Desde los tiempos de Montesquieu y de la concepción del Estado organizado y estructurado en base a tres poderes, correspondió al Ejecutivo, vale decir al Gobierno como función primerísima «cumplir y hacer cumplir leyes». Este imperativo parece olvidado en algunos estados modernos cuando las violaciones de la ley ocurren en determinados espacios físicos que se han abandonado a ciertos poderes fácticos, sean estos zapatistas en México, las Farc en Colombia, y en Chile el recinto de ciertas Universidades, algunas poblaciones y buena parte de la novena y décima regiones, controladas por grupos militantes organizados.

En todos estos espacios físicos, la autoridad del Estado y la vigencia de las leyes parece disminuida, cuando no definitivamente suspendida. La explicación, en el caso de Chile, pareciera encontrarse en una renovada concepción gramsciana acerca de la toma del poder, por cierto muy alejada del texto clásico de Curzio Malaparte, «La técnica del Golpe de Estado».

En la revista SurDA, de circulación restringida, que llegó casualmente a mis manos se pueden leer algunos párrafos muy esclarecedores respecto a estas nuevas técnicas: «Para la construcción de la unidad política del pueblo, es preciso ir generando instituciones propias de soberanía popular que son el germen de la organización socialista…» «Al decir de Gramsci, en política, la guerra de posición, es hegemonia».

Las citas de esta publicación y su adhesión al marxismo de Gramsci, refugio de los desencantados por los socialismos reales, no pueden ser motivo de crítica como expresión ideológica dentro de un sistema democrático, ni deberían dar lugar a una nota periodística a menos que esas ideas otorguen sustento a organizaciones que, concretamente atenten contra tal sistema político y desconozcan la soberanía del Estado y la vigencia de sus leyes en todo el territorio nacional.

En el hecho, esta toma del poder desde las organizaciones de base es un proyecto en plena ejecución y en que el espacio territorial, la «posición» son, como se ha dicho, algunas universidades, algunas poblaciones especialmente en la capital, y buena parte de la antigua Araucanía.

En esos lugares, generalmente un pequeño grupo militante se mueve hábilmente para lograr la adhesión de otros intereses, en el caso de las universidades se obtiene el apoyo de todos los defensores del errado principio de la autonomía territorial de la universidad; en las poblaciones se unen a los intereses del tráfico de drogas y en las regiones del sur a la defensa de las raíces culturales y de las «propiedades ancestrales».

En estos territorios, donde sólo excepcionalmente ingresa la fuerza pública y cuando lo hace es a través de un «operativo» de gran envergadura, no puede decirse que el Gobierno ni el Poder Judicial cumplan con su obligación de hacer cumplir la ley. Las «tomas» universitarias con corte de calles y agresiones con armas contundentes y bombas molotov contra la fuerza pública, que duran horas cuando no días, nunca han merecido que el Juez de turno en lo criminal se constituya y disponga el ingreso a los recintos donde se refugian los autores de delitos de acción pública como lesiones, homicidios frustrados y daños, para proceder a su detención. En las poblaciones de Santiago, hasta ahora el solo juez de San Miguel se ha atrevido, con resultados satisfactorios, a desafiar el «poder territorial» de los delincuentes que se mezclan con honrados ciudadanos.

En el sur la fuerza pública actúa tarde y la persecución de los delitos se ha hecho en forma individual y no como debiera ser persiguiendo a las asociaciones ilícitas cuyos cabecillas se conocen y que se refugian tras fachadas muy diferentes mientras reciben generosa ayuda de las ONGs, cuya infiltración ideológica resulta fácil. Basta para ello, observar la red de financiamiento de Bin Laden, ahora puesta al descubierto, para darse cuenta de los riesgos que se corren y a los que el Gobierno permanece ajeno. Mientras escribía esta nota, he leído la información de que la fiscalía de la VIII Región ha iniciado acción contra una de las organizaciones ilícitas que actúan en la zona. Ojalá que estas acciones permitan recuperar el imperio de la ley en tales «posiciones».

Nos cuesta creer que los múltiples asesores gubernamentales e informantes remunerados en forma espléndida con los impuestos que pagamos todos los chilenos, no hayan descubierto el sincronismo de estas actividades y evaluado el riesgo que suponen para las instituciones democráticas.

La percepción de inseguridad que tan alto grado alcanza en la población no sólo se debe a los delitos que se cometen a diario y que quedan impunes, sino también al conocimiento de los hechos que reseñamos.

La pregunta que debieran contestar el Gobierno y el Consejo de Defensa del Estado es: ¿cuándo se decidirán a intervenir?

                                                                                        Mario Alegría Alegría

Publicado en El Mercurio de Valparaíso, el 11 de Dicienbre de2001