En una nota del autor de la presente publicada en «El Mercurio» del 23 de marzo de 1995, y titulada «La otra riqueza» me referí, por oposición a ía riqueza bursátil basada en expectativas cuando no en utopías, a la riqueza que se mira, se palpa y da empleo a gentes de trabajo que crean la parle más significativa de nuestro PIB, y después, en marzo de 199S. en «Crónica de una crisis anunciada» comenté la crisis mundial que se veía venir, absolutamente previsible con la información que se poseía en ese momento,

Nov. al saberse entretelones del escándalo de Eron Corp, en Estados Unidos, pienso que fuera de lo que todo el mundo conocía, había antecedentes en poder de una minoría ineacrupuloas en esa nación, que hizo posible que algunos ganaran mucho dinero mientras que miles de inversionistas y de empleados de la empresa perdieran el dinero de sus jubilaciones, invertidos en acciones que en tres meses pasaron a valer de 34 dólares a menos de uno.

Los que ganaron y que ahora son sometidos al juicio de la opinión publica de EE.UU., son los políticos que recibieron 2 millones 400 mil dólares como ayuda en las elecciones del 2000, los patrocinadores financieros de Eron, entre ellos Citigroup y J.P.Morgan, que ganaron miles de millones de dólares en comisiones, y las cinco mayores firmas de auditoría de EE.UU., que dieron su visto bueno a balances que ocultaban miles de millones de deuda y declaraban suculentas utilidades inexistentes que permitían entregar dividendos interesantes para mantener el valor de la acción, mientras eso durara.

La forma de valorar los activos de Eron es ahora ampliamente cuestionada, ya que mientras las normas contables de las sociedades anónimas en Chile las regula y dirige la Superintendencia correspondiente. en EE.UU. fueron entregadas a un organismo privado, la «Junta de Normas Financieras Contables», que no resistió el «lobby» de los auditores externos que al mismo tiempo eran consultores de las grandes empresas en una doble condición que evidentemente está reñida con la independencia que se requiere para auditar una contabilidad, y que les procuró cientos de millones de dólares en utilidades éticamente muy discutibles.

Control existía, por parte del Gobierno de EE.UU., para evitar también la actuación dual de los grandes bancos como prestadores de dinero y como intermediarios, con la ley Glass-Steagall de 1933, promulgada inmediatamente después de la crisis del 29 para evitar que se reprodujeran las malas prácticas financieras y contables que facilitaron su ocurrencia, pero este obstáculo desapareció con la derogación de dicho cuerpo legal en 1999, por la presión de los interesados en ampliar sus negocios sin medir riesgos.

Liberadas asi de regulaciones. las grandes corporaciones de Estados Unidos, han actuado con extrema libertad en sus inversiones lo que ahora empieza a reflejarse en los resultados que, independientemente de la caída del consumo, se han visto condicionados por la sobreexposición de empresas que tuvieron acceso al dinero fácil de la nueva economía.

Pero la pregunta que nos hacemos en el título seguiría quedando sin respuesta: ¿Existe en el hecho una nueva economía?

El desarrollo de las tecnologías y de las empresas «punto com», del mercado de capitales y de las transferencias millonarias «al pulsarse» una tecla del computador. la formación de grandes uniones económicas y la necesaria interdependencia de los mercados ¿quedó a cubierto de los riesgos de la «vieja economía»?.

La respuesta cada vez más dudosa si se observan los grandes barómetros: EE.UU., la Unión Europea, Japón y el grupo de países en desarrollo del oriente, e incluso la emergente China, que este año nefasto para las otras economías crecerá más del 5 por ciento. En efecto, una de las variables más usadas para analizar la economía, de las naciones, el mercado bursátil, está sufriendo contracciones propias de las economías en depresión y cuyos indices comparados con las de los valores en EE.UU. después de la depresión del año 29, entre los años 30 y 33, se asemejan peligrosamente. En uno y otro caso, se produjeron alzas a veces significativas, pero que fueron seguidas por caídas más profundas, hasta llegar a la sima de 1933 ¿Sucederá lo mismo ahora?

Pareciera, por … que la nueva economía, en los aspectos de mayor riesgo. sigue siendo muy parecida a la vieja economía, ya que una y otra deptenderá, no solamente de las leyes del mercado de las políticas económicas de los estados, sino del comportamiento ético de algunos actores y de las aspiraciones y temores de la mayoría de personas que, son, en ultimo termino, los verdaderos sujetos de la economía.

                                                                                                           Mario Alegría Alegría

Publicado en El Mercurio de Valparaíso, el 29 de enero de 2002

Los regímenes democráticos se caracterizan por representar la mayoría del voto ciudadano, o sea la voluntad popular, pero, también, por el respeto a las minorías, a quienes se permite expresar libremente su pensamiento. Estos principios tienen amplia protección constitucional y legal y resultaría aburrido,cuando no ocioso, referirse a aspectos de la legalidad que son harto conocidos por nuestra nación.

