En una nota anterior me referí al poder de los jueces del crimen y a su capacidad y atribuciones para investigar personalmente los delitos, con el auxilio de la policía, pero sin encargar a ésta la conducción de las diligencias indagatorias.

A los fiscales corresponderá ahora esa tarea, pero con muchisimos menos atribuciones, ya que tendrán que recurrir a menudo a los jueces de garantía para obtener las órdenes que hasta ahora, los jueces del antiguo sistema podían emitir por sí mismos.

Nadie puede saber como funcionará el sistema. salvo a través de las experiencias de otros países en que se encuentra establecida desde bastante tiempo la justicia que investiga, independiente del Juez que absuelve o condena en mérito de las pruebas recogidas por aquella. En Argentina y Perú existen fiscales y jueces, pero basta pensar en la calidad de la justicia en el último de los países citados para confirmarnos en la idea que la justicia, para ser tal, requiere más de hombres sabios que de leyes dictadas por legisladores sabios.

La otra condición, que de algún modo se corresponde con la idea ya expresada, es que a los jueces hay que dejarlos trabajar, con absoluta libertad y sin más controles que los establecidos en la Constitución y la ley. Por eso, ojalá que se mantenga lo que declara, en estos días, el Presidente de la Corte Suprema: que la justicia no está siendo presionada por el ejecutivo y que cierta campaña de descrédito obedece solamente a intereses políticos contingentes.

No hay motivos para dudar de tal afirmación atendida la fuente de que proviene y tranquiliza a quienes conocimos el régimen de nombramiento durante el último de los presidentes radicales en que había un turno para designar a jueces y ministros que correspondía a los tres partidos que formaban la coalición de gobierno: Radical, Conservador y Liberal.

Cierto es que el actual sistema de calificación de los funcionarios del escalafón primario, es bastante completo y transparente y que se enterró el viejo sistema de calificación en que los funcionarios cabían en sólo dos categorías, los buenos y los malos, según hubieran sido o no objeto de medidas disciplinarias.

Si el Poder Judicial ha hecho su trabajo, lo lógico será ahora que el ejecutivo y el legislativo hicieran el suyo: designar en las ternas y quinas que se le presenten a los mejores jueces, los incorruptibles, los insensibles al halago y las influencias de la familia y de los amigos, a los más honestos y celosos de su función pública que ¡ojalá también sepan mucho de derecho!

Para los fiscales, deseamos también las mismas cualidades, añadiendo una indispensable: recordar que, a diferencia de los jueces que pueden redactar las mejores sentencias en su escritorio, los fiscales deberán estar más tiempo en el terreno, en el lugar de los hechos, conocer a los delincuentes de su jurisdicción como antes lo hacían los buenos y honestos policías y dirigir la investigación desde la primera línea, teniendo en cuenta que les corresponderá no solamente perseguir la delincuencia sino impedir que la policía se corrompa en el permanente contacto con los delincuentes.

Y todo esto tendrá que hacerlo con facultades menguadas, ya que la prueba por excelencia de la participación delictual que muchas veces se obtenía libre y extemporáneamente como es la confesión, ahora le será difícil obtenerla, cuando él o la policía lea al detenido sus derechos entre los que va a resaltar el no decir nada que pueda incriminarlo. Triunfo absoluto de los derechos humanos… del delincuente, pero no de los del ofendido y de sus familias que verán librarse, en muchos casos, a los hechores de un crimen amparados en las dificultades que conlleva a veces el «debido proceso», para los ejecutores de la justicia.

No es este el lugar para emitir opiniones de doctrina penal, que tiene muchos defensores y algunos pocos escépticos, pero, con todas las dificultades propias de la puesta en marcha de un sistema procesal absolutamente diferente al que nos rigiera por casi 100 años, deseamos éxito en su misión a los nuevos fiscales. Advirtámosles, eso si, que para dar satisfacción a una sociedad acorralada por el delito, que necesita guardias privados y altas murallas en los mejores barrios y armas al alcance de la mano en las poblaciones marginales, para defender su integridad física y sus bienes requerirán entusiasmo y espíritu público y también imaginación y aplicación al trabajo, y una insobornable aspiración de lograr el equilibrio entre los derechos del ofendido y los del ofensor.

                                                                                   Mario Alegría Alegría

Publicado en El Mercurio de Valparaíso,el 22 de Enero del 2001

Hace unos días concurrió a mi oficina el hijo de un ex compañero del liceo que murió en un accidente en el Puerto a preguntarme por el estado de la causa en que se demanda indemnización por esa muerte, en favor de su cónyuge y de sus hijos.

Lo hizo con mucha cortesía, pero en el fondo había una queja implícita ¡Hasta cuándo!

En efecto, en primera instancia después de más de dos años de proceso se dictó una sentencia en que parcialmente se acogió nuestra  demanda, y como es habitual en estos casos, todas las partes involucradas apelamos y de eso ¿cuánto tiempo?  Revisamos el archivo y van a cumplirse dos años sin que la Corte de Apelaciones haya visto la causa.

Siempre en el mismo tono de cortés inquietud, me preguntó por qué su causa o la causa de su familia demoraba tanto en la Corte, cuando él sabía, por amigos que habían anulado su matrimonio, que el trámite total en esos juicios duraba unos cuatro meses y que en la Coite se fallaban esas causas en dos meses.

Me costó un poco decirle que eso ocurría porque un juicio de nulidad de matrimonio en que lo único que se hace, es revisar la corrección de una prueba mendaz pero simple y el cumplimiento de trámites de rutina, toma a un relator con cierta experiencia no más de veinte minutos de estudio y que, otro tanto, si no menos demora la sala correspondiente en fallarla, mientras que el litigio familiar no era tan fácil de estudiar por la variedad y extensión de la prueba rendida y que el fallo podría tomar muchas horas al redactor para hacer un buen trabajo.

