenemos que consumir el agua más cara de Chile, para permitir que los políticos la asignen como «parcela» exclusiva o repartida.
No quiero continuar con un largo listado de hechos conocidos públicamente que son causa de desprestigio de los políticos y que, desafortunadamente los jóvenes extrapolan a la política, ese «arte de gobernar» que exige: inteligencia, probidad, sensibilidad, honestidad y tantas cosas que parecen perdidas en el pasado histórico de Chile, cuando la mayoría de los políticos no se sentía por encima de la ley, sino que la acataba y no administraban los fondos fiscales como propios, sino con la diligencia del «buen padre de familia» exigida por el Código Civil a los mandatarios privados y, con mayor motivo, a quienes detentan un mandato de elección popular.
Es lástima que la gente común confunda gobierno. con administración y legislación, y que, por eso mismo, se sienta desorientada con las comisiones investigadoras y las funciones fiscalizadoras de la Cámara de Diputados, a través de las cuales se pretende ejercer funciones que les entrega la Constitución, y porque cuando se sabe de esas actividades el común de los chilenos se pregunta: ¿quién controla al Parlamento? Y sus gastos tanto o más discrecionales que los gastos reservados del Ejecutivo? Y ¿quién pone término al derroche en las empresas del Estado, patrimonio de todos los chilenos?
Casi sin querer, vuelvo al Diccionario de la Lengua: «corromper», acepción 2: «echar a perder», «dañar».
Mario Alegría Alegría
Abogado.