cajero automático

Hace algunos días concurrió a mi oficina la hija de un amigo, funcionaria de menor rango en una A.F.P. Hace un tiempo, por problemas personales y familiares necesitó recurrir al crédito y, de inmediato, no solamente obtuvo la modesta suma que requería sini un cupo bastante mayor.

El resto es historia conocida y repetida en el Chile de nuestros días,primero fue una financiera, después se agregó otra y además las tarjetas de créditos obtenidas con increíble facilidad. Las deudas crecieron y cuando la situación se hizo insostenible, un nuevo crédito sirvió para abonar los existentes. Al fin no hubo más créditos, pero sí repactaciones en que a la suma adeudada agregaron abultados honorarios que la deudora no estuvo en situación de discutir, además de intereses por la mora y comisiones que elevaron el crédito inicial al infinito.

Resultado, la persona cuyo caso miles de veces repetido da el material para esta nota, recibió el mes pasado una gratificación en su empresa correspondiente al año 1995 por $ 260.000.-, la que le sirvió para abonar a sus diversos acreedores, pero aun así, este mes debía abonar más de $ 200.000.-, y los meses siguientes más de $ 150.000.- y todo eso con un sueldo liquido de $140.000… Es decir, de ahora en adelante aunque la persona en cuestión trabajara solamente para pagar sus deudas, se arriesga a la ejecución forzada de las obligaciones que no alcance a pagar mensualmente, a perder su trabajo como consecuencia de los llamados y amenazas de las empresas de cobranza y a cargar por muchos años con el sambenito de deudor en mora.

Treinta o cuarenta años atrás el crédito era escaso y quienes no tuvieran un cuantioso patrimonio para disponer, es decir el 99% de los chilenos, veíamos limitado nuestro poder de compra, por lo que fuéramos capaces de ganar. El crédito se pedía para comprar la casa familiar si era necesario recurrir al sistema bancario ya que no a alguna de las antiguas cajas de previsión y se hacían numerosos cálculos antes de contraer una deuda de esa envergadura y, como es lógico, se pagaba religiosamente. Más tarde, si la situación económica se consolidaba, se aspiraba al automóvil, aunque fuera un antiguo modelo y, como ya existía el sistema de otorgar el crédito en base del ingreso y los bancos tenían una política conservadora para otorgarlo, este nuevo préstamo, por lo general, se pagaba también sin problemas.

Pero luego el tiempo cambió, el crédito ya no se usó solamente para la adquisición de inmuebles o al menos para la compra de bienes durables, sino que se agregó «el crédito de consumo», que ahora constituye el mejor negocio de financieras y de bancos que, para competir, han abierto departamentos especiales o formado empresas asociadas dedicadas a estos préstamos que se otorgan con altos intereses por el gran riesgo que conllevan de no ser cancelados por insolvencia del deudor.

Cada «línea de crédito» se acompaña del plástico que facilita el consumo.

Luego las grandes tiendas se sumaron al propósito de vender a todos los chilenos lo que necesitaban y algo más y entregaron sus propias tarjetas haciendo, con ellas, un mejor negocio que con las ventas al contado.

Todo esto es bastante conocido y no merecería la atención del lector, a menos que éste se pregunte, ¿es que no hay remedios para este mal que aflige a miles de chilenos? ¿es que el principio del libre mercado no permite regulaciones, ni en casos tan dramáticos como éstos’? ¿si alguna vez se intervino a los bancos para salvarlos de la quiebra sin hacer excepciones, no se puede intervenir los créditos de consumo?

Creemos que las leyes del mercado no solamente permiten sino que exigen regulación, en algunos casos y, sobre todo, cuando se trata de proteger a los más débiles, los más propensos a ser presas de la propaganda consumista y del crédito fácil, y decimos regular, que no prohibir lo que constituye una actividad lícita.

Para impedir que estos casos se sigan produciendo en el futuro se necesitaría un marco legal especial para los créditos de consumo que entrañaría numerosas reformas al sistema general de la mora y la ejecución forzada de las obligaciones. Solamente de modo muy general, pensamos que la persona en contra de quien se inicie un juicio ejecutivo por falta (le pago de un crédito (le consumo, pueda enervar el procedimiento consignando un porcentaje fijo de su ingreso mensual, por ejemplo el 25%, que se prorratearía entre los acreedores, con algún sistema de preferencia para los créditos más antiguos. De este modo, las empresas que otorgaran en el futuro estos créditos se cuidarían de no comprometer con interés y amortización más allá de ese límite de ingreso y se preocuparían de averiguar, antes de aprobar un crédito nuevo, el nivel de endeudamiento anterior del solicitante.

Ahora existen sistemas de información comercial computarizados que permiten conocer exactamente el endeudamiento de las personas y, si se usara esta información adecuadamente y sin el ánimo de incrementar solamente intereses y comisiones, «limpiaría» el mercado de créditos insolutos, y devolvería la tranquilidad a miles de hogares que ahora viven angustiados por el peso de sus deudas.

No se impediría la libre contratación y solamente se castigaría al acreedor negligente que otorgue créditos sin averiguar la capacidad de pago del deudor. De esta manera bajaría también el costo del dinero para los deudores serios ya que el riesgo de insolvencia que según bancos, financieras y cadenas comerciales, eleva actualmente su precio, se reduciría sustancialmente.

Sabemos que un sistema como el propuesto desafectaría parte importante del patrimonio del deudor el derecho de prenda general que pudiera favorecer a los acreedores por este tipo de préstamos, y que se producirían también otras circunstancias no deseadas por los partidarios de las leyes del mercado como únicas reguladoras del crédito, pero creernos que el problema alcanza tal magnitud que amenaza el orden público económico en nuestro país. No creemos al señor Ministro de hacienda que en declaraciones a la prensa, haciéndose cargo de las críticas por el aumento inmoderado ele los créditos de esta naturaleza, expresó: «que la gente en Chille no era torpe y que iba a dejar de pedir prestado cuando advirtiera el alto costo del crédito’. Con esta observación el señor Ministro demuestra su buen conocimiento de la economía, pero su pésima comprensión de la conducta humana. El chileno medio asediado por la propaganda y por el dinero plástico, seguirá endeudándose para comprar lo necesario, pero también lo simplemente útil e incluso lo inútil.

Poner remedio a este mal no es decisión de los particulares y menos de las empresas, es una decisión política y legislativa, que debería implementarse, ahora que suponemos que los políticos tienen tiempo, después de la prorroga de las elecciones municipales, para preocuparse del ciudadano común a quien más que las reformas constitucionales, interesa la solución de sus verdaderos problemas.

Publicado en el Diario El Mercurio de Valparaíso el 21 de febrero 1996

Mario Alegría Alegría