En otros términos, no hay democracia si la mayoría no acepta y tolera la diversidad de opiniones y de ideologías, en tanto éstas y aquellas se expresen sin alterar el orden público. ni afecten el honor y/o el patrimonio de las personas o del Estado.

Es por eso que en la vida diaria de los países europeos y más aún en los Estados Unidos se observan reuniones en las calles con gritos y pancartas de quienes disienten de las políticas del gobierno de turno o de las decisiones de los empresarios que agravian a los trabajadores. Lo más grave que suele ocurrir en estos casos es que simultáneamente se manifiesten corrientes contrarias de opinión y que la fuerza pública deba intervenir para separar a los más exaltados, como nos mostró la television que ocurría hace poco más de un año, frente a la casa donde se encontraba detenido en Gran Bretaña el general Augusto Pinochet. Probablemente en las últimas manifestaciones en contra del proceso de globalización, es en Dallas donde se haya observado mayor violencia de los asistentes, pero sin voluntaria destrucción del patrimonio público o privado.

Diversa, sin embargo, es la situación que nuestro país ha vivido en los últimos meses y recientemente. Los estudiantes secundarios, algunos de ellos seguramente mayores de edad, y en número de varios miles, dirigidos por organizaciones, algunas que se dicen de carácter gremial y otras francamente políticas, han invadido las calles céntricas de Santiago y protagonizado acciones de increíble violencia para protestar, con razón o sin ella, por el cobro de los pases estudiantiles para la locomoción colectiva.

Ha habido destrucción del patrimonio público, por más de treinta millones de pesos, y de los particulares, por automóviles pateados y con los cristales rotos a pedradas y por ventanas destruidas del vecindario inmediato, de difícil cuantificación. Cientos de muchachos detenidos, pero nunca sancionados por los delitos de daños o de agresión y/o lesiones a Carabineros, porque la opinión del Jefe del Estado es que en democracia «hay que dejar que los jóvenes se manifiesten».

Cosa parecida ocurre en las provincias del Sur, en que grupos mapuches perfectamente individualizados irrumpen en propiedades privadas, inscritas a nombre de sus actuales dueños, las que ocupan y en que además de destruir las instalaciones o averiarlas, explotan la madera y disponen de ella. Es decir, cometen claramente el delito de usurpación sancionado en los artículos 457 y siguientes del Código Penal, delito de acción pública que los tribunales deberían perseguir de oficio y aún antes que eso, que el Estado estaría obligado a impedir mediante el uso de la fuerza publica, cuando se observa la inminencia del riesgo, como ha ocurrido en estos últimos meses.

Sin embargo, la orden de desalojo, si llega a darse, ocurre después de más de un mes de cometido el delito, y el Gobierno, en vez de pedir la designación de ministros en visita en la zona en conflicto, en donde claramente la subversión del orden público lo amerita, constituye una y otras mesas para dialogar con los transgresores de la ley.

Los menores y los mapuches ya tienen leyes que los protegen asegurándoles casi la impunidad a los primeros y a los segundos privilegios que ya querrían los habitantes de las poblaciones irregulares que rodean las ciudades chilenas o los jubilados con pensiones irrisorias que no tiene fuerzas ni ánimo para protestar, ocupando lugares públicos o privados para ejercer la suerte de presión que obligue al Gobierno a preocuparse prioritariamente de sus problemas.

Desafortunadamente, con estos hechos la sensación que se produce en la opinión pública es que el Gobierno en estos casos actúa o deja de actuar como lo hace no por proteger la tolerancia como valor propio de la democracia, sino por debilidad, o lo que es peor, porque no tiene clara la actitud que corresponde a su autoridad. De ahí al deterioro real de la democracia, hay un paso extremadamente corto, que conduce a la ingobernabilidad que, a su vez, es el peligro más serio para el sistema que dice defender.

Portales decía que el Gobierno debía ser respetable para ser respetado, enunciado válido en un tiempo en que la estabilidad institucional solamente podían alterarla los cuerpos armados, pero, ahora, seguramente, habría añadido que el respeto a la autoridad exige que ésta actúe con mucha prudencia, pero siempre con firmeza, para asegurar la correcta aplicación de la ley.

La economía se desarrolla en las dictaduras por la imposición de políticas económicas a veces muy dolorosas. En la democracia se exige mucho menos: conocer las reglas, que éstas se apliquen con eficacia y que exista la tranquilidad necesaria para que los capitalistas inviertan y los consumidores gasten, sin temor a que se enseñoree la violencia en la vida nacional.

                                                                                                            Mario Alegría Alegría

Publicado en El Mercurio de Valparaíso, el 25 de Abril del 2001