Por fin se está resolviendo en los tribunales la elección de segundo grado que sirva para elegir al Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. La discusión seguirá por un tiempo acerca de si es bueno que un presidente se elija con menos votos populares que su contenedor para resguardar la igualdad jurídica entre los pequeños y los grandes estados del país del Norte. No nos corresponde, sin embargo, hacer comparaciones con nuestro sistema electoral, por que para eso tendríamos que examinar el contexto en que se inscribe dicha designación, es decir, el sistema jurídico del que forma parte. Esa tarea es bastante compleja e incluso los abogados no tenemos generalmente suficiente información acerca de los sistemas jurídicos anglosajones y de la historia política y social de los Estados Unidos, como para hacer comparaciones válidas.

Solamente para ilustrar esas dificultades, me decidí a relatar una anécdota ocurrida hace más de 31 años, la que he recordado con frecuencia en estos días en que la elección presidencial del Norte acapara titulares en que vemos desfilar autoridades administrativas y judiciales expresando opiniones tan variadas que confunden al lector más avezado.

En la oportunidad que señalo, llegó a Chile un abogado de apellido Barron, que pertenecía a una gran oficina de Nueva York, quien venía para resolver rápidamente. con los deudos, el monto de las indemnizaciones que se les debían, por la muerte en naufragio de siete tripulantes chilenos que trabajaban en una nave con bandera de conveniencia.

El abogado necesitaba un traductor y alguien «del país» que lo acompañara viajando a Chañaral. Iquique y Arica, en donde residían las familias de los desaparecidos en el mar. Se me encargó, por los aseguradores del armador, que acompañara al señor Barron y lo ayudara en su tarea. El viaje fue exitoso en cuanto a que se convinieron y pagaron a los deudos indemnizaciones razonables, salvo en el caso de la familia de uno de los tripulantes que residía en Arica y que se componía de dos menores que, en ese momento, no tenían curador que los representara. Acordado, en principio, el monto de la indemnización con la persona llamada a servir la guarda. correspondia hacer la designación judicial, la que tomaría dos o tres semanas ya que había trámites que cumplir, como ser, citación de los parientes a una audiencia con avisos en el periódico local e informe del defensor de menores antes de dictarse la resolución del Tribunal.

Esta «dilación» molestó sobremanera al señor Barron, que acotó que esa designación en Estados Unidos se habría hecho antes de una semana s’ en una sola audiencia. Me costó hacerlo entender la ritualidad procesal chilena y, cuando se fue, yo pensaba que me había liberado de sus rezongos de su presencia por varias semanas. Sin embargo, hube de sufrir cada dos o tres días el bombardeo de sus télex (entonces no había fax) en que me exigía explicaciones por lo que él estimaba retardo y negligencia del abogado encargado de la tramitación en Arica.

Cada vez le contesté insistiendo, en buena forma, que teníamos que cumplir los tramites dispuestos por la ley chilena, pero acumulando molestia por su insistencia impertinente ya que en cada mensaje se cuidaba de agregar que «no entendía» ni a los chilenos ni a la justicia de nuestro país.

Al fin terminó el trámite y las gestiones que me se habían encargado y se me dio recién la oportunidad del desquite, porque en mi último informe se contenía un acápite que decía más o menos lo siguiente: «Sr. Barron. Ud. no entendió el sistema judicial chileno y yo le puedo asegurar, por mi parte, que ningún abogado de nuestro País entiende que en el suyo, sus fiscales se coludan con los peores delincuentes, asegurándoles impunidad, cambio de personalidad y la ayuda del estado, para delatar a sus compañeros de fechorías con tal de obtener una sentencia, en favor de «la justicia» así comprendida y de los intereses politicos del fiscal, para quien esa condena es un triunfo que lo puede llevar al Congreso y hasta la Presidencia de los Estados Unidos’.

Demás está decir que el intercambio de mensajes terminó con el mío; pero si el señor Barron aún viviera, lo que es poco probable por la edad que tenía a la fecha de estos hechos, quizás le enviara algún comentario acerca de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos.

                                                                                      Mario Alegría A.

Publicado en El Mercurio de Valparaíso el 5 de diciembre del 2000

Desde hace varios días, el Chile triunfalista de la última generación, que acostumbraba hablar alto y dar lecciones de eficiencia y productividad al resto de la América morena, ha visto apagarse la luz en el país desde Taltal hasta Chiloé.

