Recientemente hemos asistido a una pública controversia entre el Gobierno y una estación de televisión que se ha negado a transmitir el spot oficial de la campaña contra el SIDA, prefiriendo el formato que el mismo canal preparara, basado en los principios y doctrina de la iglesia cuyo pensamiento lo inspira.

No ha sido bueno para nuestra democracia ver al jefe del Estado asumiendo el papel de defensor de la verdad oficial y usando términos descalificadores para otros programas del mismo canal. En efecto, es consubstancial de la democracia e intencionalmente, empleo un término de orígen teológico, la libertad de expresión.

Esta es la única posibilidad  de defenderse de la verdad oficial comprometida necesariamente con el poder politico.

Basta recordar a Galileo para darse cuenta del riesgo que significa que exista una verdad oficial, que lucha por imponerse y no por haber pasado algunos siglos desde que el científico debiera desdecirse, ha desaparecido el peligro que algunos politicos decidan «derogar» las leyes de Newton por parecerles contrarias al orden público.

Puede ser que no estemos de acuerdo con el contenido del mensaje de la emisora o que dudemos de su eficacia, pero no puede ninguna autoridad, cualquiera que sea su investidura, obligarla a que lo sustituya por la versión oficial para la misma campaña de prevención de la enfermedad.

Si se aceptara tal procedimiento o procurara convalidárselo a través de una ley que creemos sería manifiestamente inconstitucional, estaríamos enfrentado a un ataque insidioso y gravísimo a nuestra actual democracia, por imperfecta que nos parezca.

En efecto, el control de los medios de difusión de las ideas aunque se refiera aparentemente a sólo un segmento del mensaje radial o televisivo afectaría derechos claramente establecidos en la Constitución Política y en el marco jurídico que sirve a defenderla.

El peligro es aún mayor si se atiende a que un vocero oficial del Gobierno, recordó públicamente que los canales de televisión son «solamente concesiones»; ¿habría que concluir entonces que la autoridad pretende afectar dichas concesiones porque no le gusta lo que dicen o como lo dicen? Hay que recordar en este punto que las radiodifusoras también tienen en concesión la longitud de onda dentro de la frecuencia que transmiten. ¿El mensaje también se dirige a ellas?

Agreguemos a todo lo dicho que algunos parlamentarios de gobierno han expresado su opinión que la ley debiera obligar a los canales de televisión a difundir los mensajes «de bien público».

¿Y qué mensajes serían de bien público? Obviamente los que considere el gobierno de turno, para facilitar el manejo de la opinión en beneficio de las políticas oficiales.

El peligro que se ha anunciado en los últimos días es evidente y constituye el renacimiento de actitudes que creímos superadas por los políticos después de las traumáticas experiencias de nuestro pasado histórico de las últimas décadas.

Si se procesa adecuadamente esta información que es de público dominio y emanada de altas autoridades del Ejecutivo y del Parlamento, tenemos que concluir que se quiere asumir un papel tutelar de los medios de comunicación, recomendándoles, por ahora, lo que deben transmitir y recordándoles de paso que varios de ellos funcionan sobre la base de concesiones que pueden revocarse y, lo que es más grave, que se quiere imponerles más adelante lo que el gobierno desea que se transmita.

Es decir, estamos pasando de la verdad oficial a la consigna, con todo lo que ella conlleva de pernicioso para la libertad que se proclama defender.

                                                 Mario Alegría Alegría

Publicado en El Mercurio de Valparaíso el 24 de abril 1997