Después de las elecciones y en vista de las ingentes sumas de dinero invertidas por los candidatos vencedores y también por los vencidos, para lograr el apetecido sillón en el Congreso Nacional, han vuelto a elevarse las voces de algunas directivas partidarias para que el fisco financie las actividades políticas cuando están organizadas como partidos legalmente reconocidos.

La monserga es conocida: que la democracia exige la existencia de dichas organizaciones y que, si se quiere que las ideas y programas que unas y otras proclaman tengan la debida difusión y alcancen su expresión proporcional en las urnas, se requiere que el Estado les asegure los recursos que necesitan sin tener que extender la mano a los económicamente poderosos. En efecto tales «ayudas» de un modo u otro conllevan compromisos futuros que atentan contra la necesaria imparcialidad del legislador, y bueno sería que ellas no existieran; pero aún si así fuere, siempre habrá candidatos que, de su propio peculio, podrán costear sus campanas aunque signifique la inversión de vanos millones de dólares (moneda en que se acostumbra hacer los cálculos cuando se trata de las senaturías o de alguna diputación privilegiada).

Lo apropiado, por eso, sería establecer una cantidad máxima para el gasto en propaganda de los candidatos con sanciones drásticas, incluso la descalificación, si ésta se excediera, entregando el conocimiento de los reclamos a los tribunales.

Si tal posibilidad tampoco resultare satisfactoria para los que estiman que sería causa de reclamos inacabables o de difícil solución y que más de un candidato adinerado pudiere excluir a sus contendores inundando las calles de propaganda con sus retratos, o con afiches costeados de su propio peculio, aún hay una alternativa que creemos satisfaría a la mayoría de los chilenos.

En efecto, hay países, como Alemania, donde el contribuyente determina a qué confesión religiosa desea que se dirija una parte proporcional de los impuestos que paga y que el Estado entrega a las Iglesias respectivas según el número de sus adherentes.

En el caso chileno, si se desea financiar a los partidos políticos, talvez sería apropiado que se autorizara a los contribuyentes de impuesto a la renta para que en sus declaraciones asignen una proporción del impuesto que deban pagar, al sostenimiento de esas entidades.

Pero, como ya se ha advertido que no todos los contribuyentes asignan a los actuales partidos políticos la importancia que sus dirigentes les atribuyen, justo sería abrir un abanico más amplio de alternativas para la aplicación de dicha cuota de los impuestos directos que pagamos. Así, por ejemplo, podrían también ser asignatarios: las iglesias reconocidas legalmente en Chile o alguna de las corporaciones de beneficencia que figuraren en una lista que formaría el Ministerio de Justicia, a petición de ellas por supuesto.

El procedimiento sería muy simple, la declaración de impuestos la harían aun aquellos que ahora no la hacen por tener como único ingreso su sueldo pero que deben pagar impuesto a la renta por el nivel de ésta. Y en un cuadrante pequeño, el declarante agregaría un número que correspondería ya sea al financiamiento de los partidos, al de alguna iglesia reconocida legalmente o a una fundación de beneficencia del listado.

De este modo, la clase política podría acceder a tales beneficios si la opinión pública justifica sus esfuerzos y en caso contrario las iglesias o las fundaciones de beneficencia destinadas a la protección de los desvalidos y de los enfermos o a la ayuda a los estudiantes sin recursos contarían con los medios de que ahora carecen y, lo que es más importante, el contribuyente sabría adónde se invierte precisamente, aunque fuere el 1% de los tributos que paga.

Mario Alegría Alegría

Publicado en El Mercurio de Valparaíso el 30 de diciembre de 1997