En tiempos ya idos pero no tan lejanos, en las familias de clase media chilena, era costumbre guardar con celo algún pendiente de brillantes de una abuela para que lo recibiera como regalo la cónyuge del hijo mayor y que éste se esmerara, durante las largas vidas en común de entonces, por sumar otras joyas compradas con su esfuerzo. Es así como se agregaba anillos, pulseras, «placas de brillantes» que fueron la moda de los años cuarenta, collares y prendedores, todas ellas de valor intrínseco y sentimental.

En tiempos en que no existían fondos mutuos, en que los depósitos en dólares estaban prohibidos y que las otras operaciones bancarias parecían privilegio de las grandes fortunas, solamente quedaban para los estratos C2 hacia abajo: la «libreta de la Caja de Ahorros», para juntar dinero para la educación de los hijos que casi siempre venían en números superiores a cuatro; o la inversión en esos objetos de claro valor intrínseco.

Las joyas de familia eran adorno para la dueña de casa y también refugio para recurrir cuando necesidades premiosas lo ameritaban, caso en que se reducían a dinero que servía para pagar los gastos de una larga enfermedad o los estudios universitarios de un hijo. Se la estimaba también por eso, una inversión que nunca se habría liquidado sin un motivo serio y apremiante; jamás habría servido para pagar una gran fiesta, ni siquiera unas justificadas vacaciones.

En los países en desarrollo en nuestra américa morena, según fuera el signo político de los gobernantes, se invirtieron durante el siglo pasado y desde antes parte mayor o menor del ingreso tributario y a veces de los empréstitos fiscales en construcción de obras públicas, plantas industriales o extractivas de materias primas o en creación de empresas de servicios públicos. En nuestro país, aún antes de que se iniciara el fructífero esfuerzo de la Corfo, existían servicios públicos del Estado, algunos tan importantes como los ferrocarriles, orgullo nacional en sus tiempos.

En mayor o en menor, medida también en México con el PR!, en Brasil desde Getulio Vargas, en Argentina desde el Gobierno de Perón, en Perú desde el tiempo de Leguía y más tarde de Velasco Alvarado, ya fuere en un impulso nacionalista, o socializante, el Estado tuvo a su cargo y financió no solamente obras públicas, sino la expropiación de industrias privadas de todo tipo y creó empresas del Estado para atender servicios públicos indispensables.

Estas fueron a nuestro entender las «joyas de familia» de nuestros países, adquiridas con el esfuerzo de todos, puestas después al servicio de todos, pero, especialmente, de una enorme burocracia que sirvió para pagar favores políticos y, en más de una ocasión, para favorecer una desenfrenada corrupción al amparo de las enormes sumas de dinero que ingresaban a estos monopolios estatales cuyas tarifas fijaba el Estado.

Cuando esto ocurrió y, sobre todo cuando los Gobiernos Latinoamericanos, desde la década de los ochenta, adhirieron en mayor o menor medida a la economía de mercado, los gobiernos vieron en la venta de estas empresas, algunas de las cuales habían pasado a ser deficitarias por el peso de su burocracia o por fallas de gestión, una fuente de enormes ingresos si se las licitaba internacionalmente, para que organizaciones privadas, que sí sabían administrar y tenían dinero para capitalizarlas, pagaran por ellas cientos o miles de millones de dólares; y así lo hicieron, Chile, Argentina, Brasil, México y ahora Perú, por citar en relativo orden cronológico estas ventas. El proceso fue un éxito y se allegaron el patrimonio de los estados muchos miles de millones de dólares, pero, al revés de las joyas de familia que se vendían con un fin específico y de verdadero provecho, el precio que se obtuvo en el caso de los Estados, fue a los fondos generales de las naciones, generando falsos superávit u ocultando déficits, para que los analistas financieros justificaran nuevos préstamos de organismos internacionales y de la banca privada que crearon la falsa prosperidad de los años 90.

De los penosos resultados de estas políticas hasta ahora sólo se salva nuestro país, no sabemos hasta cuándo, pero ahora a la lista de Argentina, Uruguay y Brasil se suma México, que según sus propios analistas lleva el camino de Argentina, con pasivos externos que ya a fines del 2000 excedían los 360.000 millones de dólares. Y a México, como a los otros países latinoamericanos, ya no le quedan «Joyas de familia», que lo ayuden en esta coyuntura.

Mario Alegría A.

Publicado en El Mercurio de Valparaíso el 4 de Julio de 2002

En un reportaje periodístico, aparece un completo panorama de la movilización colectiva en la Capital, incluyendo lo que ganan, en promedio, los 15.000 choferes de buses que conducen los 10.000 vehículos que saturan las calles de la ciudad.

