Los regímenes democráticos se caracterizan por representar la mayoría del voto ciudadano, o sea la voluntad popular, pero, también, por el respeto a las minorías, a quienes se permite expresar libremente su pensamiento. Estos principios tienen amplia protección constitucional y legal y resultaría aburrido,cuando no ocioso, referirse a aspectos de la legalidad que son harto conocidos por nuestra nación.
En otros términos, no hay democracia si la mayoría no acepta y tolera la diversidad de opiniones y de ideologías, en tanto éstas y aquellas se expresen sin alterar el orden público. ni afecten el honor y/o el patrimonio de las personas o del Estado.
Es por eso que en la vida diaria de los países europeos y más aún en los Estados Unidos se observan reuniones en las calles con gritos y pancartas de quienes disienten de las políticas del gobierno de turno o de las decisiones de los empresarios que agravian a los trabajadores. Lo más grave que suele ocurrir en estos casos es que simultáneamente se manifiesten corrientes contrarias de opinión y que la fuerza pública deba intervenir para separar a los más exaltados, como nos mostró la television que ocurría hace poco más de un año, frente a la casa donde se encontraba detenido en Gran Bretaña el general Augusto Pinochet. Probablemente en las últimas manifestaciones en contra del proceso de globalización, es en Dallas donde se haya observado mayor violencia de los asistentes, pero sin voluntaria destrucción del patrimonio público o privado.
Diversa, sin embargo, es la situación que nuestro país ha vivido en los últimos meses y recientemente. Los estudiantes secundarios, algunos de ellos seguramente mayores de edad, y en número de varios miles, dirigidos por organizaciones, algunas que se dicen de carácter gremial y otras francamente políticas, han invadido las calles céntricas de Santiago y protagonizado acciones de increíble violencia para protestar, con razón o sin ella, por el cobro de los pases estudiantiles para la locomoción colectiva.
Ha habido destrucción del patrimonio público, por más de treinta millones de pesos, y de los particulares, por automóviles pateados y con los cristales rotos a pedradas y por ventanas destruidas del vecindario inmediato, de difícil cuantificación. Cientos de muchachos detenidos, pero nunca sancionados por los delitos de daños o de agresión y/o lesiones a Carabineros, porque la opinión del Jefe del Estado es que en democracia «hay que dejar que los jóvenes se manifiesten».
Cosa parecida ocurre en las provincias del Sur, en que grupos mapuches perfectamente individualizados irrumpen en propiedades privadas, inscritas a nombre de sus actuales dueños, las que ocupan y en que además de destruir las instalaciones o averiarlas, explotan la madera y disponen de ella. Es decir, cometen claramente el delito de usurpación sancionado en los artículos 457 y siguientes del Código Penal, delito de acción pública que los tribunales deberían perseguir de oficio y aún antes que eso, que el Estado estaría obligado a impedir mediante el uso de la fuerza publica, cuando se observa la inminencia del riesgo, como ha ocurrido en estos últimos meses.
Sin embargo, la orden de desalojo, si llega a darse, ocurre después de más de un mes de cometido el delito, y el Gobierno, en vez de pedir la designación de ministros en visita en la zona en conflicto, en donde claramente la subversión del orden público lo amerita, constituye una y otras mesas para dialogar con los transgresores de la ley.
Los menores y los mapuches ya tienen leyes que los protegen asegurándoles casi la impunidad a los primeros y a los segundos privilegios que ya querrían los habitantes de las poblaciones irregulares que rodean las ciudades chilenas o los jubilados con pensiones irrisorias que no tiene fuerzas ni ánimo para protestar, ocupando lugares públicos o privados para ejercer la suerte de presión que obligue al Gobierno a preocuparse prioritariamente de sus problemas.
Desafortunadamente, con estos hechos la sensación que se produce en la opinión pública es que el Gobierno en estos casos actúa o deja de actuar como lo hace no por proteger la tolerancia como valor propio de la democracia, sino por debilidad, o lo que es peor, porque no tiene clara la actitud que corresponde a su autoridad. De ahí al deterioro real de la democracia, hay un paso extremadamente corto, que conduce a la ingobernabilidad que, a su vez, es el peligro más serio para el sistema que dice defender.
Portales decía que el Gobierno debía ser respetable para ser respetado, enunciado válido en un tiempo en que la estabilidad institucional solamente podían alterarla los cuerpos armados, pero, ahora, seguramente, habría añadido que el respeto a la autoridad exige que ésta actúe con mucha prudencia, pero siempre con firmeza, para asegurar la correcta aplicación de la ley.
La economía se desarrolla en las dictaduras por la imposición de políticas económicas a veces muy dolorosas. En la democracia se exige mucho menos: conocer las reglas, que éstas se apliquen con eficacia y que exista la tranquilidad necesaria para que los capitalistas inviertan y los consumidores gasten, sin temor a que se enseñoree la violencia en la vida nacional.
Mario Alegría Alegría
Publicado en El Mercurio de Valparaíso, el 25 de Abril del 2001