¿Imprevisión, falta de inversión en centrales térmicas, descoordinación de las empresas generadoras de electricidad, falta de conciencia gubernamental acerca de la gravedad del problema e improvisación de la autoridad al enfrentarse a él?  Lo más probable es que concurran varias de ellas para demostrar nuestra verdadera «inferioridad económica» ya vislumbrada por Encina a comienzos del siglo en la obra que lleva ese nombre.

Hay ciertos hechos indesmentibles: Chile tiene una gran capacidad potencial para la generación hidroeléctrica, pero condicionada al régimen pluvial.

La alternativa es la producción de energía termoeléctrica, usando carbón de buena calidad, petróleo o gas natural, elementos que poseemos en muy escasas cantidades. Descartarnos la generación atómica por sus riesgos, su costo y por el abandono que de ellas comienza a hacerse.

El resultado es el que ahora sufrimos: no hemos sido capaces de preparar el país para una emergencia como la actual, sin contar con las que nos pueda deparar el destino, si la sequía se prolonga.

Las autoridades sostenían hasta hace unos meses que no nos afectaría la crisis asiática por la existencia de sólidas reservas de divisas y por nuestros equilibrios macroeconómicas. obviando, como estudiantes del primer curso de economía, que nuestro desarrollo se basa en las exportaciones, que ellas constituyen un tercio de la renta nacional y que están mayoritariamente constituidas por cobre, harina de pescado, madera y celulosa; que los países asiáticos constituyen el mercado para un tercio de ellas, así como que los precios de las materias primas han sido siempre los más afectados en las crisis mundiales.

El resultado lo tenemos a la vista: el cobre, a poco más de 70 centavos de dólar la libra; la tonelada de celulosa a poco más de cuatrocientos; la harina de pescado, escasa por falta de captura pesquera y con el precio también en el suelo.

A los países «grandes» por el número de habitantes y por su renta «per cápita» les resulta posible estimular su economía incentivando el consumo interno, porque su mercado nacional es poderoso y puede absorber gran parte de la producción.

¿Qué puede hacer Chile en la misma contingencia?  Nada parecido, porque si estirnula el consumo ahonda aún más el abismo entre las exportaciones y las importaciones y crea una situación insoportable para la balanza de pagos. En consecuencia, el Banco Central, no tiene más alternativa que frenar el consumo, con una alta tasa que acarrea baja en la producción, y aumenta la cesantía y la intranquilidad social.

Y para completar el cuadro y traernos a la realidad de país pequeño, pobre y con escasa o ninguna influencia en la política mundial, estamos asistiendo al espectáculo de un ex mandatario nuestro retenido por una orden judicial que acoge la petición de un juez de primera instancia de Madrid, de conocida filiación política, que pretende asumir el papel de ejecutor de la justicia mundial y extraterritonal cuando se trata de un régimen autoritario de derecha pero que no desea ni se atreve a juzgar las tiranías socialistas.

¿Por qué esto le ocurre a Chile? Porque lo que se hace con los países pequeños no se hará nunca con las grandes potencias.

Estos hechos deben llamarnos a la reflexión para asumir la modestia de nuestras capacidades. No somos ni grandes ni poderosos, pero podemos aspirar a ser un país esforzado que asuma sus deficiencias y que procure compensarlas con la calidad de su población y con la unidad nacional. Pidamos a los hombres públicos que al igual que en la república portaliana sean respetables para ser respetados y, a estos y a los que controlan las grandes finanzas en Chile que recuerden que no es solidario un país en que el 1096 de la población de mayores ingresos recibe el 52,9% de la renta nacional, mientras el deci1 más pobre, solamente accede al 1,3%.

Si la juventud actual aún no comprometida ni interesada en la política, se siente capaz de afrontar este desafío, seguramente participará en la construcción de una nación pequeña, pero solidaria y gobernada por los mejores.

                                                                                       Mario Alegría Alegría

Pulicado en El Mercurio de Valparaíso, el 25 de Noviembre de 1998

Desde los tiempos de Montesquieu y de la concepción del Estado organizado y estructurado en base a tres poderes, correspondió al Ejecutivo, vale decir al Gobierno como función primerísima «cumplir y hacer cumplir leyes». Este imperativo parece olvidado en algunos estados modernos cuando las violaciones de la ley ocurren en determinados espacios físicos que se han abandonado a ciertos poderes fácticos, sean estos zapatistas en México, las Farc en Colombia, y en Chile el recinto de ciertas Universidades, algunas poblaciones y buena parte de la novena y décima regiones, controladas por grupos militantes organizados.