De acuerdo con la información allí contenida, en promedio, un chofer gana entre 250 y 300 mil pesos mensuales que corresponden al valor de un 15% de los boletos que corta y, a ese monto se agregan entre 10 y 20 mil pesos achicando los boletos que emite, para sacar 3 de 2 o menos si la ocasión lo permite, usando boletos usados o de un rollo comprado en forma irregular o, simplemente, no dando el boleto. El sistema resulta conocido para los usuarios que no acostumbramos reclamar de estas trampas que toda la comunidad acepta calladamente.

Fuera de estas irregularidades, los choferes no aceptan que se le hagan imposiciones por más de 100 mil pesos al mes, a fin de obtener un saldo liquido mayor.

Los empresarios reconocen que todos estos hechos ocurren pero que no tendrían cómo evitarlos.

Por nuestra parte, el análisis que hacemos es bastante diverso, creernos que los empresarios, por ejemplo, podrían poner término al corte de boletos «pequeños» aun antes de tener sistemas de cobro automático que lo impida, si en vez de usar rollos de papel impresos como boletos, usaran boletos de cartulina con un expedidor simple que los inutilizara visiblemente al extraerlos. El mayor costo por los 500 boletos que un chofer «corta» al día no sería significativo y pondría las cosas en su lugar, pero lo cierto es que los empresarios no se atreven a afrontar al gremio, como tampoco las autoridades, a pesar de conocer los perniciosos efectos de esta «máquina», así montada.

Examinemos los hechos y calculemos la incidencia de cifras pequeñas cuando se multiplican por 15.000. Si las declaraciones de los involucrados son correctas y no hubo nadie que las desmintiera, tenemos que en la capital, un chofer de la movilización colectiva gana en promedio, entre 450 y 500 mil pesos, y hace imposiciones para jubilación y salud por no más de 100 mil, al mes.

De esto resulta que de sus cotizaciones para el sistema de pensiones y de salud escamotean, en el primer caso, 34 mil pesos al mes como mínimo y para las prestaciones de salud, $ 24.500. Como el número de choferes alcanza a 15.000 anualmente, el sistema de AFP, deja de percibir, 6.300 millones de pesos y el sistema de Salud, 4.410 millones. Como un resultado fácilmente previsible, hay que concluir que las pensiones de jubilación de los choferes serán tan malas que el Estado, en algún momento tendría que suplirlas con servicios gratuitos costeados por toda la población. Por otra parte, demás está decir que si al presupuesto de salud de la Región Metropolitana se agregarán más de diez millones de dólares al año, la calidad del servicio mejoraría en forma significativa sobre todo si esta cantidad se dedicara a la compra de insumos para los hospitales. Como si fuera poco, y entretanto, los choferes y sus familias reciben del sistema de salud las mismas prestaciones que los que cotizan honestamente el 7% de sus salarios reales.

Pero las cosas no llegan solamente hasta allí, porque también hay una defraudación al Fisco aunque de menor envergadura En efecto un sueldo imponible de 100 mil pesos no esta afecto a impuesto único de segunda categoría pero sí el de 500 mil pesos al mes que pagaría unos $ 132.000 al año. De este modo, el total de los choferes dejan de pagar al Fisco unos mil novecientos millones al año, si las cosas ocurren como se han relatado, ya que no puede haber errores numéricos en cálculos tan simples.

Ahora, y siguiendo con el análisis de la «diabladura» de quedarse con dinero de los empresarios es éste un delito severamente penado por la leyy que los tribunales pueden perseguir de oficio, es decir, sin denuncia, si los hechos son públicos, notorios y conocidos, como en este caso. La única ligera dificultad, sería determinar si son sancionados como estaf del art. 470 de Código Penal o como falsificación de instrumento privado con perjuicio de tercero, ya que entendemos que las planillas con los boletos vendidos las prepara el propio chofer, con los datos adulterados en la forma que se ha dicho.

La pregunta del resto de la comunidad que observa silenciosa esta organización que sustrae tan importantes recursos al sistema de pensiones, a la salud y al Fisco y que delinque día a día en la total impunidad, es ¿quién le pone el cascabel al gato?

¿ El Gobierno, vale decir el Ministerio de Transportes, reglamentando la emisión de boletos y el del Trabajo enviando permanentemente inspectores que sorprendan y denuncien  estas irregularidades? ¿ Los Tribunales de Justicia que debieran proceder de oficio investigando estos miles de delitos reiterados cometidos a diario en sus jurisdicciones? ¿ Las Municipalidades querellándose en resguardo de los intereses de la comunidad?

Mario Alegría Alegría.

Publicado en El Mercurio de Valparaíso el 10 de Febrero de 1997

Leyendo hace unos días el listado de las indemnizaciones pagadas a algunos altos funcionarios de empresas públicas de la región, al término voluntario o no de sus funciones me vinieron a la mente algunos ejemplos del pasado, talvez debido a mi afición por la historia. Así desfilaron: Portales, quien, desprovisto de fortuna y acosado por las deudas, usó su sueldo de Ministro para beneficiar a desvalidos, incluso a los afectados por su política autoritaria, a Manuel Montt y Anibal Pinto, que al expirar sus mandatos presidenciales debieron trabajar, a veces modestamente para subsistir.

