Recientemente hemos asistido a una pública controversia entre el Gobierno y una estación de televisión que se ha negado a transmitir el spot oficial de la campaña contra el SIDA, prefiriendo el formato que el mismo canal preparara, basado en los principios y doctrina de la iglesia cuyo pensamiento lo inspira.

No ha sido bueno para nuestra democracia ver al jefe del Estado asumiendo el papel de defensor de la verdad oficial y usando términos descalificadores para otros programas del mismo canal. En efecto, es consubstancial de la democracia e intencionalmente, empleo un término de orígen teológico, la libertad de expresión.

Esta es la única posibilidad  de defenderse de la verdad oficial comprometida necesariamente con el poder politico.

Basta recordar a Galileo para darse cuenta del riesgo que significa que exista una verdad oficial, que lucha por imponerse y no por haber pasado algunos siglos desde que el científico debiera desdecirse, ha desaparecido el peligro que algunos politicos decidan «derogar» las leyes de Newton por parecerles contrarias al orden público.

Puede ser que no estemos de acuerdo con el contenido del mensaje de la emisora o que dudemos de su eficacia, pero no puede ninguna autoridad, cualquiera que sea su investidura, obligarla a que lo sustituya por la versión oficial para la misma campaña de prevención de la enfermedad.

Si se aceptara tal procedimiento o procurara convalidárselo a través de una ley que creemos sería manifiestamente inconstitucional, estaríamos enfrentado a un ataque insidioso y gravísimo a nuestra actual democracia, por imperfecta que nos parezca.

En efecto, el control de los medios de difusión de las ideas aunque se refiera aparentemente a sólo un segmento del mensaje radial o televisivo afectaría derechos claramente establecidos en la Constitución Política y en el marco jurídico que sirve a defenderla.

El peligro es aún mayor si se atiende a que un vocero oficial del Gobierno, recordó públicamente que los canales de televisión son «solamente concesiones»; ¿habría que concluir entonces que la autoridad pretende afectar dichas concesiones porque no le gusta lo que dicen o como lo dicen? Hay que recordar en este punto que las radiodifusoras también tienen en concesión la longitud de onda dentro de la frecuencia que transmiten. ¿El mensaje también se dirige a ellas?

Agreguemos a todo lo dicho que algunos parlamentarios de gobierno han expresado su opinión que la ley debiera obligar a los canales de televisión a difundir los mensajes «de bien público».

¿Y qué mensajes serían de bien público? Obviamente los que considere el gobierno de turno, para facilitar el manejo de la opinión en beneficio de las políticas oficiales.

El peligro que se ha anunciado en los últimos días es evidente y constituye el renacimiento de actitudes que creímos superadas por los políticos después de las traumáticas experiencias de nuestro pasado histórico de las últimas décadas.

Si se procesa adecuadamente esta información que es de público dominio y emanada de altas autoridades del Ejecutivo y del Parlamento, tenemos que concluir que se quiere asumir un papel tutelar de los medios de comunicación, recomendándoles, por ahora, lo que deben transmitir y recordándoles de paso que varios de ellos funcionan sobre la base de concesiones que pueden revocarse y, lo que es más grave, que se quiere imponerles más adelante lo que el gobierno desea que se transmita.

Es decir, estamos pasando de la verdad oficial a la consigna, con todo lo que ella conlleva de pernicioso para la libertad que se proclama defender.

                                                 Mario Alegría Alegría

Publicado en El Mercurio de Valparaíso el 24 de abril 1997

La antigua sentencia que sirve de título a esta nota se pone de actualidad en estos días. Los padres conscriptos para seguir usando la terminología de la antigüedad clásica, han decidido que, aunque el eventual traslado del Congreso Nacional de Valparaíso a Santiago, signifique ingentes gastos, y ellos sean de iniciativa del Ejecutivo, pueden pronunciarse sobre dicho traslado.

Cinco horas de discusión en Sala y otras muchas en comisión para llegar a este resultado: 22 votos por 16 gana la alternativa favorable a pronunciarse sobre el traslado.

El ciudadano corriente que lee los periódicos para encontrarse informado piensa si éste será un juego de entretención del Internet que han descubierto los politicos para emplear sus ratos de ocio remunerado por los contribuyentes.

Juego peligroso cual el que más, éste de la clase chilena, porque la noticia también llega a las poblaciones marginales esas que se inundan en el invierno o, cuando más favorecidas, ven sus calles transformadas en lodazales todos los años, cuando sus habitantes salen por las mañanas al trabajo desde sus hogares compartidos a veces con algún allegado que sobrevive con una pensión asistencial de menos de 40.000 mensuales.

También saben de la noticia, los profesores que ganan $ 150.000 mensuales o menos y los carabineros y soldados que reciben $ 70.000 liquidos al mes por exponer su salud y sus vidas para proteger el orden público interno, la seguridad de nuestros conciudadanos y la integridad de nuestras fronteras, y hasta los jubilados que esperan un bono de $ 20.000 que los ayude a pasar el invierno. Y así también se esperan en Chile caminos, puentes, postas de primeros auxilios y hospitales y ayuda a los enfermos que, para sobrevivir, necesitan un trasplante de órgano sin tener dinero para costearlo.

