Hace algunas semanas un parlamentario sorprendido cuando viajaba en su automóvil a 145 kms. por hora por la carretera de Santiago a Valparaíso, y condenado por el señor Juez de Policía Local de Casablanca al pago de una multa y a una larga suspensión de su licencia por su reiterada reincidencia en igual falta, se ha quejado públicamente de que el magistrado don Mario Cortés Cevasco sea «juez y parte» en la causa, por ser también coronel de Carabineros.
Peregrina apreciación del parlamentario, ya que la expresión que él usa se aplica cuando un juez tiene interés en una causa pero no un funcionario del mismo servicio al que él pertenece hace una denuncia de la que deba conocer, sin contar también con que el juez señor Cortés no es el auditor de Carabineros cumpliendo sus funciones en Valparaíso.
Ojalá que el señor diputado no carezca de igual capacidad de análisis para el estudio de los proyectos de ley que debe conocer, ni de tan mala memoria como para infringir las leyes vigentes, sin apercibirse de haberlo hecho.
Por otra parte, sería bueno que quien acusa al juez por ser también auditor del Cuerpo de Carabineros al que pertenecen los denunciantes, conociera un poco mejor la administración pública chilena como para darse cuenta que, en general, los servicios son bastante severos para juzgar a sus propios dependientes, salvo que se trate de aquellos que se encuentran excesivamente politizados en cuyo caso, más de algún correligionario del señor diputado puede hacer sido beneficiado o… perjudicado.
Pero si salimos de la esfera de la administración pública en general y vamos a la administración de justicia en especial, encontramos muestra clara de que en ella casi siempre se sanciona a sus miembros, infractores de la ley, con rapidez y eficacia.
Sin referirnos a casos recientes bastante difundidos y conocidos, creo oportuno recordar algunas «visitas extraordinarias» en la justicia chilena, hace bastantes años, de los que tuve directo conocimiento. La primera de ellas, una visita a la Corte de Valparaíso por el Ministro de la Corte Suprema don Humberto Bianchi. Resultado: dos Ministros y un juez del Crimen trasladados, los cuales jubilaron muy prontamente. Años más tarde una visita del Ministro, por entonces de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, don Enrique Correa Labra al Juzgado de Los Andes, donde el juez cambiaba cheques sin tener fondos. A los dos días, don Enrique Correa volvía con la renuncia del mal juez en el bolsillo. Años después en la jurisdicción de Valdivia, el Ministro don Edgardo Pineda Jungue, perteneciente a una distinguida familia de esta zona, visitaba un juzgado de su jurisdicción en donde el secretario sisaba las multas por infracción a la Ley de Alcoholes. A los pocos días, el secretario había dejado el servicio al que tan mal había servido.
Los casos abundan y demuestran que si de refranes se trata el parlamentario a que nos hemos estado refiriendo pudo aplicar aquel de que «no hay peor cuña que…» y ello porque, en los servicios públicos en general, los superiores conocen la calidad, competencia y honestidad o los defectos de los funcionarios de inferior rango aunque no tengan mando sobre ellos.
El juez de Casablanca recibió una denuncia, respaldada por las declaraciones de cinco funcionarios de Carabineros y un prontuario de faltas que anotaban seis o más infracciones de igual gravedad, lo que parece, no solamente a los abogados sino al común de las personas, prueba suficiente para fundar una sentencia.
No sabemos qué pretende el señor diputado con sus presentaciones en televisión y expresiones que de algún modo encuentran semejanza con las del senador don Jorge Lavandero, cuando hace un par de años atrás sostuvo que estaba autorizado (sic) para infringir las normas sobre velocidad máxima en los caminos. Pero de lo que sí estamos ciertos es que si pretende regresar a la edad media para someterse sólo al juicio de «sus pares» encontraría el más grande repudio de una opinión pública sensibilizada frente al abuso de sus prerrogativas por parte de algunos parlamentarios.
Mario Alegría Alegría
Publicado en el diario El Mercurio de Valparaíso el 29 de julio de 1999.