Pero como también la historia enseña que los hechos hay que ubicarlos en su contexto, concluí que el sacrificio por la causa pública ya solo podría ser objeto de risa, si no de sarcasmo en el Chile del 2000.

Sin embargo, tomando pie en la teoría de la espiral histórica y de las vueltas de ésta, me alejé hasta los siglos XV y XVI, con la España de la Reconquista para encontrarme con Gonzalo Fernández de Córdova, más conocido como «el Gran Capitán» por sus famosas «cuentas» al termino de sus funciones en 1506 por decisión del rey Fernando. Las razones para la «renuncia no voluntaria» del Gran Capitán fue el abuso que hizo de sus funciones repartiendo ciudades y estados entre sus oficiales y beneficios eclesiásticos. El Gran Capitán para ajustar sus cuentas incluyó una glosa exorbitante por «picos, palas y azadones» con lo cual, en el papel por lo menos se avinieron con la aritmética.

Esa glosa me pareció semejante a los casos en comento en que se pago a uno de los altos funcionarios la suma de más de 68 millones de pesos por compensación de feriados», talvez, para ajustar las cuentas.

Se dice que las rentas e indemnizaciones en las empresas públicas corresponden a las del mercado; pero la verdad es que en las más grandes empresas privadas de Chile, a los ejecutivos de alto rango no se les pagan ni horas extraordinarias, ni se le compensa los feriados o vacaciones y más bien se mira con cierta desconfianza que no se haga uso en ocasión y forma oportuna de ellos.

Pero, al parecer, en algunas empresas públicas, los ejecutivos trabajaron todos los feriados, no tuvieron vacaciones ni descanso, ya que no de otro modo se explican 68 millones de pesos de «compensación» que es lo que un chileno modesto gana en toda una vida de trabajo y que habría bastado para construir unas 25 casas o departamentos al Serviu para dar techo a otras tantas familias.

Pero, como lo excepcional es trabajar los feriados creemos que el Directorio actual y los Gerentes de las empresas que pagaron esas «compensaciones» deberán investigar si corresponden a días efectivamente trabajados con el examen los documentos suscritos en esos días o con las actas de reuniones que se habrían celebrado en tales feriados.

Si efectivamente los feriados se trabajaron, los beneficiados con el pago podrán acreditarlo en forma legal, es decir como corresponde o habrá que concluir que existió lo que se denomina un «pago de lo no debido» y que la empresa pública pueden accionar para que se devuelvan encontrándose en plazo para hacerlo, ya que por las fechas de los finiquitos pagos las acciones no se encuentran prescritas. De esta manera, el Fisco recuperará sumas considerables de dinero para incrementar los ingresos «no tributarios» del presupuesto nacional.

Si ahora se han hecho públicos estos actos que desprestigian a algunos personajes de grande o mediana figuración política, parece la oportunidad para esclarecer absolutamente lo ocurrido aplicando los partidos las sanciones ejemplarizadoras que correspondan si se trata de militantes registrados. Además, aprovechando la actual iniciativa para legislar respecto del manejo de las empresas públicas, deberán prohibirse en forma expresa, ciertas formas de autocontratación que permitió a los propios gerentes subir sus sueldos y sobre todo, que los ejecutivos que, negocian los contratos colectivos puedan verse favorecidos con los mismos beneficios que se acuerden para el resto de los trabajadores, ya que es obvio que carecerán, como hasta ahora han carecido, de imparcialidad para negar peticiones que aunque excesivas podrían, en su momento, favorecerlos.

Para que la clase política se reconcilie con el Chile real, con el que trabaja y se esfuerza, sin granjerías injustas se pide al Gobierno y a las empresas públicas que retribuyan a sus funcionarios con equidad, incluso con cierta generosidad, pero sin abusos, ya que, es definitiva esos pagos fueron recursos que se sustrajeron al erario público, es decir, a todos los chilenos. En efecto, no pueden excusarse quienes autorizaron los pagos con que no se afectó el patrimonio fiscal con estas indemnizaciones, sino que, la pérdida la hicieron empresas fiscales monopólicas, porque lo cierto es que las utilidades, si las hubiere, conforman parte de los ingresos «no tributarios» del presupuesto fiscal.

Es la gran oportunidad para que los políticos se reivindiquen, expulsando del partido a los que aprovecharon en su beneficio el patrimonio de las empresas públicas y, llevándolos, en su caso, ante los tribunales si existió pago de lo no debido en sus indemnizaciones. De esta manera, talvez los jóvenes empezarán a reconciliarse con una clase política, que no solamente les mezquina la participación sino que en estos últimos años ha permitido que se debilite la honestidad que fue su principal sustento.

Mario Alegría Alegría.

Publicado el 23 de Noviembre de 2000