En todos estos espacios físicos, la autoridad del Estado y la vigencia de las leyes parece disminuida, cuando no definitivamente suspendida. La explicación, en el caso de Chile, pareciera encontrarse en una renovada concepción gramsciana acerca de la toma del poder, por cierto muy alejada del texto clásico de Curzio Malaparte, «La técnica del Golpe de Estado».

En la revista SurDA, de circulación restringida, que llegó casualmente a mis manos se pueden leer algunos párrafos muy esclarecedores respecto a estas nuevas técnicas: «Para la construcción de la unidad política del pueblo, es preciso ir generando instituciones propias de soberanía popular que son el germen de la organización socialista…» «Al decir de Gramsci, en política, la guerra de posición, es hegemonia».

Las citas de esta publicación y su adhesión al marxismo de Gramsci, refugio de los desencantados por los socialismos reales, no pueden ser motivo de crítica como expresión ideológica dentro de un sistema democrático, ni deberían dar lugar a una nota periodística a menos que esas ideas otorguen sustento a organizaciones que, concretamente atenten contra tal sistema político y desconozcan la soberanía del Estado y la vigencia de sus leyes en todo el territorio nacional.

En el hecho, esta toma del poder desde las organizaciones de base es un proyecto en plena ejecución y en que el espacio territorial, la «posición» son, como se ha dicho, algunas universidades, algunas poblaciones especialmente en la capital, y buena parte de la antigua Araucanía.

En esos lugares, generalmente un pequeño grupo militante se mueve hábilmente para lograr la adhesión de otros intereses, en el caso de las universidades se obtiene el apoyo de todos los defensores del errado principio de la autonomía territorial de la universidad; en las poblaciones se unen a los intereses del tráfico de drogas y en las regiones del sur a la defensa de las raíces culturales y de las «propiedades ancestrales».

En estos territorios, donde sólo excepcionalmente ingresa la fuerza pública y cuando lo hace es a través de un «operativo» de gran envergadura, no puede decirse que el Gobierno ni el Poder Judicial cumplan con su obligación de hacer cumplir la ley. Las «tomas» universitarias con corte de calles y agresiones con armas contundentes y bombas molotov contra la fuerza pública, que duran horas cuando no días, nunca han merecido que el Juez de turno en lo criminal se constituya y disponga el ingreso a los recintos donde se refugian los autores de delitos de acción pública como lesiones, homicidios frustrados y daños, para proceder a su detención. En las poblaciones de Santiago, hasta ahora el solo juez de San Miguel se ha atrevido, con resultados satisfactorios, a desafiar el «poder territorial» de los delincuentes que se mezclan con honrados ciudadanos.

En el sur la fuerza pública actúa tarde y la persecución de los delitos se ha hecho en forma individual y no como debiera ser persiguiendo a las asociaciones ilícitas cuyos cabecillas se conocen y que se refugian tras fachadas muy diferentes mientras reciben generosa ayuda de las ONGs, cuya infiltración ideológica resulta fácil. Basta para ello, observar la red de financiamiento de Bin Laden, ahora puesta al descubierto, para darse cuenta de los riesgos que se corren y a los que el Gobierno permanece ajeno. Mientras escribía esta nota, he leído la información de que la fiscalía de la VIII Región ha iniciado acción contra una de las organizaciones ilícitas que actúan en la zona. Ojalá que estas acciones permitan recuperar el imperio de la ley en tales «posiciones».

Nos cuesta creer que los múltiples asesores gubernamentales e informantes remunerados en forma espléndida con los impuestos que pagamos todos los chilenos, no hayan descubierto el sincronismo de estas actividades y evaluado el riesgo que suponen para las instituciones democráticas.

La percepción de inseguridad que tan alto grado alcanza en la población no sólo se debe a los delitos que se cometen a diario y que quedan impunes, sino también al conocimiento de los hechos que reseñamos.

La pregunta que debieran contestar el Gobierno y el Consejo de Defensa del Estado es: ¿cuándo se decidirán a intervenir?

                                                                                        Mario Alegría Alegría

Publicado en El Mercurio de Valparaíso, el 11 de Dicienbre de2001