Le expliqué, con la experiencia de varios períodos en que nos desempeñarnos en la Corte, hace cuarenta o más años funcionarios ahora alejados de la administración de justicia como Edgardo Pineda Yunge, jubilado como ministro de la Corte de Apelaciones de Valdivia y Eduardo Bravo Ubilla, actual Notario Público de Valparaíso que los Tribunales Superiores en Chile, siempre habían tenido considerable retraso, con contadas excepciones.

Eran otros tiempos y otros sistemas, la Corte de Apelaciones de Valparaíso como todas en Chile, trabajaban seis días a la semana y, a pesar de eso, mantenía un permanente atraso lo mismo que la Corte Suprema que creo nunca ha estado al día y, al decir «al día», pienso en un plazo no mayor de dos meses para que una causa que «queda en estado de tabla» efectivamente se inserte en el listado de las causas que las diversas Salas de las Cortes de Chile van a ver la semana siguiente.

Cierto es que en la década de los cincuenta el número de causas que ingresaban a los Tribunales de Alzada era mucho menor que hoy, pero cierto es también que el personal superior del Poder Judicial se ha duplicado y en algunos casos más que eso.

Como hemos dicho, el retardo existía, pero en esos años hubo dos Presidentes del Tribunal de Valparaíso, que al terminar su mandato anual dejaron la Corte absolutamente al día hasta el punto que los relatores tenían que buscar causas para preparar la tabla de la semana siguiente. Ellos fueron don Enrique Correa Labra y don Emilio Poblete Poblete, ambos dignísimos magistrados, eruditos y con enorme capacidad de trabajo que, con sobrados méritos, llegaron a la Corte Suprema. Pero la verdad es que allí, al parecer no pudieron vencer la inercia del sistema ya que, el señor Correa Labra siendo Presidente del Tribunal nunca logró lo que había conseguido en Valparaíso, ponerlo al día, y don Emilio Poblete, por razones que ignoramos y deplorarnos, estuvo unos pocos meses en la Corte Suprema antes de jubilar.

En las presidencias de los señores Correa y Poblete, todos los asiintos que podían legalmente despacharse en cuenta, el acuerdo acerca de los fallos y los plenos del Tribunal, se celebraban fuera de las horas de audiencia, dedicadas exclusivamente a la vista de las causas y las salas se instalaban puntualmente a las catorce horas.

Los dos dejaron la Corte al día, con un esfuerzo extraordinario es cierto, porque el retardo no se produce en un año sino en varios, incluso en muchos años, como es el caso de la Corte Suprema.

Hoy he traído a colación esos casos de sobra conocidos, porque es motivo de preocupación nacional la baja estimación que el ciudadano corriente tiene por la justicia y porque, se tramitan en el Congreso Nacional dos acusaciones constitucionales en contra de varios señores Ministros de la Corte Suprema que han desviado la atención de ese mismo público hacia circunstancias que pudieran afectar la honorabilidad de algunos magistrados.

Sin embargo mi percepción del problema es diferente; el Poder Judicial como tal en Chile, hasta ahora ha logrado mantenerse indemne a la corrupción, sin perjuicio de casos puntuales que alguna vez lo afectaron y que oportunamente él mismo corrigió con firmeza, eliminando a los funcionarios venales o curruptos.

Creo, por eso que la opinión peyorativa de la mayoría de los chilenos no se debe a que se considere corrupta a la justicia, sino que se le juzga ineficaz; y muchos creen que la justicia que tarda… simplemente no es justicia, porque cuando la indemnización que se debe y que se paga cinco o seis años después del siniestro no cumple verdaderamente el propósito de reparar el daño y porque quien ve inundarse su departamento por culpa o negligencia de su vecino del piso superior, no quiere saber nada con la justicia, cuando se le hace saber que tiene como perspectiva un litigio caro y de larguísimo trámite.

Faltan indudablemente modificaciones legales no solamente en materia de procedimientos penal como la que ahora se tramita, sino también del procedimiento civil para evitar innecesarias dilaciones y también nuevos tribunales de primera instancia pero ello no excusa el retardo de los tribunales superiores hasta el punto que hoy se observa.

Por eso el título de esta nota es: «no basta con ser honorables», porque como ya lo he señalado, los abogados, en general confiamos en la integridad de los jueces, pero los ciudadanos al término del siglo XX exigen también eficacia en los Poderes Públicos.

Y en este punto hay que recordar que el Congreso Nacional que también merece una pobre opinión a la opinión pública tiene un rezago de 600 proyectos de ley esperando que conozcan de ellos una Cámara de Diputados y un Senado que tiene sesiones: ¡2 días a la semana!

En esas circunstancias, el ciudadano común y corriente se pregunta ¿no significa eso también notable abandono de sus deberes?

Qué queda por hacer al Poder Judicial y al Legislativo, ¿esperar que operen los métodos de control externo establecidos en la Constitución o realizar en examen retrospectivo de su propio trabajo?

Confiamos mucho más en esto último, en que los legisladores y los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia reciban este aviso de la ciudadanía con el mismo espíritu de otros magistrados, tal vez un poco olvidados, pero que merecieron justo reconocimiento por haber sido no sólo honorables, sino también muy eficientes y con gran capacidad de sacrificio que es lo que ahora se pide a legisladores y juristas para que vuelvan a tener la estimación y el respeto de un país que en la medida que se desarrolla, exige más de los representantes de los poderes públicos.

                                                                                      Mario Alegría Alegría

Publicado en El Mercurio de Valparaíso, el 22 de Julio de 1997