-¿Cuánto cuesta el traslado del Congreso?: ¿1.000 millones de dólares? ¿Tal vez sólo 500 millones? ¿y para qué? Como no sea para hacer más cómoda la función parlamentaria, para encontrarse al lado de las directivas que consagran a los que van a ser electos a través de procesos cuyo costo también pagaremos los contribuyentes.

Ni senadores, ni diputados, ni los demás politicos de las cúpulas de los partidos quieren moverse de Santiago para poder así gozar de cerca los halagos del poder, para hacer más fácil sus presentaciones en programas de televisión, sus fotos en las crónicas de vida social y hasta sus entrevistas para las llamadas «revistas del corazón», porque todas esas actividades significan mantenerse «en vitrina» para una nueva postulación.

Se han olvidado que, desde los primeros años de nuestra vida independiente se pensó alguna vez que el Congreso requería alejarse de Santiago para cumplir tranquilamente sus labores legislativas. Así fue como Valparaíso albergó al Congreso Constituyente que preparó y aprobó la Constitución de 1828.

Las razones que se dieron entonces, son también válidas ahora, alejar a los legisladores de los cenáculos políticos santiaguinos.

Con la Constitución de 1980 también se quiso que los legisladores trabajaran tranquilos en la más importante función política del Estado: legislar y además producir una efectiva descentralización del poder y, de paso, descongestionar Santiago.

Desde «El Espíritu de las Leyes» de Montesquieu, se ha considerado la necesidad de privilegiar la función legislativa independizándola de las presiones de todo tipo que conturban el empleo de la sabiduría que debiera impregnar la labor de los legisladores. El reposo y el estudio que difícilmente se concibe en quienes han corrido a 140 Kms. por hora para llegar a tiempo… o atrasados a una sesión de comité o de Sala.

¿Qué argumento válido que no sea de mera autocomplacencia, cuando no de sobrado egoísmo, puede darse para gastar cuando menos US$ 500.000.000 en forma superflua, a los niños que, pasan hambre y frío en las poblaciones que más de algún parlamentario no ha visitado más que en periodo de elecciones, a los enfermos que esperan por meses ser intervenidos en hospitales que solamente necesitan recursos para trabajar en turnos especiales para terminar con las «listas de espera», para atender patologías que no tienen otro tratamiento indicado que la cirugía?

¿Valdrán esas voces que parecen clamar en el desierto, junto a otras que sin tener tal estado de necesidad absoluta requieren no ya que el dinero del traslado se aplique a solucionar necesidades tan premiosas, sino que los señores parlamentarios trabajen en su labor legislativa al menos 4 días a la semana y no diez días en cuatro meses para aprobar proyectos que duermen por años en el Congreso, los que resolverían importantes problemas que ensombrecen la vida cotidiana?

¿Se preocupará algunas vez la clase política en Chile de otra cosa que no sea defender sus privilegios para atender deberes que abandona en favor de actividades «light», para usar un término de moda? ¿Los políticos y los miembros del Congreso a los que elegimos con nuestros sufragios tienen derecho a la autocomplacencia, al descuido de sus funciones, a desoír el clamor de quienes no tienen voz para proclamar su desencanto, y de los jóvenes que no quieren saber nada de la política porque la sienten extraña a sus problemas existenciales?

Hay, es cierto, una corta mayoría de hombres politicos que escapan a esta crítica pero su ejemplo no hace sino demostrar la «insoportable levedad» de sus demás congéneres.

Los dioses han cegado a muchos políticos que creen estar mas allá del bien y del mal; pero tengan en cuenta que si su propio destino es perderse, no tienen derecho a arrastrar con ellos y por su culpa, la suerte del Estado y de sus instituciones.

Publicado en el Diario El Mercurio de Valparaíso el 27 de mayo 1996

Mario Alegría A.

En este último tiempo hemos oído, con frecuencia, a parlamentarios de todos los

partidos políticos referirse o hacer cuestión de principios con relación a materias

muy diversas, tales como reformas constitucionales en actual trámite o defensa de

los derechos humanos.

     Creemos que, en más de una ocasión, se equivocan o confunden voluntariamente, los principios con los fines y, por eso, la presente reflexión.

     Recurriendo al diccionario de la Academia para tratar de resolver este intríngulis de los principios, entre la docena de acepciones del término, encuentro una que parece corresponder a la intención con que se la usa frecuentemente como excusa cual sería: «base, fundamento, origen, razón fundamental sobre la cual se procede discurriendo en cualquier materia.

     Procurando ahora, desentrañar el sentido críptico con que la han empleado algunos parlamentarios disidentes de la opinión de la directiva de su partido referente a las reformas constitucionales, creemos propio precisar lo que es un partido político. Usaremos, para ello, una definición de Luís Sánchez Agesta que nos dice que «los partidos políticos son formas de organización de la clase política cuyo fin inmediato es la posesión y el ejercicio del poder políticos organizado para establecer, reformar o defender un orden como articulación de los fines que responden a las convicciones comunes de sus miembros».

