Hace unos días fue ampliamente publicitada la agresión a una profesora de un Liceo de Puente Alto, atacada por sus alumnos, amarrada, vejada y amenazada con un arma cortante, la que solamente ha merecido opiniones casi exculpatorias de la Ministro de Educación. Para quienes vimos y oímos por la televisión a una quinceañera que con una expresión burlona explicaba que no había amenazado directamente con su cuchillo a la profesora, porque la esgrimía a cierta distancia, nos pareció que a su grave falta, se agregaba un cinismo impropio en una adolescente.
Fácil resulta justificar estos actos en la violencia intrafamiliar o en la que se difunde por los medios de comunicación que eligen la truculencia para aumentar su audiencia; pero, de esta manera, no se afrontan las verdaderas causas de estos hechos que se repiten con enorme frecuencia en los establecimientos educacionales. Las autoridades y la mayoría de los personajes públicos no desean adoptar medidas, ni expresar opiniones que puedan provocar escozor a los grupos defensores de los derechos de las minorías, porque les restaría votos y probablemente se les colgaría el sambenito de reaccionario, que es el remoquete que ha sustituido al de fascista que sirvió en las décadas pasadas para desacreditar al contrario.
Aterra a las autoridades acostumbradas a los eufemismos, hablar de escuelas correccionales para enviar a los estudiantes que maltratan a sus compañeros o a sus maestros, porque temen que se los acuse de discriminación cuando no de violación de la Constitución Política, que garantiza el derecho a la educación a todos los chilenos. No importa que no haya protección para los «buenos» frente a los «malos» porque éstos lo serían como consecuencia del mismo ordenamiento social que pretende sancionarlos. Es cierto que esta sociedad ha tenido culpas que todos los involucrados deben aceptar, antes de adoptar los remedios que la gravedad del problema aconseja, pero no los excusa de actuar.
No creo que la enumeración de los que anoto a continuación sea ni exhaustiva, ni indesmentible, pero vale la pena hacer un intento de establecer las causas del desorden, de la violencia y de la falta de resultados de la educación básica y media, antes que dar vuelta la espalda a la realidad. Es un hecho que la indisciplina se debe en gran parte a la pérdida de ascendiente de muchos profesores y a la falta de respeto para con ellos de los alumnos y apoderados.
El maltrato al profesor por parte del Estado, se inicia con el cierre de las Escuelas Normales y de los Institutos Pedagógicos que formaron los excelentes profesores que se encontraban en Chile incluso en la más modesta escuela pública y en todos los liceos fiscales. Se les privó de sus institutos profesionales y se les mezquinó el sueldo transformándolos en uno de los grupos marginales de la Administración del Estado, privándoles incluso de lo necesario para mantener con decoro a sus familias.
A ello se sumó una iniciativa de las autoridades en la década de los sesenta para crear, en su forma prácticamente obligatoria, incluso en los colegios particulares, los Centros de Padres y Apoderados. Nunca se ha efectuado una evaluación de los resultados de esta iniciativa, porque sus efectos de claro beneficio para sumar a los padres a la tarea educacional, ha hecho que se pasen por alto algunos efectos deplorables que, se han producido en algunas corporaciones en que sus miembros han pretendido y, a veces, conseguido el control efectivo o disimulado de la docencia.
La verdad es que así como antes el alumno miraba con respeto al profesor, sus padres lo consideraban casi con temor reverencial por la entrega que le habían hecho de la educación y muchas veces del destino futuro de sus hijos. Ahora, en cambio, en algunos centros de padres, éstos no solamente han perdido toda consideración por los maestros sino, al igual que sus hijos, los hacen objeto de su violencia.
Me ha tocado conocer el caso relativamente reciente de una escuela en esta región en que una apoderada, matrona de hechura respetable y mal talante, tendió bajo su escritorio, de una bofetada, al Director que la había citado para pedirle que controlara la violencia de su hijo …..
El ofendido profesor, en este caso de la vida real y actual, se dirigió a sus superiores administrativos, pidiendo apoyo para expulsar o pedir el traslado del alumno a otro establecimiento y sacar de su vista a la agresora, pero se le aconsejó que no hiciera nada porque sería su palabra contra la de ella, como si se necesitara hacer de cada reunión una ceremonia pública para mantener la disciplina. El «niño problema» siguió seguramente agrediendo e incomodando a sus compañeros y el Director hubo de soportar a la madre, satisfecha y oronda en las reuniones con el Centro de Padres. En una escuela técnica un alumno fue agredido y herido de gravedad con un cortaplumas por uno de sus compañeros. La petición del Director: no denunciar el hecho para evitar el descrédito del colegio. En una escuela básica uno de los niños más pequeños fue agredido con intenciones de tipo sexual por un muchacho mayor. El remedio, trasladar al pequeño a otra escuela porque el padre del agresor era un apoderado «peligroso».
La violencia intrafamiliar que sirve de justificación oficial para las conductas de niños y adolescentes, ha sido un problema histórico en Chile y permeado, en mayor o menor medida todas las capas sociales y lo que se ha hecho en los últimos años ha sido sólo ponerla al descubierto y arbitrar algunos remedios legales. Es decir; los niños chilenos antes también vivían la violencia cotidiana en sus hogares, pero eran normalmente disciplinados en los colegios; porque desde pequeños se les enseñaban sus derechos pero sobre todo sus obligaciones, en el entendido de profesores y padres que se los estaba preparando para ser adultos y convivir en sociedad respetando sus normas esenciales. En la actualidad solamente se enseñan a los niños sus derechos y muchas veces los padres, en vez de corregirlos celebran los desplantes de sus hijos frente a sus maestros.
Más arriba me referí a las escuelas correccionales, usando el término no como establecimiento penitenciario, sino como aquéllos que «se aplican a corregir los defectos y los vicios de las personas», y aún a riesgo de que se descalifique la idea por reaccionaria, creo que la solución temporal al problema podría ser crear este tipo de escuelas especiales dirigidas a corregir tanto a los estudiantes como a sus apoderados. Tales establecimientos necesitarían profesores preparados especialmente y remunerados en forma adicional por el riesgo de tratar con niños y adolescentes «difíciles», con apoyo intenso de psicoterapeutas, con actividades extraprogramáticas variadas y almuerzos para todos los que lo requieren y con exigencias para sus apoderados de someterse a terapia psicológica y reeducación para la pacífica convivencia. Se requiere para arbitrar estas medidas una legislación especial y sería una solución de elevado costo pero permitiría evitar el efecto de la «manzana podrida» que molesta a las autoridades, olvidando que al revés de las manzanas podridas que son irrecuperables, los niños y adolescentes pueden rehabilitarse si se usan los medios adecuados.
Se trataría, en suma, de una discriminación positiva en cuanto se daría a estos niños y a sus padres y apoderados, una oportunidad para reintegrarse normalmente a la sociedad al tiempo de completar su educación y que permitiría rescatar un propósito que parecen haber olvidado las autoridades …. permitir a la gran mayoría de los niños y a sus profesores convivir en paz.
MARIO ALEGRIA ALEGRIA.
Publicado en El Mercurio de Valparaíso,el 17 de Septiembre de 2001