El 25 de abril del año pasado, en una nota publicada en estas mismas páginas me referí al “problema mapuche” y como de minoría postergada se la estaba transformando en privilegiada, olvidando a los otros chilenos igualmente mestizos en su mayoría, que no tienen siquiera un retazo de 100 metros de tierra para instalar una mediagua.
Hace pocos días, en El Mercurio de Santiago, el conocido historiador Sergio Villalobos se preocupa del tema con versación y profundidad y nos enfrenta al problema de la pérdida de unidad nacional con la creación de los estatutos de privilegio para las comunidades mapuches, situación que se agravaría si el Estado de Chile aprueba la última convención de las Naciones Unidas sobre las minorías nacionales.
Aunque Villalobos no lo dice, de aprobarse esta convención lo probable sería que en nuestro país se diera una situación parecida a Chiapas en México o de la zona de exclusión de las FARC en Colombia, con resultados impredecibles.
No es pura casualidad que en las notas televisadas veamos pasar a jóvenes mapuches enarbolando banderas que no son la chilena. Por otra parte existe el precedente del llamado Rey de la Araucanía, Oriele Antoine I. que el siglo XIX pretendió crear un estado indígena independiente, con él a la cabeza.
El plan actual sería bastante más sensato, a partir de la sobreprotección e independencia cultural y política que se gestiona para las minorías raciales o culturales.
Ya en nuestro país el estatuto especial para las tierras en posesión de los indígenas mapuches y pehuenches parece sustraerlas al régimen de la expropiación por causa de utilidad pública que afecta eventualmente a todos los predios de propiedad de los “huincas”, sin excepciones.
Así como en el Alto Bio Bio las hermanas Berta y Nicolaza Quintreman han hecho imposible la terminación de la central Ralco que, incorporada al sistema interconectado, alejaría el riesgo del racionamiento eléctrico que pudiera afectar toda la actividad económica nacional en el futuro cercano.
Con ellas hay que olvidar la idea del “indígena ingenuo” a quien se engaña en una negociación por el “huinca” que explota su ignorancia de los usos y costumbres de la sociedad capitalista. En efecto, por 7 hectáreas de sus tierras se ofreció a las hermanas la permuta por un predio de 140 hectáreas y, además, 200 millones de pesos.. que ya se quisieran los pobladores de un campamento completa en Chile Central para depositarlos como ahorro previo para acceder a una vivienda Serviu para varios cientos de familias, considerando la exigencia de 30 unidades de fomento por postulación.
Pero ellas han ido más allá, negociaron un preacuerdo con Endesa, no una promesa de venta o permuta, es decir, sin ninguna obligación con dicha empresa, y recibieron 10 millones de pesos cada una que ahora se niegan a devolver. Es decir Endesa fue por lana y salió trasquilada, negociando sus abogados con dos pehuenches que ahora tienen dinero para arreglar sus casas y quedarse indefinidamente con sus tierras.
Esto nos demuestra que los pueblos indígenas con el apoyo legal y el dinero de las ONGS, del propio Gobierno y con su conocimiento bastante cabal de lo que ocurre en nuestro país, no necesitan mas leyes de protección que aquellas destinadas a entregarles por el Estado las tierras que ya prometió y las mejoras en educación y salud que deberían favorecer a todos los chilenos.
Llevar más allá la defensa de la autodeterminación de las minorías socavaría las bases de nuestra unidad nacional, que se está construyendo tan trabajosamente después del quiebre institucional de los 70. Sería un verdadero crimen de “lesa patria”, aunque dudamos que esto importe mucho a sus patrocinadores, que se han caracterizado por el ataque sistemático a los valores tradicionales de la mayoría de los chilenos, para imponer los suyos, en clara contradicción con los principios de tolerancia que proclaman.
Creemos que el ejemplo de las hermanas Quintreman ahorra mayores comentarios respecto de la habilidad de los pueblos indígenas o mestizos que viven en Chile para defender sus propios intereses y que insistir en crear estatutos de excepción para algunos grupos de chilenos constituye una discriminación positiva injusta cuando no alcanza también a otros sectores con carencias evidentes, pero cuya solución no “viste” internacionalmente la imagen del Gobierno.
Mario Alegría Alegría
Publicado en el diario El Mercurio de Valparaíso, el 15 de enero del 2002