     Agrega el mismo autor que: «en todos los regímenes en que las funciones públicas se proveen por elección, el procedimiento de acceso (al ejercicio del poder) es la presentación de miembros del partido como candidatos de un partido en las elección». Tal es el caso de Chile, en que la gran mayoría de los parlamentarios, lo son únicamente por haber sido designados como candidatos de partido en las elecciones populares. Como alguna vez sostuvimos en estas mismas columnas, estos son los «otros designados», ya que el partido o combinación de partidos que los presentan a la elección, tienen calculado un electorado más o menos seguro que les otorgará su sufragio siguiendo su tendencia política aunque el candidato le desagrade. De este modo, la elección popular se mediatiza y, en sentido técnico, la autoridad suprema pasa a la cúpula partidaria y el electorado conserva sólo nominalmente la soberanía.

     En estas circunstancias, los parlamentarios «rebeldes» frente a los organismos superiores del partido que se supone representan las «convicciones comunes de sus miembros» están faltando gravemente a los principios de todo partido, ya que «su origen» y «razón fundamental» es servir de cauces disciplinados a las opiniones políticas para permitir que funcione armónicamente el órgano legislativo del Estado.

     Los parlamentarios en Chile, salvo una corta minoría, no obtuvieron los votos populares por sus merecimientos especiales o por su carisma sino porque su partido, reunido con otros de parecida orientación los designó para figurar como candidatos en la lista común. Los únicos votos propios si así pudiere decirse son los votos de los candidatos independientes tan execrados por la clase política que acaba de aumentar las trabas para que se presenten sin el respaldo de los partidos.

     En otros términos, los verdaderos principios del hombre político la razón por la cual discurre en materia política es «porque como miembro de una organización de este tipo se somete a su disciplina interna y a las convicciones comunes de sus miembros». El político que pertenece a un partido pierde una cuota importante de su libertad, porque su voluntad debe subordinarse a los órganos de decisión del partido. Si fuere de otro modo se desnaturalizaría el propósito y más que eso, «los principios» que sirven de fundamento al funcionamiento de los partidos en las democracias representativas.

     Por «razón de principios» no son tan libres como quisieran tratándose de materias atingentes a la organización del Estado. Las únicas objeciones válidas serían las llamadas «cuestiones de conciencia», o aquellos problemas morales de gran trascendencia sobre los que las directivas quisieran imponer sus acuerdos.

     Pocas cuestiones de principios pueden vincularse a la organización de los poderes públicos a menos que las reformas atenten contra los fundamentos mismos del sistema democrático vigente. Pensamos que, la mayoría de los parlamentarios chilenos no debieran tener escrúpulos de conciencia en estas materias ya que recientemente acordaron postergar las elecciones de concejales prorrogando, de éste modo, sus mandatos constitucionales, sin consulta a los electores que son quienes detentan la soberanía y que los designaron por plazos más cortos. Hacer lo que conviene a los partidos y no cumplir la voluntad de los ciudadanos, sí que es una violación a los principios que sirven de fundamento a las democracias representativas.

El autor de esta nota, no juzga, en este caso si las reformas constitucionales propuestas por el Ejecutivo, son buenas o inconvenientes para el interés nacional, sino exclusivamente la inconsecuencia de la clase política chilena que recurre a excusas casi pueriles para justificarse.

     Desafortunadamente las inconsecuencias no son patrimonio de un solo partido político porque hay otros de sobra conocidos que tienen un doble estándar para asumir la defensa de los derechos humanos, lo que sí es una cuestión de principios, porque nadie podría «discurrir» en estas materias a partir de la generación del más preciado de los bienes jurídicos protegidos, cual es la vida’ humana sin embargo, hay permanentes defensores de derechos humanos y partidarios de perseguir a todos los trasgresores, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde la comisión de los delitos que han hecho pública su opinión, para despenalizar el aborto, lo que es una forma eufemística de autorizarlo.

     ¿Cuál es el criterio para defender principios en este caso? La vida humana no es una sola y merece por su naturaleza el respeto y protección de la ley?

     Triste sería concluir que la diferencia se produce porque los que sufrieron vejámenes y tortura y sus familiares son votos que cuentan en una elección, mientras que los niños a que se dio muerte en el vientre de sus madres nunca harán oír su voz, ni podrán votar en favor de nadie.

     Creo, por eso, que casi todos los chilenos desearíamos que hubiera más parlamentarios auténticamente independientes, cuya sola conciencia orientara su actuación sin tener que rendir cuenta a las cúpulas del partido ni justificar los medios para lograr sus fines, pero las reglas del juego son otras y han sido  acordadas por los mismos que encuentran excusa en los principios para sus inconsecuencias.

     La disciplina partidaria y el doble estándar que se aplica en las verdaderas cuestiones de principios son factores importantes en el descrédito de la clase política, sobre todo frente a los jóvenes quienes solamente respetan a los hombres públicos que, equivocados o en lo cierto, actúan en una sola línea conocida y ajena a intereses coyunturales de grupo.

Mario Alegría Alegría